La salud en Colombia empeora desde todos los puntos de vista: la calidad, la oportunidad, el gasto que hacen los hogares y la situación de las EPS.
Como resultado de esto, hay más colombianos enfermos y más personas que mueren por no encontrar un tratamiento a tiempo, pese a los billones de pesos que se mueven alrededor de este sector en el país.
¿Qué pasa con las EPS?
Un informe de Así Vamos en Salud, con cifras del primer trimestre del 2025, encontró que mientras 30 EPS reportaron un patrimonio negativo acumulado de $ 429.000 millones en 2022, para igual periodo de 2025 este creció a $ 10,2 billones.
Esto es importante porque el patrimonio representa la capacidad de respaldo económico de una entidad para absorber pérdidas y garantizar la sostenibilidad financiera.
Igualmente, para el primer trimestre de 2025, las EPS reportaron pérdidas operacionales por un billón de pesos. “Esto implica que los ingresos operacionales recibidos mediante la Unidad de Pago por Capitación (lo que pone el Gobierno por cada afiliado), UPC, no es suficiente para cubrir los costos médicos y los gastos administrativos”, dice el informe.
Asimismo, las nueve EPS que están bajo medida de intervención por parte del Gobierno (no se incluye la Nueva EPS porque no había información reportada cuando se hizo el informe) evidencian un deterioro progresivo del patrimonio negativo, ya que este pasó de $ 1,3 billones en 2022 a $ 10 billones en 2025 en el período analizado.
“El reporte de siniestralidad es alto, lo que implica el desbordamiento de los costos en salud”, resalta el documento.
Otros datos también son preocupantes: en conjunto, de las EPS con patrimonio negativo, doce acumulan pérdidas por $ 11 billones, mientras que las once con patrimonio positivo suman apenas $ 897.000 millones en excedente.
“Esto es alarmante por la magnitud del deterioro financiero y por el impacto en la operación y la capacidad de respuesta de las EPS”, se indica.
Victoria Soto, directora de Proesa (Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud), no cree que haya mejoras institucionales en el corto plazo, porque considera que la forma de gerenciar el aseguramiento no ha sido el adecuado y hay una evidente desfinanciación del sistema.
“Hay una desinstitucionalización del Ministerio de Salud como ente rector y si la gobernanza no funciona bien, el resto tampoco. Lo que se ve es que no hay mejoramiento de la gestión de las EPS intervenidas, pero sí deterioro en la calidad y en el acceso”, dice.
Hace pocos días la Contraloría General de la República publicó un informe que ratifica que el sistema es insostenible: la deuda acumulada de las EPS por concepto de servicios de salud ascendía a $ 32,9 billones para el 2024; adicional, 16 EPS presentaban problemas de liquidez, lo que limita su capacidad de respuesta con sus obligaciones.
Asimismo, de las 29 EPS activas, únicamente 6 cumplían con los tres indicadores de habilitación financiera (capital mínimo, patrimonio adecuado e inversión en reservas técnicas), pero estas tienen apenas un cubrimiento del 10,92 % de los afiliados.
El resto de la población afiliada (89,08 %) pertenece a EPS que incumplen uno o más de estos requisitos.
“Ninguna de las EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud cumple con los requisitos de solvencia establecidos por la normativa vigente”, indica el informe que fue cuestionado por el presidente Gustavo Petro.
Pero Acemi, gremio que agrupa las EPS, respondió que esas son las cifras que están consignadas y documentadas en los estados financieros de las entidades.
“Ese total se compone de $14 billones de deuda debidamente reconocida y soportada en la información financiera de la Superintendencia. Esta cifra corresponde a la operación de 50 días del sistema de salud. Otros $ 9,8 billones corresponden a pasivos que en algunos casos ni siquiera han sido facturados y, de esa forma, es inviable reconocer esa deuda. Los restantes $ 9,2 billones se refieren a una certificación contable de la Nueva EPS, pero sin estar aprobados en los estados financieros de la entidad. Es un documento que carece de valor jurídico”, dijo Ana María Vesga, presidente de Acemi.
El panorama puede empeorar. Según la líder gremial, “principalmente porque estamos operando un sistema de salud desfinanciado y con una UPC deficitaria. Creemos que el camino para evitar el deterioro progresivo que estamos viviendo es acudir a las instancias institucionales ordenadas por la honorable Corte Constitucional en los autos 007 y 504. La revisión, ajuste y reconocimiento de una UPC justa es el primer paso para recuperar el sistema que teníamos”.
Pero el Gobierno está pensando en otra cosa; ayer presentó el nuevo modelo de salud por decreto y muchos dicen que no hay salidas financieras (ver página 4).
