La Procuraduría General de la Nación suspendió de manera provisional, por tres meses, al personero municipal de El Cairo, Valle del Cauca, Vanny Yefre Perea Mosquera, en el marco de una investigación disciplinaria que se adelanta en su contra “por presuntamente acosar sexualmente a varias funcionarias y usuarias de la entidad municipal”.

Según la Procuraduría Provincial de Instrucción de Cartago, “al parecer, se presentaron denuncias por situaciones de carácter sexual y abusivo, hostigamiento, asedio y otros comportamientos no consentidos por parte de las posibles víctimas”.

La entidad de control aclaró que la medida cautelar, que podrá extenderse por el mismo periodo, busca “evitar una eventual reiteración de las conductas sobre las que hubo quejas”, dado que Perea Mosquera se encuentra en ejercicio de sus funciones desde febrero de 2024.

El organismo enfatizó que la actuación disciplinaria se desarrolla siguiendo los lineamientos de protección a las mujeres víctimas de acoso.

“El Ministerio Público resaltó que las denuncias se trabajaron con el enfoque de género correspondiente y siguiendo las recomendaciones impartidas en los informes de implementación de la ley”, expresa el comunicado.

La Procuraduría también señaló que, con la práctica de pruebas, se buscará “verificar la ocurrencia de los hechos señalados, establecer si son constitutivos de falta disciplinaria y definir si los funcionarios actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”.

La suspensión contra el personero de El Cairo estará vigente mientras avanza la investigación y se esclarece si las acusaciones derivan en sanciones disciplinarias definitivas.

Presuntas irregularidades en obra de la Policía en Tumaco

En paralelo, la Procuraduría General de la Nación informó que inició una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en la construcción del Comando Especial del Pacífico Sur de la Policía Nacional en Tumaco, Nariño.

La Procuraduría General de la Nación adelantó en las últimas horas dos actuaciones disciplinarias que ponen bajo la lupa a funcionarios locales y contratistas. | Foto: Procuraduría General de la Nación

De acuerdo con el comunicado, el proceso involucra al interventor del contrato y representante legal de Caba Interventoría S.A.S., Clemente Alfredo Buitrago, y a la supervisora del Ministerio del Interior, María Cristina Ruiz Aponte.

La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal indicó que la obra “se encuentra abandonada y a la intemperie, lo que habría ocasionado corrosión progresiva por factores atmosféricos”.

En esas condiciones, continuar con la construcción “no garantizaría la estabilidad de la estructura”, lo que podría poner en riesgo las inversiones ya ejecutadas.

El ente de control busca establecer las circunstancias que impidieron la culminación del proyecto y las razones por las cuales no fue recibido a satisfacción por los beneficiarios.