ACEMI rechaza la implementación de la reforma a la salud mediante decretos del Gobierno de Gustavo Petro

En un fuerte pronunciamiento, la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud (ACEMI), gremio que agrupa a las principales EPS del régimen contributivo en Colombia, advirtió que el Gobierno Nacional no puede insistir en implementar la reforma a la salud mediante decretos.

Esta reacción se produce luego de que el Ministerio de Salud emitiera una serie de resoluciones y decretos que, según el gremio, buscan aplicar de manera fragmentada los puntos centrales de la reforma que no logró consenso legislativo.

Ana María Vesga, presidenta de ACEMI, señaló que las transformaciones profundas que requiere el sistema, como el cambio en el modelo de atención, la gestión del riesgo financiero y la estructura de los pagos, deben ser debatidas y aprobadas exclusivamente por el Congreso de la República.

El gremio sostiene que el uso de facultades ejecutivas para imponer cambios estructurales vulnera el principio de separación de poderes y genera una inseguridad jurídica que pone en riesgo la atención de millones de usuarios.

Vesga señaló que esta medida tendría impactos directos y de gran escala, asegurando que más de 6,5 millones de personas serían trasladadas de una EPS a otra, y muchas de las entidades receptoras se encuentran actualmente bajo medida de intervención. Aunque reconoció que la regionalización puede tener sentido como mecanismo para buscar mayor eficiencia en la atención.

La preocupación por la estabilidad del sistema

Para ACEMI, la insistencia del Ejecutivo en avanzar “vía decreto” ignora las realidades técnicas y operativas del sistema actual. Uno de los puntos de mayor fricción es la modificación del giro directo y el control de los recursos por parte de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

El gremio argumenta que, sin una ley que defina claramente las nuevas funciones de cada actor, el sistema podría enfrentar un colapso administrativo que afectaría la entrega de medicamentos y la programación de cirugías.

“No se trata solo de un debate legal, sino de la estabilidad operativa que garantiza el derecho a la vida”, puntualizó la asociación.

ACEMI reiteró que, aunque reconocen la necesidad de mejorar el sistema, especialmente en las zonas rurales y dispersas, estas mejoras no deben hacerse atropellando el marco normativo vigente ni eliminando la figura de las EPS mediante actos administrativos que podrían ser declarados nulos por el Consejo de Estado.

El gremio hizo un llamado urgente al presidente Gustavo Petro y al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, para retomar las mesas de diálogo técnico.

ACEMI enfatiza que cualquier ajuste debe contar con la participación de pacientes, médicos, prestadores y aseguradores para evitar que la “reforma de facto” termine agravando los problemas de desfinanciación que ya golpean al sector.