FND y el duro reclamo que sacude a la Paz Total tras el traslado de decenas de cuerpos en Guaviare; esto se sabe del caso

La Federación Nacional de Departamentos lanzó un fuerte cuestionamiento al Gobierno nacional por la crisis humanitaria y de seguridad que atraviesa el departamento del Guaviare.

El detonante de este pronunciamiento fueron los violentos enfrentamientos entre disidencias de las Farc, una situación que, según los mandatarios locales, deja una imagen devastadora para el territorio nacional.

El epicentro de la emergencia se concentró en la capital del departamento, donde la crudeza del conflicto se hizo evidente de forma inmediata.

“Estamos cansados de que mientras en Bogotá se construyen discursos, en los territorios se recogen los cuerpos”, manifestó de forma contundente la organización que agrupa a los gobernadores del país, luego de que decenas de cuerpos sin vida llegaran desde la madrugada a San José del Guaviare.

Para los líderes regionales, la respuesta del Gobierno central ante la escalada de la violencia ha sido insuficiente.

En su comunicado oficial, la Federación afirmó que el Ejecutivo “permanece ausente frente a una crisis humanitaria y de seguridad que desborda las capacidades de los territorios”, advirtiendo que la falta de apoyo estatal incrementa la sensación de abandono en las comunidades afectadas.

Los gobernadores señalaron que lo ocurrido evidencia la necesidad de una mayor autonomía regional para atender las emergencias.

Asimismo, cuestionaron con severidad las decisiones de orden público centralizadas, asegurando que “las decisiones sobre la llamada ‘Paz Total’ se toman desde suntuosos escritorios en Bogotá mientras los territorios se llenan de muerte, miedo y abandono”.

De forma simultánea al reclamo de la Federación Nacional de Departamentos, la política de negociación del presidente Gustavo Petro sufrió recientemente un nuevo revés en el plano judicial.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Resolución No. 0-0160, reactivó las órdenes de captura contra siete integrantes clave de bandas criminales que permanecían en libertad en el marco de la denominada paz urbana.

La determinación judicial afecta directamente a mandos de alto perfil en las estructuras delincuenciales del noroccidente del país.

Entre los requeridos por la justicia se encuentran Albert Antonio Henao Acevedo, alias Alber; Andrés D’maría Oliveros Correa, alias Mundo Malo; Fredy Alexánder Henao Arias, alias Naranjo; Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero; Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente; Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias El Abogado, y Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica.

Esta medida se tomó en cumplimiento de una decisión del Consejo de Estado, específicamente de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo.