El nuevo marco tarifario para los servicios de acueducto y alcantarillado comenzó a regir este 1 de julio en Colombia, tras la entrada en vigencia de la Resolución 1032 de 2026 expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).
Aunque el Gobierno Nacional ha señalado que la nueva metodología busca disminuir las tarifas que pagan los usuarios, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco, aseguró que el efecto sería contrario y que, en la mayoría de los casos, los valores de las facturas podrían incrementarse.
De acuerdo con el gremio, uno de los principales cambios consiste en la actualización de los costos de referencia utilizados para calcular las tarifas. Mientras las empresas venían operando con una estructura basada en valores de 2014, el nuevo esquema incorpora costos correspondientes a 2024 y 2025, lo que, según Andesco, aumenta la base para el cálculo tarifario.
A esto se suman nuevas obligaciones regulatorias relacionadas con inversiones ambientales, gestión del riesgo, reducción de pérdidas de agua y la ejecución de planes de sostenibilidad, obras e inversiones, requisitos que, de acuerdo con la organización, también elevan los costos de operación de las empresas prestadoras.
No obstante, el gremio aclaró que el impacto no será igual para todos los usuarios. El valor de las tarifas dependerá de factores como los costos de cada empresa, el número de suscriptores, la región donde opera y las inversiones que deba realizar.
Andesco explicó además que el nuevo modelo no establece un incremento fijo. Mientras el cargo fijo tendría pocas variaciones, el componente asociado al consumo podrá modificarse cada año dependiendo del cumplimiento del Plan de Obras e Inversiones Regulado (POIR), la incorporación o retiro de activos y el recálculo del componente de inversión.
En paralelo con la entrada en vigencia de la regulación, el gremio mantiene una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, junto con una solicitud de medida cautelar para suspender temporalmente la aplicación del nuevo marco tarifario mientras se resuelve el proceso judicial.
Según Andesco, el plazo de tres meses fijado para implementar la nueva metodología resulta insuficiente para que las empresas realicen las adecuaciones técnicas y operativas necesarias.
El presidente de Andesco, Camilo Sánchez, aseguró que el nuevo marco tarifario carece del rigor técnico, la seguridad jurídica y los tiempos de implementación necesarios, por lo que el gremio decidió demandarlo para proteger a los usuarios y garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos.
Andesco señaló que varias empresas han decidido no aplicar el máximo incremento permitido por la nueva metodología para reducir el impacto sobre los usuarios mientras continúan los ajustes previstos. Además, reiteró que la demanda busca suspender temporalmente la implementación del nuevo marco tarifario, y no eliminarlo, hasta que existan las condiciones técnicas, jurídicas y operativas para su aplicación.