Aunque fue el pasado 27 de abril que la Fiscalía intervino la cadena de ropa Lili Pink en todo el territorio nacional, la investigación en contra de la empresa y de sus directivos data de varios años atrás y comenzó tras una serie de alertas detectadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
De acuerdo con documentos conocidos por la revista Semana, el origen del expediente se remonta al primer semestre de 2022, cuando autoridades tributarias identificaron movimientos considerados inusuales relacionados con importaciones provenientes de Panamá, creación de microempresas y operaciones financieras que despertaron sospechas dentro de la entidad.
Las alertas llevaron a que un grupo reducido de funcionarios de la Dian, junto con integrantes de la entonces cúpula de la Fiscalía, asumieran de manera reservada el seguimiento del caso para evitar posibles filtraciones.
En medio de ese proceso se adelantó una diligencia sorpresa el 31 de marzo de 2022 en la sede principal de Pink Life S.A.S., empresa matriz de Lili Pink, ubicada en Barranquilla.
Según la información revelada, el operativo se extendió durante cerca de diez horas y permitió la recolección de documentos contables, soportes físicos y material tecnológico perteneciente a la compañía.
“La investigación realizada desde el ámbito fiscal ha permitido evidenciar la posible existencia de operaciones inusuales o atípicas que, al no tener una justificación adecuada, se identifican como operaciones sospechosas”, señala una de las denuncias conocidas por el medio citado.
Dentro de las presuntas irregularidades detectadas aparecen importaciones ficticias, incrementos injustificados en facturación, deducciones tributarias inexistentes y empresas que compartían representantes legales o que, según las autoridades, no tenían capacidad financiera para soportar las operaciones reportadas.
Una de las líneas de investigación también se concentró en sociedades que realizaban importaciones desde Panamá y que posteriormente terminaban vinculadas con la comercialización de productos de Lili Pink y otras marcas asociadas.
“Esta sociedad se encuentra presuntamente comprometida en la investigación adelantada, dado que se evidencian operaciones posiblemente simuladas con terceros sin capacidad económica, financiera ni logística para proveer, en las cuantías indicadas por la sociedad, los bienes móviles declarados”, señala otro de los apartes del expediente.
La investigación también puso bajo la lupa la rápida creación y liquidación de empresas que, presuntamente, habrían sido utilizadas para justificar movimientos financieros, importaciones y circulación de mercancías.
“El giro ordinario del negocio aparentemente ha consistido en la venta de prendas de vestir, accesorios, ropa interior, etc., a través de almacenes de venta al detal (Lili Pink, YOI), a precios económicos con altos volúmenes de transacciones”, advierte el documento.
Las autoridades igualmente identificaron fenómenos asociados a posibles actividades de contrabando y lavado de activos, entre ellos cambios constantes de representantes legales, elevados endeudamientos y movimientos reiterados de socios.
Por su parte, la empresa ha rechazado los señalamientos y aseguró que las actuaciones hacen parte de una controversia jurídica aún en curso.
“Los hechos mencionados corresponden a una controversia jurídica en curso, no a conclusiones definitivas”, manifestó la compañía.