Defensoría del Pueblo pide a la Corte Constitucional tumbar la suspendida emergencia económica; estas son las razones

La Defensoría del Pueblo solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible la emergencia económica decretada por el Gobierno de Gustavo Petro en diciembre de 2025. No obstante, pidió que se mantengan los recursos orientados al sector salud, en especial los destinados a la Unidad de Pago por Capitación, UPC.

En un documento de 26 páginas, revelado por La FM, la defensora Iris Marín presentó sus consideraciones ante el magistrado ponente Carlos Camargo Asis.

En el escrito, la entidad sostuvo que la declaratoria de emergencia no cumple con los requisitos constitucionales, aunque advirtió que es necesario proteger los efectos favorables que ha tenido en la financiación del sistema de salud. “La garantía del derecho a la salud, particularmente para las poblaciones más vulnerables, enfrenta un escenario crítico”, señaló la Defensoría.

La UPC corresponde al valor que el Estado gira a las Entidades Promotoras de Salud, EPS, por cada afiliado. De acuerdo con la entidad, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres, asignó $88,4 billones a este rubro en 2025 y proyecta destinar $101 billones en 2026.

Sin embargo, la siniestralidad reportada por las EPS alcanza el 109,5 %, lo que implica un déficit cercano a $5,95 billones.

Marín advirtió que el ajuste previsto para la UPC en 2026 apenas corrige de manera parcial la situación, ya que persisten desbalances estructurales acumulados de años anteriores.

Los reparos a la emergencia económica

Según la Defensoría del Pueblo, pese a que la emergencia económica buscó atender órdenes de la Corte Constitucional relacionadas con el pago a las EPS, argumento que para la entidad es válido, las razones expuestas por el Gobierno no corresponden a hechos nuevos o imprevisibles. Por el contrario, se trataría de una problemática histórica que requiere soluciones institucionales de fondo y no medidas excepcionales.

En consecuencia, la entidad formuló ocho solicitudes ante la Corte. La principal es que se declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, pero que sus efectos se modulen para mantener vigentes únicamente las disposiciones encaminadas a conjurar la crisis del sector salud.

También pidió preservar las medidas tributarias contempladas en el Decreto 1474, que creó nuevos impuestos y modificó tarifas como las del licor, con destino a financiar la atención sanitaria.

Adicionalmente, solicitó que se conceda al Gobierno un plazo razonable para tramitar una ley ordinaria que ajuste el Presupuesto General de la Nación a las necesidades reales del sistema de salud. Otras peticiones apuntan a reforzar la vigilancia sobre la destinación de los recursos por parte de los organismos de control y de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, que reconoció la salud como derecho fundamental.

La Defensoría insistió en que existe una amenaza financiera para el sistema de salud, pero consideró que el resto del Decreto 1390 debe ser retirado del ordenamiento.

Frente al argumento del Ejecutivo de que la emergencia también buscaba proteger a líderes sociales y defensores de derechos humanos, la defensora Iris Marín sostuvo que las intimidaciones constituyen un fenómeno estructural y no un hecho sobreviniente.

El 29 de enero, la Sala Plena de la Corte Constitucional suspendió la emergencia económica con seis votos a favor y dos en contra. Tras la decisión, la Presidencia presentó una solicitud de nulidad, al considerar que la suspensión provisional de decretos legislativos carece de sustento normativo y afecta la coherencia del orden constitucional.