La figura jurídica del Poder Preferente, propia de la Procuraduría General de la Nación y prevista en la Constitución de 1991, tenía las mejores intenciones de ofrecer garantías a los disciplinables, pero la han deformado de tal manera que, con incidencia política, se ha convertido en una puerta de acceso seguro a la impunidad.
Es esa la consideración que tienen los expertos consultados por El País, quienes advierten que es una herramienta que están utilizando los funcionarios que saben que muy seguramente van a ser inhabilitados por varios años, como resultado de sus actuaciones contrarias a la transparencia y el buen uso de los recursos públicos.
“Son conductas que se investigan desde el punto de vista disciplinario, y ese Poder Preferente lo que estipula es que quien tiene mayor jerarquía asume la investigación y la puede asumir de oficio o a solicitud de parte”, explicó un alto funcionario de la Procuraduría.
“Lo que hacen mayoritariamente los bandidos, por no decir corruptos, que saben que actuaron mal y que van a ser disciplinados, es el cálculo: ‘Si el Personero me está investigando, es porque es contrario a mi sector político, pero si el procurador provincial o regional sí es afín a nuestra línea política, entonces pide el Poder Preferente para que asuma esa investigación un procurador que va a actuar en su favor; y ahí hacen lo que llaman ‘darle manejo’”, explica.
Ese Poder Preferente es la figura bajo la cual le han quitado a la Personería de Cali las principales investigaciones abiertas en el actual periodo: el contrato de la Secretaría de Gobierno con Andina Televisión, el contrato de semaforización, el convenio entre la Policía de Tránsito y la Secretaría de Movilidad, la adjudicación del Tramo III de la Troncal de Oriente del MÍO y la investigación contra dos funcionarios de Emcali por presuntas irregularidades en el caso del Centro Comercial Panamá.
La verdad es que la Procuraduría tiene toda la potestad, como agente del Ministerio Público, de ejercer el ejercicio del Poder Preferente, en cuyo desarrollo, como lo dice el Artículo 3 de la Ley 1952, puede iniciar, remitir o retomar cualquier asunto disciplinario que tengan las personerías y las oficinas de control disciplinario, explicó el personero de Cali, Gerardo Mendoza.
“En ese caso, han ejercido el Poder Preferente y llevaría investigaciones que he aperturado y pues todo lo considero válido, legal, legítimo, en la medida en que también esas investigaciones logren avanzar. Yo realmente desconozco en qué estado están las investigaciones que se me han llevado, y no puedo calificarlo de abuso, porque es una figura que contempla la ley”, agregó el Personero de Cali.
De acuerdo con el analista Diego Javier Sánchez, “la Procuraduría es una de las entidades más permeadas por la política y en temas disciplinarios no se necesita tanto a un abogado como sí a un congresista”.
“La mayor parte de las investigaciones contra funcionarios del Gobierno de Jorge Iván Ospina, que deben estar a punto de prescribir, estaban a cargo del procurador Juan Sebastián Giraldo, cercano al senador Carlos Abraham Jiménez, y eso ya ni suena ni truena. Y ahora está al frente el procurador Harold Amaranto Lozano, cercano al contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, pero que representa al Pacto Histórico”, aseguró Sánchez.
“Lo importante, en últimas, no es la drasticidad del proceso en sí mismo, sino que la comunidad vea resultados y la eficacia del aparato disciplinario para intervenir en asuntos donde se compromete el deber funcional y el presupuesto público”, concluyó Mendoza.
Los inteligentes no fueron los semáforos, sino los contratistas
En mayo del 2024, la Personería de Cali abrió indagación previa por las presuntas irregularidades en los contratos del sistema de semaforización inteligente.
Un contrato por $ 34.145 millones firmado durante la alcaldía de Jorge Iván Ospina con la Unión Temporal SCC y que, según los documentos, se pagó casi en su totalidad, pero la capital del Valle sigue con un sistema obsoleto de semáforos.
El objeto del contrato era “realizar el despliegue de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones para las intersecciones priorizadas de la red semafórica del Distrito, mediante el suministro, emplazamiento y puesta a punto de los componentes físicos y lógicos, así como los servicios de ingeniería de tráfico, para la implementación del Sistema de Semaforización Inteligente (SSI), que conforma los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS).
Sin embargo, todo quedó en el papel. Por eso se ordenó la apertura de indagación previa para identificar posibles irregularidades y la individualización de los funcionarios que presuntamente participaron en las etapas que llevaron a la celebración y la suscripción del referido contrato.
Incluso, en abril de este año, la Secretaría de Movilidad decidió liquidar el contrato, pero los funcionarios del gobierno Ospina involucrados solicitaron el control preferente, para evadir la investigación de la Personería, y advirtiendo una posible sanción, apostaron por el archivo en la Procuraduría Provincial.
T.V. Andina SAS: el contrato de los cholados
El convenio interadministrativo que celebró la Secretaría de Gobierno de la actual Administración local con el canal regional de televisión Tv. Andina es otra investigación que se fue a control preferente.
La Personería de Cali aperturó un proceso disciplinario por el contrato de más de $ 7600 millones firmado por el entonces secretario de Gobierno, Andrés Stapper que, además de los sobrecostos que tenía, contemplaba que un canal de televisión suministrara, entre otros, cholados, disfraces y marranitas.
Un contrato que consideró la Personería “inútil e innecesario”, pero que, apenas tomó vuelo la investigación, se lo quitaron por pedido de los mismos disciplinados.
