Una nueva polémica envuelve al presidente Gustavo Petro luego de que, durante una escala técnica en Madrid, este miércoles 29 de octubre, varias compañías se negaran a suministrarle combustible para su avión presidencial.
El incidente, según reveló el director de la emisora La W, Julio Sánchez Cristo, se presentó mientras el mandatario se dirigía hacia Medio Oriente en una visita oficial.
De acuerdo al reporte, la negativa provino de empresas proveedoras de combustible que, en su mayoría, son de capital estadounidense y están sujetas a la legislación de ese país.
“Varias de las compañías que dan servicio en Madrid son norteamericanas”, explicó Sánchez Cristo, al detallar que la situación, estaría presuntamente relacionada, con la inclusión del presidente Petro en la Lista Ofac, la cual está elaborada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El impasse obligó a trasladar la aeronave presidencial a una base militar, donde el Gobierno de España intervino para garantizar el abastecimiento y permitir que el viaje continuara conforme al itinerario previsto.
Aunque el desplazamiento del jefe de Estado prosiguió sin mayores contratiempos, el hecho dejó en evidencia las repercusiones logísticas y diplomáticas que puede acarrear la aplicación de sanciones de este tipo.
Expertos, consultados por el mismo medio de comunicación, aclararon que, la negativa de las compañías no obedeció a un acto político deliberado, sino al cumplimiento estricto de protocolos de riesgo corporativo impuestos por la legislación estadounidense.
Pues este tipo de regulaciones prohíben a empresas norteamericanas mantener relaciones comerciales con personas o entidades incluidas en la Lista Ofac, salvo autorización expresa del gobierno de Estados Unidos.
Las sanciones derivadas de esa designación incluyen el congelamiento de activos, la prohibición de transacciones financieras y la restricción total de vínculos comerciales, incluso indirectos.
Cabe señalar que, las compañías que infrinjan estas disposiciones, podrían estar expuestas a consecuencias severas, que, incluso, alcanzan multas por 250.000 dólares, el doble del valor de la operación.
Este contexto, sobre el marco jurídico, según analistas internacionales, explicaría por qué las firmas privadas en Madrid evitaron prestar servicios al avión presidencial, pese a que la aeronave pertenece a la Fuerza Aérea Colombiana y no de forma personal al mandatario.
Hasta el momento, la Cancillería colombiana aún no ha emitido una posición oficial sobre el episodio, pero el hecho ha generado cuestionamientos sobre los efectos diplomáticos y operativos que genera, que el Presidente de la República, este incluido dentro de dicha lista.
Petro tampoco se ha pronunciado hasta el momento, y su viaje a Medio Oriente continua con normalidad.