“La Paz Total es un fracaso que alteró el orden público en el Valle”. Guillermo Londoño, secretario de Seguridad del Valle

Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca, le ha tocado enfrentar una de las épocas más complejas para el departamento, con la expansión de organizaciones criminales en la región y con la amenaza del terrorismo, la extorsión y el secuestro latentes en sus 42 municipios. Le explicó a El País qué se hace desde la Gobernación para contrarrestar la violencia y la inseguridad.

En los últimos días la tasa de seguridad del Valle ha recibido críticas de algunos sectores, ¿cuánto se ha recaudado desde el 2017 a través de este tributo y en qué se ha invertido?

Desde el 2017 la gobernadora Dilian Francisca Toro, en su primer mandato, creó la tasa de seguridad en respuesta a unas necesidades que tenía el Departamento. También creó la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana, pionera en el país como dependencia especializada en atender los temas de seguridad, orden público y convivencia. Esa Secretaría requería una fuente de financiamiento y se priorizó, a través de lo que se conoce como la tasa de seguridad que solo se le cobra a los estratos 4, 5 y 6, y al comercio y la actividad industrial.

En estos ocho años se han recogido alrededor de $ 200.000 millones y se ha tenido una ejecución de cerca de $ 194.000 millones, direccionados a fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública en todos los organismos de seguridad, desde la Policía, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Fiscalía y la Fuerza Naval del Pacífico, que hace presencia en el puerto Buenaventura.

Se invirtió en el Centro de Gestión de Emergencia y Seguridad, CGES, ubicado en Buga, que permite una capacidad tecnológica para atender y monitorear los temas de seguridad. Se han comprado aproximadamente 300 motocicletas, se han adquirido chalecos antibalas, cascos balísticos, vehículos.

Con estos recursos se logró la adquisición de sistemas antidrones el año pasado para poder realizar la COP16, y se garantizan los víveres para que las unidades especiales puedan estar en zonas rurales conteniendo la amenaza del terrorismo y se apalanca el fondo de recompensas que ayuda a la desarticulación de objetivos de alto valor para el departamento.

¿Ha habido un incremento de la presencia de grupos armados al margen de la ley en el departamento en los últimos años?

Sí, hemos identificado, a través del CGES, que el Estado Mayor Central -disidencias de las Farc- en los últimos tres años ha tenido un fortalecimiento y un accionar terrorista que ha demandado que el Gobierno Departamental tenga que enfrentar el orden público con una mayor capacidad.

Por eso, la Gobernadora ha priorizado que haya unas bases militares con una capacidad que permita contener esa amenaza. Es el caso del batallón que estará en la zona rural de Jamundí; hay otro batallón de alta montaña que está Paila Arriba, en jurisdicción entre Bugalagrande y Sevilla. Otro más en la zona rural de Barragán, en el municipio de Tuluá, y uno nuevo que estará en la jurisdicción de Florida, que será un puesto de mando mixto, donde esperamos estén la Policía y el Ejército, para que permita controlar los corredores viales que conectan al Cauca con el Valle.

Cartago ha sido siempre un municipio muy crítico en temas de seguridad. ¿Hay presencia del Clan del Golfo en esa zona?

En el norte del Valle ha sido evidente la presencia del Clan del Golfo, sobre todo en un corredor estratégico que conecta al Chocó con el Valle, que es el Cañón de Garrapatas. Ahí ha habido una disputa con el ELN, pues es un corredor del narcotráfico, que es a lo que se dedican estos grupos y que ha hecho que la Gobernadora haya tenido que reforzar, sobre todo en la jurisdicción de El Dovio y sus alrededores con lo que se conoce como el Escuadrón Femenino de operaciones rurales.

Se está trabajando también con los empresarios, para lograr robustecer las capacidades de nuestra Fuerza Pública en esa zona, para que esa expansión pueda detenerse.

¿Cómo está hoy la situación en Buenaventura?

En el mes de abril tuvimos una ola de violencia y un enfrentamiento entre Chiquillos y Chotas. La Gobernadora ordena el traslado del gabinete departamental, despliega un plan de intervención que llevó consigo el reforzamiento del dispositivo policial con más 100 hombres. En esa intervención se logró golpear las tres estructuras que estaban generando estos enfrentamientos.

