La conmemoración de la primera década de la firma del acuerdo con las FARC ha puesto sobre la mesa las profundas dificultades que afronta el país para consolidar lo pactado.
Aunque distintos sectores coinciden en que el cese del conflicto principal significó un alivio histórico que salvó miles de vidas en el territorio nacional, las cifras y las realidades presupuestales demuestran que la implementación integral aún se encuentra en un estado crítico de rezago.
Uno de los balances más duros proviene de Luis Alberto Albán, firmante de paz y exrepresentante a la cámara por el partido Comunes. Para el líder político, el escenario actual tiene un marcado sabor agridulce debido a que las raíces sociales, económicas y políticas que originaron la confrontación armada no se han resuelto.
El vocero advirtió que el pacto se ha ejecutado apenas en un 30% tras diez años de vigencia institucional, una cifra que califica como deficiente frente a las expectativas iniciales de las comunidades.
La seguridad de quienes dejaron las armas continúa siendo el factor más alarmante dentro del proceso de reincorporación. Albán denunció que la cifra de firmantes asesinados asciende a 485 personas, una problemática que, según su perspectiva, convive con nuevas dinámicas de violencia que brotaron en diferentes regiones del territorio.
No obstante, enfatizó de manera tajante que estos golpes no quiebran la decisión de los más de 13 mil excombatientes farianos que persisten en su camino hacia la política legal.
Desde la perspectiva del control fiscal, el panorama técnico no es más alentador. Fabio Alberto Alzate Carreño, quien se desempeña como Contralor Delegado para la Contraloría General de la República, reveló detalles financieros clave sobre el estado de los recursos públicos.
La entidad reportó que, hasta el año pasado, se habían destinado 117 billones de pesos distribuidos en los seis puntos esenciales del acuerdo, concentrando un gran componente en materia de reforma agraria.
El talón de Aquiles de esta millonaria inversión sectorial radica en los trámites burocráticos. El ente de control fiscal evidenció que existe un fuerte rezago en el ciclo de formalización, pues los esfuerzos estatales se quedan en la entrega física pero fallan gravemente en la titulación legal de los predios.
Alzate Carreño insistió en que el verdadero impacto social solo se alcanzará en la medida en que los beneficiarios rurales cuenten con la propiedad formal de sus tierras para reactivar la productividad.
Asimismo, la Contraloría General detectó fallas estructurales en la forma en que se ejecutan los planes de inversión en las regiones más afectadas por la violencia. De acuerdo con el reporte del organismo de control, las entidades públicas creadas para la implementación actúan de manera aislada.