Por: Dido Polo Monterrosa - Colprensa
Esta semana, varias periodistas colombianas denunciaron presunto acoso sexual contra reconocidos presentadores de Caracol Televisión y contra el gerente del sistema de medios públicos RTVC.
Sus testimonios sacudieron una industria acostumbrada a resolver estas situaciones puertas adentro, abrieron una crisis de violencia de género que llevaba años incubándose en las salas de redacción del país, y obligaron a las autoridades a actuar: inspecciones laborales de urgencia, investigaciones penales y un debate que, por primera vez, se instaló en el centro de la conversación pública.
Hacía falta que algo tronara. Las acusaciones contra Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego, dos de los rostros más reconocidos de Noticias Caracol, no solo terminaron con su desvinculación del canal: instalaron un precedente en una industria que históricamente había resuelto estas situaciones puertas adentro y en voz baja.
Los implicados emprendieron ya su defensa, que tendrán que hacer por fuera del canal. La abogada Julieth Fiallo aclaró que el despido de Orrego fue una decisión unilateral del canal, tomada sin que existiera una investigación disciplinaria concluida.
Vargas, por su parte, sostuvo que su salida se dio de mutuo acuerdo y que siempre mantuvo parámetros de respeto. “Si en algún momento alguien tuvo una sensación diferente, lo respeto, advirtiendo que nunca mi actuar tuvo esa intención”, afirmó.
El presidente del canal, Gonzalo Córdoba, pidió perdón públicamente y reconoció que el poder corre el riesgo de confundirse con permiso. Como señal de que algo había cambiado, anunció una comisión externa liderada por la jurista Catalina Botero para investigar las irregularidades. “El silencio, cuando se vuelve costumbre, termina erosionando aquello que pretende proteger”, dijo.
El acoso sexual, sin embargo, no es una realidad que se limita a Noticias Caracol. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) documentó que el patrón se repite en otros espacios informativos, y puso el foco sobre Hollman Morris, gerente de RTVC, quien enfrenta acusaciones por hechos ocurridos en 2019 cuando ejercía como concejal.
En ese proceso, la denunciante Lina Marcela Castillo terminó siendo procesada por injuria y calumnia. El colectivo Volcánicas reportó además que en las audiencias se registró la presencia de contratistas del Estado, una situación que las organizaciones calificaron como un uso del poder institucional para silenciar a las víctimas.
Las cifras de una violencia estructural y sistemática
La Defensora del Pueblo, Iris Marín, lo dijo sin rodeos. La jefe del organismo de derechos humanos puso nombre a lo que muchas ya sabían pero pocos querían escuchar: lo que viven las periodistas colombianas no es un mal momento ni un jefe difícil. Es violencia estructural, sostenida por la impunidad y por la normalización.
Para respaldar ese diagnóstico, un estudio de la campaña “No Es Hora de Callar” y el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes encontró que 6 de cada 10 mujeres periodistas en Colombia sufrieron violencia de género en sus propios espacios de trabajo, y que el 77,9 % conoció de primera mano agresiones contra alguna de sus colegas. Los investigadores fueron explícitos: se trata de un ataque directo a la participación femenina en la vida pública.
Lo que complica aún más el panorama, según el mismo informe, es dónde ocurren estas agresiones y quién las comete. No son extraños ni fuentes hostiles: el 79,3 % de las víctimas señaló a alguien con un cargo superior como el responsable, y el 56,1 % apuntó directamente a sus pares de trabajo.
El estudio concluyó que esa dinámica perpetuó un ambiente hostil donde las mujeres se vieron obligadas a soportar tratos degradantes en una profesión que castigó sistemáticamente su género.
Y esa hostilidad tuvo consecuencias concretas sobre cómo se hace el periodismo. El 62,1 % de las reporteras percibió que recibió un trato peor que sus colegas hombres, y el 73,1 % notó que las fuentes preferían entregar información a ellos.
Pero los datos que más llaman la atención son los de las decisiones forzadas: el 37 % de las profesionales abandonó su espacio de trabajo, otro 37 % dejó de consultar fuentes clave y un 24 % soltó temas de investigación enteros para evitar el contacto con sus agresores. Para los investigadores, ese conjunto de renuncias silenciosas representó un golpe directo al debate democrático.
A ese cuadro se suma otro estudio que apunta en la misma dirección. El dosier “Periodistas Sin Acoso”, elaborado en 2021 por la Fundación Karisma y la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género, estableció que el 67 % de las comunicadoras del país sufrió acoso sexual en ejercicio de sus funciones.
La tesis de ambas organizaciones fue directa: el ecosistema informativo colombiano enfrenta una fuga de talentos impulsada por violencias machistas que buscan expulsar a las mujeres del oficio.
El fenómeno, advirtió la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no es exclusivo de Colombia. En su informe sobre mujeres periodistas, el organismo concluyó que la violencia sexual normalizada opera como una barrera invisible que perpetúa la segregación ocupacional, profundiza las brechas salariales y bloquea el acceso de las reporteras a los cargos directivos.
Una censura que, según la Relatoría, no se decreta en ningún manual pero se ejerce todos los días.
Un problema que no tiene fronteras
Colombia no es la excepción. Es parte de un patrón. Una investigación conjunta de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad y la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) encontró que el 57 % de los medios de la región no tiene protocolos para atender estas violencias.
