Valle del Cauca

Tribunal Administrativo admite acción popular por dragado de Buenaventura impulsada por el exconcejal Juan Martín Bravo

El exconcejal afirmó que el debate sobre el dragado lleva más de una década, con anuncios y planes respaldados por Conpes y gobiernos, pero sin que las inversiones se hayan concretado.

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Uno de los puntos centrales del reclamo es la falta de profundidad adecuada en el canal de acceso, lo que limita el ingreso de embarcaciones de mayor calado. Esta condición, según Bravo, coloca a Buenaventura en desventaja frente a otros puertos de la región que sí han avanzado en obras de modernización. | Foto: Alejandro Acosta

28 de feb de 2026, 10:03 p. m.

Actualizado el 28 de feb de 2026, 10:03 p. m.

El debate sobre el dragado del canal de acceso al puerto de Buenaventura llegó formalmente a los estrados judiciales. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la acción popular presentada por el exconcejal Juan Martín Bravo, con la que se busca proteger derechos colectivos que, según el demandante, estarían comprometidos ante el rezago en la profundización del principal terminal marítimo del Pacífico colombiano.

La decisión quedó consignada en un auto interlocutorio fechado el 27 de febrero de 2026, mediante el cual se ordena notificar a las entidades accionadas, entre ellas el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías, la Dirección General Marítima y el Distrito de Buenaventura, las cuales deberán pronunciarse dentro del proceso y responder a los cuestionamientos planteados en la demanda.

La actual draga china que realiza labores de dragado en el canal del acceso al Puerto de Barranquilla
La preocupación sobre el dragado no es exclusiva del ámbito político, pues diversos sectores económicos han alertado sobre el impacto que tendría mantener un canal con limitaciones de calado. | Foto: DIMAR

La admisión de la acción fue celebrada por Bravo, quien destacó que se trata de un paso clave para abrir un debate jurídico de fondo sobre la competitividad del puerto.

“Es un excelente logro que el Tribunal haya admitido esta demanda, dada la importancia que tiene Buenaventura como el puerto más importante de Colombia, el cual mueve cerca del 35% del comercio exterior del país”, afirmó.

El exconcejal insistió en que la discusión sobre el dragado no es nueva, y recordó que durante más de una década se han anunciado inversiones y planes para fortalecer la infraestructura portuaria, respaldados incluso por documentos Conpes y compromisos de distintos gobiernos, pero que esas iniciativas no se han concretado.

“Son más de 12 años en los que, a través de documentos Conpes y anuncios de diferentes gobiernos, se ha hablado de grandes inversiones para hacer competitivo este puerto, pero nunca se han materializado”, señaló.

Uno de los puntos centrales del reclamo es la falta de profundidad adecuada en el canal de acceso, lo que limita el ingreso de embarcaciones de mayor calado. Esta condición, según Bravo, coloca a Buenaventura en desventaja frente a otros puertos de la región que sí han avanzado en obras de modernización.

En ese contexto mencionó al Puerto del Callao, el cual actualmente permite el arribo de grandes buques gracias a sus condiciones de profundidad.

Puerto de Buenaventura
La decisión del Tribunal marca así el inicio de un debate que trasciende lo técnico y lo jurídico, y que pone en el centro la necesidad de definir el rumbo del principal puerto del país sobre el Pacífico y su papel en el comercio exterior colombiano. | Foto: Bernardo Peña

“El puerto de Callao, en Perú, hoy está tomando suma importancia y relevancia por las profundidades que permiten el ingreso de grandes embarcaciones, mientras Buenaventura está quedando en el olvido”, advirtió.

A su juicio, esta situación repercute directamente en la competitividad del Valle del Cauca y en la capacidad del país para aprovechar su posición estratégica sobre el océano Pacífico.

Cabe mencionar que la preocupación no es exclusiva del ámbito político, pues diversos sectores económicos han alertado sobre el impacto que tendría mantener un canal con limitaciones de calado. Según argumentan, esta condición restringe la llegada de nuevas rutas marítimas, incrementa los costos logísticos y reduce la frecuencia de servicios, factores que inciden en la dinámica del comercio exterior.

Con la admisión de la acción popular, el Tribunal determinó que el caso cumple los requisitos formales para su estudio. Ahora se abre una etapa procesal en la que se analizará si existe una posible vulneración de derechos colectivos como el goce de un ambiente sano, la defensa del patrimonio público, la libre competencia y la prestación eficiente del servicio público de transporte.

Para Juan Martín Bravo, el proceso judicial representa un punto de inflexión en una discusión que ha permanecido, según él, en el terreno de los anuncios.

“Lo que buscamos es que se tomen decisiones estructurales y definitivas. Buenaventura no puede seguir perdiendo terreno mientras otros puertos de la región avanzan”, concluyó.

La decisión del Tribunal marca así el inicio de un debate que trasciende lo técnico y lo jurídico, y que pone en el centro la necesidad de definir el rumbo del principal puerto del país sobre el Pacífico y su papel en el comercio exterior colombiano.

Ariadna María Orozco, reportera de El País. Comunicadora social y periodista con experiencia en medios escritos, televisivos, radiales y digitales. Ha participado en la cobertura de eventos deportivos de relevancia nacional y en programas especiales para noticieros regionales, especialmente en el Valle del Cauca.

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