Jep sigue generando polémica por su ley estatutaria

Sigue polémica por fallo sobre ley estatutaria de la JEP

Mayo 30, 2019 - 11:30 p.m. Por:
Redacción de El País y Colprensa
Magistrados

El magistrado Antonio José Lizarazo redactó la ponencia que hundió las objeciones a la Estatutaria de la JEP. Lo acompaña Gloria Estela Ortiz, presidenta de la Corte Constitucional.

Colprensa

Ante la decisión de la Corte Constitucional de declarar hundidas las objeciones a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el Congreso, el alto comisionado para la Paz, Miguel Antonio Ceballos, dijo este jueves que el Gobierno evaluará los caminos legales y constitucionales para solucionar los vacíos e inconveniencias que, se considera, tiene la citada norma.

El funcionario afirmó que “hoy se confirma que las preocupaciones y las dudas que tenía el Gobierno eran y siguen siendo relevantes” y que “ni una de esas objeciones fue analizada, porque en Senado y Cámara decidieron votar en bloque. Ahí Colombia perdió una gran oportunidad”.

Por esa razón, Ceballos explicó que “aunque efectivamente hay una sentencia de la Corte Constitucional, que hace tránsito a cosa juzgada, el Gobierno cuenta con caminos legales y constitucionales para solucionar los vacíos y las inconveniencias que en su momento el Presidente le manifestó al país”.

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Reiteró que “los canales institucionales permiten que el Presidente, en ejercicio de su iniciativa legislativa, pueda presentar proyectos para superar esas dificultades” y se refirió específicamente a la importancia de “evitar los colados, evitar problemas como el que se presentó con ‘Jesús Santrich’ sobre la práctica de pruebas, evitar que haya terceras personas que sin ser de las Farc se aprovechen de ese mecanismo de la no extradición y que aquellas que están acusadas de delitos de lesa humanidad sean investigadas, y de esa manera se haga justicia y se evite la impunidad”.

Ceballos destacó que ya está en marcha en el Congreso un proyecto de acto legislativo que busca sancionar a las personas que, habiendo sido combatientes, cometieron abusos sexuales contra niños y adolescentes y recordó que el Partido Liberal anunció la presentación de una ley interpretativa que pretende “evitar que terceras personas, que no hicieron parte de las Farc y se quieren beneficiar de la no extradición, tengan la posibilidad de hacerlo”.

A su vez, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, indicó ayer que “recibimos la noticia con el respeto debido a las decisiones judiciales, como corresponde en un estado de derecho, y con tranquilidad porque se nos entrega por fin el instrumento con el que completamos el marco normativo y que nos da la posibilidad, aún más, de garantizar principios esenciales como el debido proceso, seguridad jurídica y avanzar con más celeridad manteniendo la rigurosidad en los procesos y casos que nos corresponden”.

De igual forma, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia anunció que acoge “con beneplácito” la decisión de la Corte sobre las objeciones y “el subsecuente anuncio del Presidente de la República sobre su futura sanción y promulgación”, porque “contribuyen a disminuir la incertidumbre jurídica y permiten conferirle a la JEP un marco jurídico claro sobre sus procedimientos y su funcionamiento”.

Mala racha

Pese a lo dicho por el Alto Comisionado, según analistas, tras lo decidido con las objeciones el panorama para el Jefe de Estado es complicado, sobre todo porque no logró concretar un acuerdo con los partidos de Gobierno y los independientes para sacar adelante un pacto nacional para reformar aspectos relacionados con el narcotráfico y la extradición incluidos en el Acuerdo de Paz con las Farc, ya que las distintas colectividades dijeron que esperarían el fallo del alto tribunal conocido el martes para tomar una decisión al respecto.

Mauricio Jaramillo, analista, considera que Iván Duque sabía que no tenía margen de maniobra para que las objeciones fueran aprobadas, pero decidió acoger la petición de su partido, el Centro Democrático, debido a que fue una promesa de campaña, pero agrega que el costo político también es para la Corte Constitucional, debido a que profirió un fallo que ahonda su impopularidad.

Entre tanto, el también analista Carlos Andrés Arias señala que la factura política que la situación le pasará al Mandatario se reflejará en la deslegitimidad que se reafirmará en el Legislativo, donde la mayoría de las iniciativas del Gobierno no han pasado: “Al Presidente no le sale nada”.

Y el politólogo John Mario González afirma que todo es consecuencia de la falta de brújula del Ejecutivo y de siempre intentar ponerle zancadillas al proceso de paz mientras se dice que sí lo acepta.

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