La Contraloría General de la República dio a conocer un informe de 82 páginas que advierte sobre la crítica situación financiera y operativa de la Nueva EPS, la mayor aseguradora de salud de Colombia, con 11,5 millones de afiliados.
El documento expone un panorama de inviabilidad estructural, que podría materializarse a finales de 2025 si no se corrigen los indicadores negativos.
De acuerdo con el reporte, entre diciembre de 2022 y marzo de 2025 la deuda de la entidad aumentó un 198 %, al pasar de 5,42 billones de pesos a 21,37 billones. La proyección estima que el pasivo podría alcanzar los 26,39 billones al cierre de este año.
Paralelamente, el patrimonio de la EPS se desplomó de un saldo positivo de 485.209 millones en 2022 a un déficit de -6,25 billones en marzo de 2025.
La auditoría también señaló fallas graves en materia de contratación. Se identificó concentración de contratos en empresas y uniones temporales con vínculos entre sí.
En cuatro de estas uniones aparece como representante legal Carlos Alberto Flórez Polanía, de Bienestar IPS, parte del Grupo Patria, cuestionado en investigaciones previas.
En el frente administrativo, la entidad acumuló facturas pendientes por auditar por un valor de 13,17 billones, de los cuales el 99 % corresponde a 2024 y al primer semestre de 2025. Esta práctica, según el informe, impide conocer con certeza el pasivo real y expone a la entidad a riesgos fiscales y jurídicos.
Otro hallazgo fue la subestimación de las reservas técnicas, calculadas con diferencias de hasta 1,6 billones frente a las cifras oficiales de la EPS. La Contraloría alertó que este desfase compromete la transparencia de los estados financieros.
El informe también reportó un aumento en los anticipos sin legalizar, que pasaron de 3,4 billones en 2023 a 15,31 billones en junio de 2025. El 97 % de este monto se concentra en 2024 y 2025, lo que impacta la capacidad de pago y sostenibilidad de la entidad.
La crisis financiera se refleja directamente en la atención a los usuarios. Entre 2022 y el primer semestre de 2025, las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) crecieron un 151,6 %, al pasar de 177.479 a 446.520. En el mismo lapso, se presentaron 271.203 tutelas, con un récord de 66.135 solo en el primer semestre de este año.
El informe concluye que la intervención estatal iniciada en abril de 2024 no ha mejorado los indicadores y, por el contrario, ha coincidido con un deterioro acelerado.
La Contraloría advierte que, de continuar la tendencia, la Nueva EPS dejaría de ser viable estructuralmente antes de finalizar 2025, lo que pondría en riesgo la atención de millones de colombianos.