En medio del debate mundial sobre la política antidrogas y ante el anuncio del Gobierno Nacional sobre la posible reactivación de la fumigación aérea, un grupo de campesinos del sector de Pan de Azúcar, en la cordillera del municipio de El Patía, decidió iniciar de manera voluntaria la erradicación manual de cultivos de coca como una apuesta por la sustitución productiva y la defensa de su territorio.
Como explicó Rubén Arango, campesino de esta parte del sur del Cauca, la iniciativa, que avanza en varias parcelas de esta zona rural, surge como una alternativa impulsada por las propias comunidades, que manifestaron su interés de transitar hacia economías legales basadas en la producción de alimentos y el fortalecimiento del campo.
“Queremos vivir en paz, trabajar tranquilamente la tierra, la coca da, pero no compra la calma, entonces sabemos que el camino es la sustitución voluntaria”, agregó este campesinos de 43 años de edad que, ahora, se une a esta iniciativa.
De acuerdo con testimonios de otros habitantes de este municipio, la decisión no solo responde a la preocupación por las posibles afectaciones ambientales derivadas de la fumigación aérea, sino también al deseo de generar condiciones de vida dignas para las familias campesinas que dependen de la actividad agrícola.
“Nosotros mismos estamos erradicando para evitar que lleguen las fumigaciones. Queremos sembrar comida y vivir del campo de manera digna, trabajando la tierra con productos que beneficien a nuestras familias y a la región; claro, iniciamos esta erradicación, pero el gobierno sabe que acá tiene que llegar sí o sí la inversión social, no es quitar matas por quitar, es construir las vías y demás obras que necesitamos”, manifestaron los campesinos que participan en las labores de erradicación manual, situación que se da después de una amplia movilización de personas que viven de los cultivos de uso ilícito.
Los agricultores explicaron además que el proceso que ellos le plantean al gobierno contempla la sustitución de los cultivos ilícitos por productos tradicionales como fríjol, maíz, arracacha, remolacha, plátano y otros alimentos de consumo básico, los cuales, según indicaron, pueden representar una alternativa sostenible si cuentan con acompañamiento técnico, comercial y financiero por parte del Estado.
“Las autoridades saben que para dejar atrás los cultivos de coca deben estar con nosotros, construyendo los canales de distribución y comercialización de los cultivos legales que sembremos, de que nos sirve sembrar plátano, inundar El Patía con este producto y que no podemos sacarlo para venderlo, entonces esperemos el compromiso del gobierno en invertir en el territorio”, agrego Rubén Arango.
Por eso las comunidades campesinas aseguraron que actualmente se encuentra a la espera de la formalización de compromisos por parte de entidades del Estado, especialmente en lo relacionado con la entrega de documentación que permita su vinculación a programas oficiales de sustitución de cultivos ilícitos y el acceso a apoyos económicos temporales.
Los campesinos señalaron también que estos recursos son fundamentales para garantizar la estabilidad de las familias durante la transición hacia nuevos proyectos productivos, teniendo en cuenta que la erradicación implica la pérdida inmediata de su principal fuente de ingresos.
En ese sentido, hicieron un llamado a las autoridades nacionales para que los programas de apoyo no solo se mantengan en el tiempo, sino que sean suficientes para asegurar la seguridad alimentaria, la comercialización de los nuevos productos agrícolas y el fortalecimiento de las economías campesinas.
Asimismo, recalcaron que el proceso que adelantan busca convertirse en un ejemplo de trabajo comunitario y compromiso con la transformación del territorio, apostándole a la producción agrícola como motor de desarrollo local.
Finalmente, los campesinos de la cordillera del municipio de El Patía reiteraron su disposición de continuar con la erradicación manual y la siembra de alimentos, siempre que exista un acompañamiento real y permanente por parte del Estado que reconozca el esfuerzo que actualmente adelantan desde el campo y garantice oportunidades sostenibles para las futuras generaciones.