Papeles falsos en adjudicación del tramo III del en el sistema del MIO
Motivo de fuertes polémicas fue la adjudicación por parte de Metrocali del Tramo III de la Troncal de Oriente del MÍO, luego de conocerse que fue otorgada, pese a las presuntas irregularidades en los documentos aportados por parte del consorcio que se ganó el contrato.
La Personería de Cali dio apertura a una indagación preliminar contra las directivas de Metrocali que adjudicaron la obra al Consorcio Troncal Proingeco 2024, conformado por Sainc Ingeco S.A.S. y Proing S.A., tras conocerse que habría presentado, según el órgano de control, una póliza de seguro falsa.
“Entre los documentos que aportó Proing S.A hay un Registro Único de Proponentes que no es real y una certificación de fiducia que, según la entidad bancaria que la habría emitido, no corresponde a la realidad. Es decir, es una póliza falsa de garantía para un contrato por $140.000 millones”, aseguró una fuente.
Sin embargo, la investigación disciplinaria se la quitaron a la Personería por solicitud de los investigados y pasó la Procuraduría provincial de Cali.
Convenio de Policía y secretaría de Movilidad
Justo cuando la Personería de Cali se encontraba investigando si hubo alguna irregularidad en el convenio firmado entre la Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito para hacer operativos de manera conjunta en la ciudad, el proceso fue solicitado por la Procuraduría Provincial de Cali, amparado en la figura del Control Preferente.
Un convenio por $ 5500 millones y a través del cual se contrata la llegada a la ciudad de cien policías de Tránsito para apoyar la seguridad y los operativos viales en la capital del Valle del Cauca ante las amenazas que enfrentan los guardas.
Entre los líos jurídicos que se plantean, se busca determinar si es procedente o no que existieran dos autoridades de tránsito en la ciudad, de forma simultánea.
Recaudo de Emcali y el Centro comercial Panamá
El hecho más reciente por el que han apelado a la figura del Control Preferente es la investigación que adelantaba la Personería de Cali contra Paola Andrea Vernaza y Harold Viáfara, funcionarios de Recaudo de Emcali para la fecha de los hechos.
Contra ellos se investigan presuntas irregularidades en el marco del proceso de los cobros coactivos al centro comercial Panamá, donde Viáfara y sus familiares tienen locales y donde habría actuado como juez y parte junto a su superiora, Paola Vernaza.
El pasado 22 de agosto, el viceprocurador general, Silvano Gómez, retiró a la Personería del caso y se lo entregó a la Procuraduría Provincial de Cali, tal como lo habían advertido por la cercanía de Vernaza con una senadora del Partido de la U.
A punto de prescribir varios casos de funcionarios del gobierno Ospina
En los próximos meses empezarán a prescribir varios de los procesos disciplinarios que abrió la Personería de Santiago de Cali por presunta corrupción en contra de algunos de los funcionarios de la administración del exalcalde Jorge Iván Ospina.
Pese a que fue un gobierno marcado desde su inicio por los escándalos continuos de presunto favorecimiento a familiares y particulares, contratos con sobrecostos y sin el lleno de requisitos legales, la mayoría de los procesos han pasado de agache luego que fue apartada la Personería de Cali para dejarlos en manos de la Procuraduría Provincial mediante la figura del Poder Preferente, según los expertos consultados.
“Durante el gobierno de Jorge Iván Ospina hubo varios casos de presunta corrupción relacionados con la época de la pandemia y las decisiones que se tomaron en medio de la emergencia, pero la estrategia de los disciplinados y sus abogados fue acudir al poder preferente para que se llevaran los casos de la Personería a la Procuraduría provincial y allá los han dejado morir”, advierte un exfuncionario de la Personería de Cali.
“Lo que se buscó con el Poder Preferente fue combatir algunas irregularidades que se presentan en el interior de los procesos, en las personerías o las oficinas de control interno disciplinario de las alcaldías; pero para ello, se determinaron unas causales que están en el Código Disciplinario y se inventan todo tipo de argumentos para llevarse los procesos”, indicó la fuente.
La Feria Virtual y el Alumbrado Móvil, en los que se invirtieron más de $22.000 millones son claros ejemplos de la manera cómo terminan impunes muchos casos o con penas irrisorias sin que llegue nunca a recuperarse el dinero.
Los peores antecedentes
Peor que llevar un caso a dormir a la Procuraduría hasta que prescriba, en los cinco años siguientes, son las decisiones absurdas en las que se ha visto empañado el papel en lo disciplinario de la Procuraduría.
Ejemplo de ellos es el caso de la Feria Virtual realizada en el 2020 en medio de la pandemia y que ha sido la más costosa de las ferias de Cali realizadas en la historia del evento, pese a que fue un evento sin público.
Un caso por el que la Procuraduría esperó que faltaran seis días para terminar el mandato de Jorge Iván Ospina para emitir el fallo, que fue solo de cuatro meses de suspensión, pagaderos después de que dejara el cargo, mientras el secretario de Cultura, José Darwin Lenis, recibió nueve años de inhabilidad para ejercer cargos públicos por las irregularidades.
“Fue un saqueo vergonzoso a las arcas de la ciudad, y la Procuraduría termina premiando a Ospina con una sanción ridícula, pese a que era el ordenador del Gasto”, indicó uno de los actores de ese proceso.