En Cali, la problemática de las invasiones ilegales sigue siendo un reto para las autoridades, pues según cifras del Concejo distrital, la ciudad cuenta con al menos 132 asentamientos subnormales en laderas y corregimientos, como Los Andes y Golondrinas.
Estas ocupaciones, que se dan en más de 200 puntos críticos, suelen estar motivadas por la necesidad de familias que levantan viviendas precarias en terrenos inestables o de alto riesgo.
Sin embargo, la Corte Constitucional ha señalado que no todos los casos responden a esa realidad, ya que, las invasiones a veces también cuentan con ocupaciones ilegales que buscan sacar provecho de bienes que son propiedad del municipio.
Uno de los ejemplos más recientes y llamativos es el de la mansión de Golondrinas, donde en lugar de cambuches improvisados, un particular levantó una lujosa construcción, de más de 5000 metros cuadrados, equivalente al estadio Pascual Guerrero.
La edificación, que cuenta con piscina, jacuzzi, ventanales con amplios balcones, parqueaderos y hasta palmeras sembradas junto al área de recreación, está valorada en más de mil millones de pesos, y fue construida durante meses, pese a que la Alcaldía había ordenado suspenderla en marzo de 2024, tras constatar que el terreno era de uso público.
El caso salió a la luz gracias a una denuncia ciudadana sobre la obra sin licencias. En la primera visita oficial, el corregidor confirmó que se trataba de un lote del distrito y ordenó detener los trabajos. Sin embargo, el ocupante hizo caso omiso y, en paralelo, interpuso siete tutelas para intentar quedarse con el predio.
Cinco de esos recursos fueron fallados en su contra, tanto en primera como en segunda instancia. Los jueces, además, lo sancionaron por el uso temerario de estas acciones y remitieron el caso a la comisión disciplinaria para investigar al abogado que lo representaba.
Aunque el predio fue recuperado en días pasados, la Alcaldía de Cali advirtió, recientemente, que la mansión no podrá mantenerse en pie y será demolida.
En cuanto al invasor que infringió las normas, este podría enfrentar diversas sanciones legales, pues el Código de Policía establece que quienes insistan en invadir predios públicos o privados se exponen a procesos penales, multas de hasta 300 salarios mínimos y penas de cárcel que van desde 48 hasta 120 meses, dependiendo del tipo de terreno.
Este caso hace parte de la estrategia de la administración distrital para recuperar espacios ocupados ilegalmente. Según la Secretaría de Seguridad y Justicia, en el último año se han recuperado cerca de 90 hectáreas en la zona rural y en cerros tutelares, aunque se trata de procesos largos y complejos.