Concejales y congresistas tomaron acciones legales tras actos de “terrorismo” cerca a Univalle

La denuncia presentada por los concejales y representantes a la Cámara, surge tras los graves hechos de la tarde del 18 de septiembre, día en el que Cali vivió momentos de zozobra por los disturbios registrados en inmediaciones de la Universidad del Valle, sede Meléndez. Un grupo de encapuchados salió del campus y protagonizó bloqueos en varios corredores viales estratégicos del sur de la ciudad.

Los desmanes incluyeron la quema de dos tractomulas, identificadas con placas SOQ-543 y SOQ-546, que fueron retenidas por la fuerza a sus conductores. La acción generó pánico entre vecinos y transeúntes, así como entre quienes se encontraban en los centros comerciales cercanos como Jardín Plaza y Unicentro.

En medio de los disturbios también fue hurtada una motocicleta oficial de la Secretaría de Movilidad, de placas FMG-63G. El vehículo fue ingresado al campus universitario, paseado por los encapuchados y posteriormente incinerado en las afueras de la institución, un hecho que incrementó la indignación ciudadana.

Ante esta situación, se radicó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por el concejal Juan Felipe Murgueitio, el representante a la Cámara Christian Garcés, el diputado Rafael Rodríguez y Santiago Castro, para exigir que se investigue y se judicialice a los responsables. Los funcionarios calificaron los hechos como terrorismo, hurto y obstrucción de vías que afectan el orden público.

En el documento radicado, los firmantes advirtieron que el campus universitario carece de controles suficientes para identificar a quienes ingresan, lo que facilita la presencia de grupos al margen de la ley que, según señalaron, “instrumentalizan a jóvenes para cometer actos ilegales”

“El sur de Cali no puede seguir siendo escenario de violencia y miedo. La ciudadanía exige respuestas y resultados”, manifestó Murgueitio en su intervención. Por su parte, el representante Garcés insistió en que los hechos no pueden quedar en la impunidad: “Estamos pidiendo que la Fiscalía actúe con contundencia para proteger a la comunidad y sancionar a quienes atentan contra la seguridad ciudadana”.

Los líderes políticos anexaron pruebas documentales como documentos de identidad, actas de posesión, fotografías y videos de los encapuchados durante los hechos y se comprometieron a ampliar su declaración bajo juramento para aportar información adicional que ayude a identificar a los responsables.

Cabe recordar que, tras los disturbios, la Alcaldía de Cali y la Policía Metropolitana anunciaron una recompensa millonaria de $50 millones por información que conduzca a la identificación y captura de los responsables, en un esfuerzo conjunto para devolver la tranquilidad al sector y prevenir nuevos ataques.