En el muro de Facebook de la comunidad de Ampudia, corregimiento de Jamundí, un anónimo escribió:

“Hoy lloramos de la impotencia de ver cómo, en cuestión de minutos, nuestro amado terruño quedó reducido a solo un pueblo fantasma. Estamos pagando los resultados de una guerra ajena. Ampudia, ese rinconcito hermoso de Jamundí, hoy tiene el alma rota”.

En la foto del perfil hay una paloma, unas flores blancas y una cinta negra, como una señal de que la paz ha muerto.

En los alrededores del pueblo se han registrado combates entre el Ejército y la disidencia de las Farc Jaime Martínez, lo que causó el desplazamiento de casi 500 personas y esparció el miedo.

Nadie que no sea de Ampudia sube al corregimiento. A esta vereda, rodeada de ríos, charcos y minas de carbón, la guerra le cerró los caminos.

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A los colombianos, el conflicto armado nos ha enseñado nuestra geografía. Si no fuera por la violencia, desconoceríamos la existencia de decenas de pueblos y veredas como Ampudia, a la que se llega desde el sur de Cali en aproximadamente una hora y 45 minutos.

 Primero se conduce hasta la glorieta del Hospital Piloto de Jamundí, y se toma la vía hacia Suárez, Cauca; se pasa Potrerito, Río Claro y, a 100 metros, hay una ‘Y’ que sube hasta la vereda.

La mayoría de la gente vive sobre la calle principal, aunque hay casas desperdigadas en las montañas de los alrededores. En algunas viviendas se observan banderas blancas en balcones y ventanas, como recordatorio a los actores armados de que la guerra es entre ellos, no con la población civil.

Sus habitantes se dedican a la agricultura, el ecoturismo, la minería, la construcción o a trabajar en el casco urbano de Jamundí, atendiendo las cajas de los supermercados o como auxiliares de enfermería, jardineros, entre otros oficios.

Para salir y entrar de la vereda, todos deben portar un carné que expide la Junta de Acción Comunal, en el que se certifica que esa persona es del territorio. El documento lo exigen los grupos armados ilegales cuando realizan retenes. Algunos habitantes también portan cartas de las empresas en las que trabajan, donde constan sus horarios de ingreso y salida. Quien no tenga consigo el carné es retenido. Para lograr la libertad se paga una multa en dinero o con trabajos forzados que deciden los guerrilleros.

— Desde hace más de un año, quienes vivimos en la parte alta de Jamundí debemos portar el carné. En mi caso, he llegado al punto de no andar con la cédula, sino con el carné, —dice un habitante de la zona que pide la reserva de su identidad.

Las normas de tránsito también las imponen los grupos armados ilegales. A los motociclistas se les prohíbe el uso del casco; si se va por ahí en vehículo, los vidrios deben estar abajo. Todos deben transitar despacio. Las disidencias de las Farc son la autoridad en la zona, deciden quién entra y quién sale.

La razón, explica Lina Tabares, defensora de derechos humanos, es que Ampudia es la puerta de entrada hacia el sector alto de Jamundí, el primer corregimiento para comenzar a subir hacia donde se encuentran los cultivos de coca.

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El 21 de febrero de 2024, la Defensoría del Pueblo lo había advertido. En la Alerta Temprana de Inminencia 005–24, dijo:

“Hay una alta probabilidad de riesgos de afectación a los derechos de la población residente y en tránsito de los sectores de media y alta montaña de Jamundí, debido al endurecimiento de los mecanismos de control territorial y social por parte de las comisiones del Frente Jaime Martínez del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, adscritas al Estado Mayor Central”.

La entidad denunció retenciones, secuestros, homicidios, restricciones a la movilidad, imposición de horarios, retenes ilegales, extorsiones y reclutamiento forzado que han afectado a habitantes de Ampudia, pero también a Villa Colombia, La Liberia, La Meseta, San Antonio, San Vicente, Puente Peláez, Timba, Potrerito y Robles, el corredor que comunica a los municipios de Buenos Aires y Suárez, en el Cauca, con Buenaventura. Es una ruta que las disidencias, dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal, utilizan para mover droga, armas y oro hasta el mar.

A los líderes sociales que se oponen a sus reglas los asesinan. Le sucedió a Yeri Edwin Gaitán, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Villa Colombia, a quien mataron el 1 de julio de 2024. Su cuerpo fue encontrado en la cancha de Ampudia, una forma de los guerrilleros de mandar una advertencia.

— La gente vive con miedo en la zona alta de Jamundí. La seguridad del territorio empezó a deteriorarse después de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc en 2016 —dice la defensora de derechos humanos Lina Tabares.

