Norma aprobada en Europa permitiría rechazar solicitudes de asilo de colombianos: “No existe una amenaza generalizada”

El Parlamento Europeo adoptó definitivamente este martes dos textos clave para endurecer la política migratoria del continente, gracias a una alianza entre la derecha y la extrema derecha.

Estos permitirán que los Estados miembros de la UE devuelvan a solicitantes de asilo a países de los que no son originarios, pero que Europa considera “seguros”.

Esta idea ya está siendo probada por la primera ministra italiana Giorgia Meloni con centros en Albania, aunque hasta ahora se topó con obstáculos jurídicos.

El texto adoptado el martes podría facilitar la aplicación de este concepto, para gran preocupación de las ONG y de la izquierda, que temen por el trato a los solicitantes de asilo en esos países.

Es “un paso más en la deshumanización de la política migratoria de la Unión Europea”, lamentó la eurodiputada ecologista Mélissa Camara, denunciando que la dignidad de los solicitantes de asilo está siendo “pisoteada”.

La Comisión Europea rechaza estas críticas y asegura que los países a los que se enviará a estos migrantes deberán respetar los derechos fundamentales.

Otra medida destacada contenida en los textos aprobados en el Parlamento es la creación de una lista de países que la UE considera “seguros”, lo que en la práctica limita las posibilidades de asilo para sus ciudadanos.

La idea de esta lista, que incluye a Kosovo, Bangladés, Colombia, Egipto, India, Marruecos y Túnez, es acelerar el tratamiento de sus solicitudes de asilo y eventualmente agilizar su repatriación.

Sobre Colombia, el texto destacó que “El país ha ratificado los principales instrumentos internacionales de derechos humanos. La Constitución de 1991 y la jurisprudencia posterior del Tribunal Constitucional establecen sólidas garantías en materia de derechos humanos”.

A su juicio, “no existe riesgo de daño grave en Colombia en el sentido del artículo 15 del Reglamento (UE) 2024/1347, salvo en determinadas zonas rurales sin presencia integral del Estado. La pena de muerte está prohibida por la Constitución colombiana. Su marco jurídico, que prohíbe la tortura y los tratos o penas inhumanos o degradantes, se ajusta a las normas internacionales. No existe una amenaza generalizada por violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado internacional o interno”.

“Los ciudadanos esperan que cumplamos nuestras promesas en materia de política migratoria, y es exactamente lo que estamos haciendo”, celebró desde el hemiciclo la eurodiputada conservadora Lena Düpont.

La disminución de las llegadas —alrededor de 25 % menos de entradas irregulares en comparación con el año pasado— no redujo la presión sobre los responsables políticos del Viejo Continente.

El centro de gravedad político de Europa se desplazó hacia la derecha, empujando a sus dirigentes a endurecer aún más la política migratoria.

*Con información de AFP.