A menos de un kilómetro donde fue situada la sede oficial de la COP16 en Cali, lugar en el que se pactaron compromisos globales en defensa de la biodiversidad, se reportó a El País Denuncia la destrucción sistemática de un bosque nativo y un humedal en el barrio Brisas de los Álamos.
La comunidad, conformada por más de 30.000 habitantes, acusa una supuesta inacción de las autoridades frente a un presunto ecocidio que ha transformado a un ecosistema protegido.
Y es que en dicho predio, se construiría un parqueadero de vehículos pesados, cuyo proceso de obra les ha causado diversas afectaciones y lo que reclaman, una gran problemática ambiental.
Esta es la situación entre Cali y Yumbo
La comunidad del barrio Brisas de los Álamos, al norte de la ciudad, ha emitido una denuncia en la que documentan a El País lo que califican como la destrucción de un bosque nativo, la desaparición de un humedal y la ocupación ilegal de vías públicas.
Este hecho, según señalan, ha ocurrido en un predio vecino con el Canal Acopi, en la zona límite entre los municipios de Cali y Yumbo.
Durante más de cinco años, el área natural, que según los residentes albergaba especies como zarigüeyas, iguanas, aves y anfibios, fue intervenida con maquinaria pesada, generando un relleno de tierra y escombros sobre el humedal y habilitándola como parqueadero para tractocamiones y vehículos de carga.
Los habitantes del sector han emprendido una serie de acciones legales y administrativas para proteger el entorno y exigir responsabilidades.
A través de derechos de petición enviados a entidades como la Curaduría Urbana, la CVC, las Secretarías de Planeación de Cali y Yumbo, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Vivienda, los ciudadanos han solicitado claridad sobre las licencias, competencias y decisiones que permitieron la intervención del predio.
Gustavo Adolfo Castro, residente del sector desde 1998, denunció a El País que en el área afectada existían 74 árboles, según resoluciones oficiales, los cuales ya no están.
“Había fauna, flora, y un humedal que está siendo rellenado con tierras traídas de otras partes”, expresó, añadiendo que el barrio ha perdido cerca del 25% de su cobertura vegetal.
A pesar de los reclamos, afirman que la falta de coordinación interinstitucional ha impedido una respuesta efectiva.
La comunidad considera que la ambigüedad en los límites territoriales entre Cali y Yumbo ha sido utilizada como justificación para no intervenir.
Según respuesta oficial de la CVC, el predio se encuentra en jurisdicción de Yumbo y ya “cuenta con permisos de explanación y aprovechamiento forestal”.
A lo que otro habitante, Alejandro Macías, señaló a este medio que la desaparición del bosque ha generado mayor bochorno, proliferación de roedores y partículas contaminantes, lo que afecta directamente la calidad de vida de los más de 30.000 residentes del barrio.
Macías también citó la Ley 388 de 1997, recordando que el interés colectivo y el ordenamiento territorial deben primar sobre el uso individual del suelo, algo que, según él, no se está cumpliendo en este caso.
Esto indicó la CVC sobre la obra
Por otro lado, en visita de vigilancia y control, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) confirmó haber otorgado permisos en el predio ubicado en jurisdicción de Yumbo.
De acuerdo con la entidad, se concedieron autorizaciones para explanación del terreno y para el aprovechamiento forestal de árboles existentes, aunque aclaran que la vegetación predominante corresponde a “rastrojo bajo”.
Asimismo, la CVC enfatizó que el terreno inspeccionado actualmente no se encuentra en operación y que las quejas de la comunidad podrían estar relacionadas con otro parqueadero que estaría dentro de la jurisdicción de Santiago de Cali, competencia del Dagma, presuntamente.
Por su parte, los habitantes del sector exigen respuestas puntuales de las autoridades sobre la responsabilidad del propietario del predio.
Así como la falta de sanciones, la ausencia de estudios técnicos sobre los impactos ambientales y la posible asignación del terreno por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a una empresa privada, situación que aún no ha sido aclarada.
Finalmente, tras la consulta realizada por El País Denuncia y la recopilación de información por parte de la comunidad, se espera que en septiembre se lleve a cabo una reunión con ambas administraciones para identificar soluciones concretas a esta problemática.
Lo invitamos a enviar sus denuncias a nuestro canal de WhatsApp 311 629 9843, junto con la información del caso y el material fotográfico.