A ese vacío institucional se suma otro dato: el 49 % de los agresores ocupa cargos jerárquicos altos. El resultado, según el informe, es que el 54,5 % de los responsables permanece en absoluta impunidad.
Y denunciar, advirtieron la RELE de la CIDH y el dosier Periodistas Sin Acoso de la Fundación Karisma, tiene un costo profesional que pocas están dispuestas a asumir.
El 41,5 % de las mujeres que expusieron a sus acosadores enfrentó consecuencias directas: despidos injustificados, amenazas, exclusión de coberturas importantes o presiones para renunciar.
Los organismos fueron precisos en su diagnóstico: las redacciones no son espacios neutrales. En demasiados casos, castigan a la víctima y protegen al victimario.
A esa violencia dentro de las redacciones se le sumó otra que migró a las pantallas. Directivos y colegas trasladaron el hostigamiento a redes sociales mediante discursos de odio y el borrado deliberado del trabajo de las reporteras para dañar su reputación.
Según los mismos informes, esa modalidad digital no solo profundizó el impacto psicológico, sino que disparó las tasas de autocensura.
Los casos concretos confirman que la tendencia se repite en toda la región. En Argentina, el informe de Periodistas Argentinas recopiló 19 testimonios contra el presentador Pedro Brieger por conductas que permanecieron encubiertas durante décadas.
En México, los registros de 2026 son aún más crudos: solo en los primeros meses del año se contabilizaron 65 agresiones contra mujeres periodistas, y en casi un tercio de los casos los responsables fueron funcionarios estatales o figuras de poder.
El Estado reacciona
El escándalo no se quedó en los pasillos del canal. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, ordenó el ingreso de inspectores a Caracol Televisión y anunció visitas a otros medios tras recibir quejas similares. Su argumento fue directo: los mecanismos internos de las empresas no las eximen de la vigilancia del Estado.
Al mismo tiempo, la Fiscalía General de la Nación abrió una indagación de oficio y habilitó el correo denuncia.acoso@fiscalia.gov.co para recibir testimonios bajo protección absoluta.
Pero la respuesta no se limitó a inspecciones y expedientes. El Ministerio de Justicia y la Escuela Superior de Administración Pública han acogido el programa No Es Hora de Callar, una iniciativa que viene impulsando desde hace años la periodista Jineth Bedoya. La orden es concreta: capacitar obligatoriamente a la fuerza pública y a los operadores de justicia.
El director de la ESAP, Jorge Iván Bula Escobar, confirmó el inicio de la fase piloto y advirtió que esa formación es clave para identificar riesgos a tiempo y evitar que las mujeres que denuncian terminen siendo revictimizadas por las mismas instituciones que deberían protegerlas.
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo Restrepo, señaló que muchas mujeres desisten de sus procesos por miedo a no ser creídas, y que reparar a las víctimas exige transformar la manera en que el Gobierno escucha y actúa. Bedoya, cuyo caso llegó hasta la Corte Interamericana, respaldó la iniciativa e invitó al país a sumarse.
Su conclusión fue precisa: la forma en que el Estado responde frente a estas violencias marca la diferencia entre el riesgo inminente y la protección real.
Herramientas legales y protocolos para romper el silencio
La RELE de la CIDH lo dejó claro desde 2022: el acoso sexual en las redacciones no es un asunto privado. Es, según el organismo, una violencia machista normalizada que perpetúa la segregación ocupacional y bloquea el acceso de las mujeres a los cargos directivos.
Las organizaciones defensoras de la libertad de prensa fueron en la misma línea: cuando una empresa no actúa, no está siendo omisa. Está vulnerando el derecho al trabajo y a la libertad de expresión.
Las herramientas legales para enfrentar esa omisión ya existen. La Sentencia T-140 de 2021 de la Corte Constitucional ordenó a las empresas periodísticas identificar riesgos y aplicar políticas con enfoque de género.
El Convenio 190 de la OIT, ratificado por Colombia, va más lejos: establece que los empleadores tienen la obligación legal de garantizar entornos libres de violencia y mecanismos de reparación que no revictimicen a las denunciantes. El marco jurídico está. El problema, documentaron las investigaciones, es que no se aplica.
Los números lo confirman: el 57 % de los medios en la región no tiene protocolos específicos para atender denuncias. Ese vacío, según los mismos estudios, no es neutral: facilita que el 41,5 % de las víctimas enfrenten represalias como despidos, recortes salariales o aislamiento profesional, y garantiza la impunidad de más de la mitad de los agresores, respaldados por el prestigio de sus cargos.
Ante ese panorama, el Centro Dart de la Universidad de Columbia y la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género emitieron una serie de directrices de autoprotección. Sus recomendaciones son concretas: documentar cada agresión con fechas y testigos, registrar los efectos del acoso en la productividad para blindarse ante despidos encubiertos por “bajo rendimiento”, y guardar todas las evidencias fuera de los equipos suministrados por la empresa.
Los manuales también recomiendan enviar correos formales a los acosadores para dejar constancia escrita de que su comportamiento es ofensivo, rastrear en silencio si hay otras colegas en la misma situación para fortalecer denuncias colectivas a través de sindicatos, y exigir a Recursos Humanos investigaciones fundamentadas en la ley. Son herramientas procesales que las organizaciones consideran vitales en un ecosistema donde, como concluyó la FLIP, permitir que el acoso se perpetúe significa dejar que el miedo decida qué historias pueden contarse en el país.