Victoria Soto plantea que hay varias consecuencias frente a lo que está pasando: el evidente deterioro de la salud de las personas, por la interrupción de los tratamientos y la falta de oportunidad en la entrega de los medicamentos, lo que a mediano plazo aumentará los costos y la presión del sistema y, por otra parte, se está perdiendo el aseguramiento.
Esto implica, según la investigadora, que los colombianos han tenido que sacar de su bolsillo el dinero para cubrir su salud. “El gasto de bolsillo ha aumentado, cosa que no pasaba antes, porque había esa protección que se está perdiendo. Se está generando un empobrecimiento de la población porque muchas personas dejan de comprar otras cosas para poder adquirir medicinas”.
Cálculos de Proesa, soportados en la Encuesta de Calidad de Vida del Dane, indican que entre 1997 y 2022, el 75 % de los hogares reportaba un gasto mensual de bolsillo de salud cercano a $ 280.000.
Para 2022, ese porcentaje bajó al 33 % y el gasto promedio fue de unos $ 163.00 mensuales. Ahora la proporción de hogares que reportan gasto por servicios y atenciones básicas, medicamentos y transporte pasó del
33 % en 2022 al 38 % en 2024 y el promedio creció de $ 139.653 a $ 141.370.
La preocupación, según Soto, es que, aunque parece poco ese gasto, los más pobres son los que están pagando los platos rotos de la crisis de la salud.
La calidad se deteriora
Las historias alrededor del deterioro de la salud son infinitas. Natalia Arboleda hace parte de la veeduría Salud Integral y Digna de Cali y, además, es cuidadora de un paciente en condición de discapacidad.
Para ella, el país vive una situación sin precedentes: “Hacemos plantones, nos articulamos en mesas de trabajo, nos reunimos con los entes de control y no hemos conseguido apoyo”, cuenta.
“Nos preocupa muchísimo la situación de la Nueva EPS después de la intervención, porque encontramos más barreras para acceder a una atención y todo está centralizado en Bogotá. Siempre hemos pensado que los más perjudicados son los usuarios, los pacientes y los que tienen enfermedades crónicas, degenerativas e irreversibles”, añade.
Debido a esta falta de atención oportuna, muchos de estos pacientes tienen que visitar las urgencias de clínicas y hospitales, que hoy están colapsadas.
“No encontramos respuesta ni sanciones ejemplares. Con la Superintendencia de Salud ya no contamos, tenemos problemas en clínicas donde a la Nueva EPS no se le atiende. Este es un panorama de incertidumbre, y en medio de esto fallecen muchos pacientes esperando el servicio”, reclama.
Según la Contraloría General de la República, el aumento en el número de quejas y tutelas es alarmante: crecieron 23,2 %, pasando de 1,3 millones en 2023 a más de 1,6 millones en 2024.
El 91 % se relaciona con barreras de acceso a servicios y tecnologías en salud, y la Nueva EPS concentró el 22 % del total.
Para Proesa, esta situación refuerza la hipótesis de que hay una fractura en la protección del derecho a la salud y pone de manifiesto una percepción creciente de deterioro en la calidad del servicio y en la eficiencia institucional, elementos que profundizan la crisis estructural del sistema.
Datos de Así vamos en Salud ratifican esto. Antioquia lidera la lista, con 84.398 tutelas interpuestas en 2024, consolidándose como el departamento con la mayor carga de acciones judiciales en salud, seguido por Valle del Cauca (44.727), Bogotá (37.136) y Norte de Santander (29.411).
Luciano Calderón es veedor de salud en el Valle del Cauca. “En los últimos dos años hemos visto que la situación ha desmejorado, no nos atienden por el tema de las deudas; no quieren recibir pacientes. Cuando se llega a una clínica dicen que no hay cupo, no hay convenio con la EPS. Muchas vidas perdidas porque no se entregan medicamentos de pacientes de altos costos”.
Contó el caso de pacientes que llegan a los hospitales con su propio colchón inflable para permanecer dos o tres días, mientras le dan una camilla, y cómo otras instituciones están atendiendo en parqueaderos: “no tienen camillas, pacientes con cáncer y dolores fuertes, tienen que esperar en un silla dos y tres días”.
“Esta semana un paciente de Buenaventura murió mientras luchábamos por un traslado a Cali; no se logró”, cuenta.
Igual hay un paciente con cáncer de colon en el hospital San Juan de Dios, de Cali, esperando traslado a una clínica de mayor complejidad, han pasado días y sigue en una silla esperando.