El exministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, se refirió al anuncio realizado por la Procuraduría General de la Nación sobre la apertura de una investigación disciplinaria contra su persona, así como a la excanciller Laura Sarabia y jefe de despacho presidencial, Alfredo Saade.
Esta indagación surge como resultado de las presuntas irregularidades cometidas por los exfuncionarios, en su papel como jefes de cartera, en un intento por garantizar la elaboración y distribución de los pasaportes de los colombianos.
“Celebramos que la Procuraduría adelante una investigación objetiva y rigurosa. La ciudadanía merece total transparencia y plena confianza en el manejo de lo público”, aseveró Murillo en un trino en su cuenta de X.
Según indicó la Sala Disciplinaria de Instrucción del Ente de control, al parecer, ninguno de los dos excancilleres habría estructurado de manera eficiente y oportuna el proceso de elaboración y distribución de los pasaportes nacionales durante su tiempo a cargo del Ministerio.
El excanciller defendió que el modelo de pasaportes liderado por él fue “legal, responsable y se desarrolló bajo estándares internacionales, con el acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría”.
Y agregó además haber desarrollado el nuevo modelo de pasaportes, “con total transparencia y bajo el acompañamiento de los órganos de control”.
El exfuncionario también es acusado de haber usado en forma indebida la figura de la declaratoria de urgencia manifiesta surtida en septiembre de 2024.
En ese sentido, afirmó que “la urgencia manifiesta fue validada por la Contraloría, como una acción legal y necesaria para garantizar la continuidad del servicio”.
En su trino, el exministro expuso el documento, con fecha de noviembre de 2024, por medio del cual la Contraloría General de la República habría emitido un concepto sobre la figura excepcional.
Pese a esto, Murillo reiteró que “esta revisión permitirá despejar dudas, corregir imprecisiones y fortalecer la confianza institucional”.
La Procuraduría también reveló que, en el caso de Sarabia, en abril de 2025 se conoció que el cronograma propuesto era “inviable para la implementación del nuevo modelo”.
Esto con ocasión del proceso adelantado con la Casa de la Moneda de Portugal, así como la falta de capacidad operativa de la Imprenta Nacional.
Por otro lado, Saade es señalado de haberse extralimitado en el ejercicio de sus funciones.
Al parecer, el jefe de despacho presidencial habría impartido órdenes a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, “para que racionalizaran la asignación de citas para la expedición de pasaportes”.
El ente de control ordenó una inspección técnica a la Imprenta Nacional, para determinar si esta tiene o no la capacidad de asumir la impresión, personalización y distribución de pasaportes.