Pese a que el magistrado del Consejo de Estado Ramiro Pazos expuso su ponencia sobre la regulación del fracking en Colombia, la Sala Plena de la Sección Tercera empezará el debate a partir del jueves de la próxima semana.

El proceso que está en el alto tribunal desde hace un poco más de cuatro años, tiene relación con una demanda en contra del Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014, que establecen los criterios para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales a través de fracking.

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La puja que está en manos del alto tribunal y tiene dividido varios sectores se registró debido a que un grupo de ambientalistas consideraron que aplicar la técnica de fracturamiento hidráulico para la exploración y explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos tendría graves efectos en el medioambiente y la salud humana.

En el documento, los demandantes exponen que esta practica en el país es violatoria debido a que con su creación se faltó al principio de precaución que establece que el Estado está obligado a prevenir este tipo de daños.

En el debate se han presentado posturas a favor y en contra de dicha práctica. El Ministerio de Minas, por parte del Gobierno, ha mencionado que la practica del fracking en Colombia dejaría grandes beneficios al país en materia de exploración de hidrocarburos.

Por otro lado, otras posturas que también reposan en el despacho de Pazos, y fueron las bases de lo que se argumentó en la ponencia este jueves, es que la fracturación de rocas genera daños a las comunidades en las que se realizaran tales procedimientos.