A partir de ello se sacó un plan de seguridad especial para Semana Santa que llevó consigo una estrategia de corredores seguros fluviales y marítimos para que con nuestros guardacostas y la Fuerza Naval del Pacífico pudiéramos cubrir cada uno de esos lugares a donde los turistas iban a llegar. A la par de eso se pusieron sistemas de georreferenciación -que son realmente alarmas satelitales- en los botes de cabotaje que transportan la carga en Buenaventura y estos, a través de un sistema electrónico, son monitoreados por la Capitanía de Puerto.

Las estructuras allí han sido fuertemente golpeadas, pero también ha habido una inversión de recursos muy importante. En este momento a Buenaventura le están instalando 200 cámaras de videovigilancia y se está construyendo su centro de monitoreo, a través de un proyecto que presentó la Gobernadora a Fonsecon, donde puso una contrapartida de $ 2300 millones, con unos recursos del Ministerio del Interior y se están robusteciendo esas capacidades para poder contener estas estructuras que permanentemente quieren hacer daño.

La situación de las estructuras que hacen presencia en el puerto no es fácil, también hay que decir que allí hay una instancia del Gobierno Nacional que se encuentra en diálogos, de la cual el Departamento no participa, pero la Gobernadora se ha llevado toda la oferta institucional en términos de programas y de becas. La Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana tiene allí un programa que se llama Fuerza Joven por el Valle, que les permite a los jóvenes ingresar a la Fuerza Pública a través de unos incentivos, en donde tenemos 500 cupos para la Policía y 500 para el Ejército cada año y particularmente en Buenaventura es donde más éxito hemos tenido en las convocatorias.

Pareciera que la situación está un poco más calmada en Tuluá...

Desde el año pasado, cuando llega la gobernadora Dilian Francisca, se toman unas acciones ofensivas contra la estructura criminal La Inmaculada. Se ponen unas capacidades a disposición de la Policía, se traen unidades especiales de Bogotá y se inician operaciones con recursos de la Gobernación, a través de su fondo de recompensas, que permiten la captura, por ejemplo, del segundo cabecilla de la Inmaculada, alias Nacho y se empieza a golpear la estructura en distintas líneas de trabajo.

Se afectan sus finanzas, se dan golpes contra la extorsión, el enriquecimiento ilícito, se decomisan bienes y propiedades que considerábamos que estaban al servicio de esta estructura y vemos cómo esta empieza a perder terreno en el municipio.

Este año, el 4 junio -lo recuerdo porque ese día me posesioné como secretario-, trasladan a alias Pipe Tuluá de una cárcel de máxima seguridad a la Dijín, por un anuncio del Gobierno de que lo iba a extraditar y se presentan una serie de hechos, como la quema de vehículos, y la intención de sabotear la Feria de Tuluá, a lo que el Gobierno Departamental fue contundente en su respuesta. Se trasladan tropas de la Tercera Brigada del Ejército, unidades especiales de Policía y la apuesta fue no cancelar la Feria. Se dispusieron los recursos necesarios para que se realizara, pero, sobre todo, para que el mensaje fuera claro: que el Estado tiene el control del territorio, y nosotros no podemos dejarnos intimidar de ninguna estructura criminal.

¿Cómo se está trabajando en Jamundí y en Cali para evitar nuevos golpes del terrorismo?

Este año se han tenido afectaciones muy graves por parte de la estructura Jaime Martínez, que hace parte del EMC. La última fue la del 21 de agosto en la Base Aérea, donde murieron 6 personas y hubo más de 80 heridos. La Gobernación, a través de su sistema departamental de seguridad, adelanta acciones de articulación, pero sobre todo de gestión de crisis, que permitan fortalecer la respuesta institucional, la capacidad de la Fuerza Pública, la adquisición de tecnología y la inversión en herramientas para anticiparnos a hechos de violencia. La lucha contra el terrorismo no es sencilla. Demanda no solo una gran inversión, sino un gran nivel de articulación. Esto le ha costado amenazas a la Gobernadora.

