La persistencia del conflicto armado interno y el agravamiento de las dinámicas migratorias desencadenaron durante el primer mes del año una crisis humanitaria que afectó a más de 21.000 personas a través de eventos masivos de desplazamiento y confinamiento en diversas regiones del territorio nacional, situación que llevó a la Defensoría del Pueblo a exigir al Gobierno la inyección urgente de recursos sostenibles para evitar el colapso de las capacidades institucionales frente a una vulneración sistemática de los derechos fundamentales.
A través de un informe estructurado tras labores de campo y pronunciamientos oficiales, la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, expuso las cifras de una violencia que muta en los territorios, pues aunque el éxodo masivo experimentó una caída estadística respecto al año anterior, la estrategia de las estructuras armadas de sitiar a las comunidades mantuvo una tendencia al alza.
La entidad de derechos humanos registró siete eventos de confinamiento que restringieron drásticamente la movilidad de 17.651 personas, una cifra que superó a las 17.363 víctimas reportadas en el mismo mes de 2025, concentrando la emergencia en zonas críticas como Cartagena del Chairá en Caquetá con 5000 pobladores atrapados.
El encierro forzado también asfixió al Pacífico caucano y otras áreas de ese departamento con 3500 afectados, seguido por el norte de Antioquia y el Bajo Cauca con 3163 víctimas, el sector de La Esperanza en Norte de Santander con 3000 ciudadanos sitiados, Puerto Leguízamo en Putumayo con 2.700 y la ribera del río Atrato en Chocó con 288 personas bajo esta condición.
En paralelo, el terror en los territorios obligó a 3409 ciudadanos a abandonar sus hogares en 12 episodios de desplazamiento masivo, un fenómeno que, si bien bajó considerablemente frente a las 51.627 víctimas de enero de 2025, castigó con crudeza al norte y sur del Cauca con 1250 desplazados.
Esta expulsión territorial afectó igualmente a la subregión del Catatumbo en Norte de Santander con 862 personas en huida, al municipio de Ciénaga en Magdalena con 627, a las zonas del Magdalena Medio, Bajo Cauca y norte de Antioquia con 489, al municipio de Bolívar en el Valle del Cauca con 204 y a La Primavera en Vichada con 22 habitantes desarraigados.
Frente a la magnitud de estas cifras, Marín Ortiz señaló que “es preciso priorizar la emergencia humanitaria con recursos financieros y logísticos sostenibles”, y advirtió sobre la urgencia de “considerar asignaciones adicionales-extraordinarias para evitar el desbordamiento de capacidades locales y departamentales”.
El panorama humanitario del país se agudizó con los movimientos migratorios mixtos, ya que la geografía nacional atestiguó el tránsito de 10.277 migrantes irregulares, en su mayoría de nacionalidad venezolana, una dinámica que evidenció un aumento del 35 % al ser comparada con el registro de 15.910 personas documentado en el mismo periodo del año anterior.
La crisis en las fronteras sumó un nuevo factor de presión en la ruta hacia Norteamérica, pues la Defensoría identificó que ingresaron al país 968 personas en flujo inverso desde Panamá, de distintas nacionalidades, quienes utilizaron como punto de entrada el municipio de Acandí en el departamento del Chocó.
Exigencias al Estado
Ante el escenario de vulnerabilidad, la Defensoría del Pueblo instó al Gobierno a implementar medidas efectivas de prevención y protección, y exigió corregir de inmediato las fallas en la aplicación de enfoques diferenciales, ordenando priorizar la atención sobre niñas, niños, mujeres, personas mayores e integrantes de comunidades étnicas.
La entidad demandó de las autoridades la obligación de “disponer de equipos psicosociales en atención individual y colectiva y activar respuestas en zonas afectadas para evitar la interrupción de las jornadas educativas”, al tiempo que llamó a acatar sin dilaciones las recomendaciones contenidas en las Alertas Tempranas vigentes para las regiones golpeadas.
Finalmente, el organismo pidió a los entes territoriales ejecutar acciones específicas con un verdadero enfoque territorial y presencia efectiva del Estado, mientras concluyó que mantendrá su vigilancia institucional sobre estas poblaciones con el propósito inquebrantable de evitar que sean víctimas de abusos, detenciones arbitrarias o violencia de género.