Tras la salida de los entonces guerrilleros de esas montañas, el Estado no copó el territorio y comenzaron a llegar nuevos grupos armados ilegales. Primero el EPL. Después las disidencias de las Farc, que en 2020 ya estaban consolidadas. Aprovecharon la pandemia del coronavirus y el estallido social de 2021 para expandir su poder. Debido a la poca presencia de la Fuerza Pública y del Estado en general, eran ellos quienes ponían las normas de convivencia en la pandemia y comenzaron a reclutar jovencitos.

En la fundación Fundterpaz, un reporte asegura que, desde enero de 2024 a abril de 2025, 123 menores de edad han sido reclutados en Jamundí y su zona rural.

— Los trasladan al Cauca, al Huila, a Nariño, a Chocó, y así mismo los que reclutan en otros departamentos los traen para el Valle. Por eso es tan difícil seguirles el hilo a los niños reclutados —denuncia Lina Tabares.

La conclusión de la Defensoría del Pueblo es que existe un dominio y control “absoluto” del territorio de media y alta montaña de Jamundí y sus habitantes por parte del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

Ni la Secretaría de Seguridad del Valle, ni la Tercera Brigada del Ejército se pronunciaron al respecto, pese a ser consultados.

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El corregimiento de San Antonio es vecino de Ampudia. Allí su gente se dedica al turismo de descanso y naturaleza. Hay alrededor de 20 alojamientos que programan rutas de avistamiento de aves, charcos, zonas cafeteras. Esta semana, varios de sus líderes se reunieron para buscar alternativas. Aunque en San Antonio no está ocurriendo el conflicto directamente, la gente no volvió.

— Para explicarlo de manera sencilla, el turismo nuestro está en una jugada maestra del ajedrez: jaque mate. Porque no es que haya bajado en un 40% o 60%; el turismo en San Antonio bajó un 100% —dijo un empresario que pidió la reserva de su nombre.

Aunque en San Antonio no se presentan combates entre el Ejército y las disidencias de las Farc, el conflicto deja efectos colaterales. A los turistas que van a San Antonio, los hospedajes les hacen un ‘conduce’, una carta que envían en PDF al WhatsApp de cada cliente, para, en caso de un retén de las disidencias, mostrarla. Como el carné de los habitantes de la zona.

— Es un ‘modus operandi’ que tenemos hace más de un año y no hemos tenido problemas hasta ahora. Y siempre le hacemos seguimiento a nuestros turistas. A los turistas no les ha pasado nada, los grupos armados ilegales han dicho que no les interesa meterse con ellos. Pero ya la gente no viene por el miedo de lo que pasa en otras partes vecinas. En San Antonio, repito, no hay ningún problema, pero en Villa Colombia y en Ampudia eso a cada rato se prende. Acá se escuchan los helicópteros y las explosiones —explica un empresario del turismo.

Hasta las clases presenciales en la escuela de Ampudia se suspendieron debido a los combates. De momento, los niños reciben formación remota, informó la secretaria de Seguridad y Convivencia de Jamundí, María Censión Arboleda Llanos.

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En Villa Colombia, zona alta de Jamundí, se presentó una asonada contra el Ejército. Lo que se dice —sin pruebas— es que los campesinos agredieron y retuvieron a 77 soldados por orden de la disidencia Jaime Martínez de las Farc.

Lo sucedido en ese punto de la zona alta de Jamundí no representa sin embargo el sentir de toda la comunidad en el sector rural. La mayoría aplaude y anhela la presencia del Ejército, aunque lejos de sus pueblos, para no quedar en medio del fuego cruzado, como ya ha sucedido.

Además, señalan, a la ofensiva militar se le debe añadir inversión social que les permita fomentar el turismo, sustituir los cultivos ilícitos y retornar a la paz que se acostumbraba.

— Es cumplir el primer punto del acuerdo de paz: la reforma rural integral. Esa es la salida a la guerra en la parte alta de Jamundí —dice Lina Tabares.

Por ahora en Ampudia no se oyen risas de niños en los patios del colegio, ni turistas disfrutando de sus charcos o campesinos sacando sus cosechas por la carretera. Lo que se escucha es el zumbido lejano de helicópteros y el silencio espeso de una comunidad que aprendió a sobrevivir sin ser libre.

Pese a todo, la gente resiste mientras pide algo elemental: que el Estado no llegue solo con rifles, sino con oportunidades para que la paz no sea una paloma en un perfil de Facebook, sino la cotidianidad en estas montañas.