Crisis de la salud en el Valle: gobernadora Dilian Francisca Toro interpuso acción popular ante la emergencia en la región

La Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, anunció que interpuso una acción popular para defender el derecho a la salud de más de un millón de vallecaucanos, ante la crisis humanitaria que vive el departamento y que se agudiza por la falta de pago a la red pública y privada por parte de las EPS intervenidas por el Gobierno nacional.

Esto ha generado el cierre de 2.000 servicios, la pérdida de 2.400 empleos y un colapso por sobreocupación en la prestación de servicios y en el suministro de medicamentos.

“Durante meses hemos insistido, hemos hecho seguimiento y hemos buscado soluciones, pero la realidad que viven miles de familias nos obliga a actuar. Esta no es una pelea política. Es una defensa de la vida, de la dignidad de los pacientes y de los recursos públicos que deben llegar a donde más se necesitan: a la atención de la gente”, dijo la gobernadora Dilian Francisca Toro frente a esta acción constitucional.

De acuerdo con la mandataria, con la acción popular ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, “le pedimos a la justicia medidas urgentes para garantizar la entrega oportuna de medicamentos, el pago de las deudas que tienen en crisis a nuestros hospitales y un seguimiento permanente para que los compromisos se cumplan”.

La medida se suma a la declaratoria de emergencia humanitaria en salud y a la advertencia hecha por la gobernadora sobre el impacto generado por la falta de oportunidad en los pagos y la insuficiencia de los recursos girados por las EPS intervenidas por el Gobierno nacional a clínicas y hospitales.

Agregó, a través de un comunicado, que esta situación pone en riesgo la continuidad en la prestación de los servicios de salud, al punto de que la red pública podría verse obligada a suspender la atención de usuarios afiliados a EPS como Emssanar, Coosalud y Asmet Salud.

¿En qué consiste la acción popular?

Diana Lorena Vanegas, directora del Departamento Administrativo de Jurídica de la Gobernación, detalló que tras solicitarse la reactivación de acciones enfocadas a garantizar los recursos y la prestación del servicio de salud, la acción popular representa “mayor inmediatez a medidas cautelativas que pueden evitar que estos derechos colectivos y sociales de la comunidad, que son inherentes a la misma salud, que incluso pueden conexar con el derecho a la vida, sean atendidos de una forma prioritaria”.

Desde el Gobierno departamental informaron que adelantan jornadas descentralizadas de salud en los municipios, sin costo, para brindar atención con especialistas y también han entregado recursos económicos para el pago de nómina de los hospitales.

“No podemos aceptar que una madre tenga que recorrer varias farmacias para conseguir el medicamento de su hijo; que un adulto mayor espere meses por una cita o un tratamiento; o que nuestros hospitales sigan atendiendo urgencias desbordadas mientras enfrentan una crisis financiera causada por millonarias deudas. A cada vallecaucano quiero decirle que no está solo. Vamos a defender su derecho a una atención digna, oportuna y de calidad. Porque la salud no es un privilegio ni un favor: es un derecho, y lo vamos a defender con toda la fuerza de la ley”, agregó la mandataria.

A la fecha, las EPS intervenidas por el Gobierno nacional adeudan al Valle del Cauca una cartera superior a los 7 billones de pesos tanto para instituciones de salud públicas como privadas.