Petro vuelve a pedir movilizaciones por diferencias en proyecto de jurisdicción agraria

El presidente Gustavo Petro se mostró disgustado este jueves, 14 de mayo, por la posición que adoptaron algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia sobre el proyecto de ley que reglamenta la Jurisdicción Agraria y que está generando polémica.

Los cuestionamientos de los magistrados, y de algunos sectores en el país, tienen que ver con la propuesta de que le sea entrega a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la entidad encargada de administrar las tierras del Estado, la facultad de resolver directamente, sin pasar por un juez, algunos conflictos sobre quién es el dueño de un predio rural.

Ante esto y el freno que ha tenido la reglamentación en el Congreso, el Presidente volvió a convocar a todas las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes a iniciar “la gran lucha por la tierra y el cumplimiento de la constitución en Colombia”.

“Pueden expresarse ya como poder constituyente al lado de la población colombiana. Solo el pueblo decide si retrocedemos a la constitución de 1886, atrás incluso de la ley 200 de tierras de 1936 en la “Revolución en Marcha, dejando la tierra en manos de terratenientes o se aplica el estado social de derecho de la constitución de 1991 y el acuerdo humano de la ONU sobre los derechos campesinos a la propiedad de la tierra”, expresó en la red social X, donde ha puesto varios mensajes.

El mandatario volvió a hablar del tema de pensiones: “Ya vemos como han ayudado a los banqueros a robarse el ahorro del pueblo trabajador y ahora, literalmente, queda en pie el robo del narcotráfico a las tierras de la nación que son del pueblo colombiano y fue la causa de la muerte de 200.000 personas”.

Minutos antes de este mensaje había colocado otro en el que aseguró que informará al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que el Estado colombiano está incumpliendo el primer punto del Acuerdo de Paz, dedicado a la reforma del campo.

“Tendré que dar información sobre el compromiso del Estado colombiano incumplido ante la paz, no en virtud del actual gobierno, sino en virtud de una revancha conservadora que se ha tomado los dos poderes públicos para frenar el mandato del pueblo que sigue el gobierno y el compromiso con la humanidad que se declaró ante la ONU en gobierno anterior y que vincula la totalidad del Estado sin excepción”.

El primer mandatario también advirtió que “este cierre judicial a la democratización de la propiedad de la tierra ojalá no sea respondido con la violencia social de nuevo en los campos, solo una Corte Constitucional muy afín al Estado social de derecho puede detener lo que sobreviene, solo el poder constituyente puede ahora evitar la violencia”. Y le pidió al movimiento campesino e indígena “expresarse.

Lo que pasó en el Congreso

Los pronunciamientos del mandatario se dieron luego de la sesión del 13 de mayo de 2026 en la Cámara de Representantes. Ese día, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Hilda González Neira, Patricia Guzmán Álvarez, Fernando Jiménez Valderrama, Adriana Consuelo López Martínez y Carlos Mantilla acudieron a la plenaria para exponer reparos al proyecto de ley que reglamenta la Jurisdicción Agraria, es decir, el sistema de jueces especializados que resolverán los conflictos por la tierra en el campo.

Las observaciones se centraron en el artículo noveno del proyecto. Ese artículo le entrega a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la entidad encargada de administrar las tierras del Estado, la facultad de resolver directamente, sin pasar por un juez, algunos conflictos sobre quién es el dueño de un predio rural.

El magistrado Mantilla expresó la postura del alto tribunal en estos términos: “Consideramos que sin perjuicio de las funciones de la Agencia Nacional de Tierras, consideramos que las controversias agrarias tienen su materialización práctica frente a la reforma constitucional y la ley estatutaria, cuando ellas son conocidas por la autoridad judicial”. En palabras simples, los magistrados sostuvieron que esos conflictos los deben resolver los jueces, no la ANT.

Con información de Colprensa