El 1 de enero del 2024, el primer acto de gobierno de la Gobernadora fue un Consejo de Seguridad Metropolitano en la Escuela Marco Fidel Suárez, donde ella anunciaba la retoma de la zona rural por parte del Ejército, pero también la instalación de un nuevo batallón de alta montaña que se ha denominado Coraza, porque es el nombre de la operación que allí se ha desarrollado. Ahí hay una apuesta clara, son $ 7900 millones que se van a invertir en la construcción de esa base militar, y la decisión política del Gobierno Departamental es no ceder en esa apuesta. Es claro que el Estado no puede aflojar la ofensiva contra la estructura Jaime Martínez, porque es la que ha generado todas estas acciones que han afectado a Cali y Jamundí. El año pasado veíamos cómo se ponían motos bombas, se afectaba la comunidad, el comercio, se generaba zozobra.

Hoy hay una gran capacidad de trabajo entre todas las instituciones, tanto la Alcaldía Distrital, la Gobernación del Valle, la Fuerza Pública y lo que se ha pedido con claridad al Gobierno Nacional es afrontar con decisión que en la parte alta de Jamundí hay un tema de cultivos ilícitos, que hay una fuente de financiamiento y que hemos hecho esfuerzos enormes para que esta se afecte.

Hace quince meses la Gobernadora inició unas acciones para que desmonten estaciones de combustible ubicadas en la parte alta, específicamente en la Liberia y La Cabaña, que consumen casi la mitad del combustible que consume una ciudad como Cali, hechos absolutamente inexplicables. La demanda ha sido clara y es que las alcaldías otorgan el permiso de construcción, pero es la Nación la que da el permiso de suministrar el combustible. Eso lo ha expuesto ella con claridad ante el Gobierno Nacional. En el último consejo de seguridad con el Ministro de Defensa lo expuso de esa manera y por eso se está buscando que esas estaciones de combustible, que no están cumpliendo una labor de darle combustible al campesino o al ciudadano, sino que están al servicio de estas estructuras criminales, puedan ser cerradas.

¿Han crecido los casos de secuestro en el Valle?

Sí hemos tenido un incremento y han ocurrido situaciones como la de Sevilla. No todas responden a secuestros extorsivos, sino a ajustes entre estructuras criminales, pero sigue siendo uno de los delitos a los que más le pone cuidado el Gobierno Departamental.

Para nosotros es muy importante lograr que el ciudadano no caiga en delitos como el falso servicio, que termina convirtiéndose en un secuestro y es una de las modalidades que sí puede estar creciendo, porque todos los días tenemos reportes de ese tipo. El falso servicio es que lo llaman a usted a pedirle un servicio, lo citan a una zona rural, cuando usted llega, pierde la señal del celular e inmediatamente llaman a un familiar a decirle que lo tienen retenido, que deben pagar, hacer una transferencia a través de una plataforma digital para que lo dejen ir, pero realmente la persona nunca está detenida. Estamos haciendo un esfuerzo enorme para que el ciudadano esté enterado, sepa cómo responder y a qué instancia acudir para que, a través de nuestra Fuerza Pública, pueda ser rápidamente atendido.

¿Cree que el gobierno Petro no ha entregado los recursos suficientes para la defensa o que su Política de Paz Total ha permitido que se expandan las organizaciones criminales en el Valle?

Creo que la Paz Total es un fracaso, que las graves alteraciones al orden público que tenemos son precisamente resultado de eso. Creo que al Ministerio de Defensa le han reducido en los últimos años el presupuesto y que las entidades territoriales hemos tenido que asumir eso con recursos propios y herramientas como la tasa de seguridad, que es un modelo tan bueno que hasta Antioquia lo copió, porque la seguridad demanda recursos.

Cada vehículo que se mueve, cada soldado y policía que se despliega en una zona, debe tener las herramientas para poder cumplir la misión constitucional. Y eso se traduce en combustible, en víveres, en logística, en capacidades, en tecnología. Las labores de inteligencia no solamente son humanas, también son técnicas. Y requieren esos recursos.

La famosa figura de gastos reservados que solamente tiene el Ministerio de Defensa la han reducido y todas esas necesidades las terminan resolviendo las entidades territoriales. Entonces, por supuesto que es un enorme reto para nosotros poder soportar esa carga, si desde la Nación no se destinan los recursos que demanda la seguridad, para que se pueda cumplir la tarea.