Sigue la polémica por reparos a encuentro de la JEP con la CIDH

La decisión de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de contribuir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “con información de carácter general sobre los avances, retos y desafíos que presenta un año después de entrar en funcionamiento, en materia de protección efectiva a las víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos”, fue motivo de discordia con el Gobierno Nacional.

Tanto, que la Cancillería de la República envió una carta a la Comisión para que cancelara dicha reunión. Sin embargo, a través de un comunicado, la CIDH confirmó su competencia ante la solicitud de la JEP y precisó que el encuentro se hará de manera privada.

Así las cosas, y como indicó la magistrada Patricia Linares, presidenta de la JEP, este 9 de mayo se presentará un reporte “sobre cómo va el trabajo de la justicia transicional, teniendo en cuenta que la CIDH tiene un mandato de monitoreo a la implementación de los Acuerdos de Paz”.

Aunque en varios sectores se calificó la situación como un ‘choque de trenes’, el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González Posso, no le da esa dimensión.

Para él, el canciller Carlos Holmes Trujillo “está desinformado sobre las potestades que tiene la JEP”. Además, advirtó que este no es un procedimiento diplomático que requiera la gestión o el permiso del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Creo que hay mucha prevención del Canciller que enrarece el ambiente. Tampoco se trata de miedo sobre lo que allí se pueda contar, sino que es más bien una manera de imponer su jerarquía, pero este es un principio equivocado de autoridad”, agregó.

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Mientras, Álvaro Leyva, uno de facilitadores en la negociación entre el Gobierno y las Farc, sostuvo que con esta acción Trujillo ‘peló el cobre’ al tratar de “bloquear” la JEP.

Pero el jefe de la diplomacia colombiana salió al paso de las acusaciones e indicó que esta situación no se debe interpretar “como una persecución a esta Jurisdicción, sino la preocupación de un Estado que es sujeto único de derechos y obligaciones ante los organismos internacionales, y esta entidad, siendo parte del mismo, no debería presentarse por cuenta propia”.

Insistió en que se trata de una “inquietud institucional que plantea el Gobierno de Colombia, que bien vale la pena que se discuta, entre otras cosas, porque si se abre la puerta a que cualquier entidad de cualquier Estado para que acuda ante la CIDH para que se escuche al propio Estado al cual pertenece, no sería un buen precedente”.

En el mismo sentido se pronunció la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, quien apoyó al Canciller y rechazó “el desconocimiento de las competencias del presidente Iván Duque en el manejo de las relaciones internacionales por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” y consideró que “la audiencia con la JEP, sin aval del Gobierno, es un mal precedente para nuestro país”.

Pero el analista político y de conflicto armado Víctor De Currea Lugo explicó que el que quiera puede acceder a la Corte sin solicitar autorización de nadie. Además, “Colombia, como Estado parte, ha reconocido las competencias y es la Corte la que evaluará en qué casos es factible o no desarrollar un proceso”.

A su juicio, lo que no quiere el Estado colombiano es “asumir la responsabilidad política. Aunque la JEP tenga el respaldo de la comunidad internacional y aunque los mecanismos de la OEA puedan llamar al Estado colombiano, en este caso el debate no es de responsabilidad jurídica sino política”.

El analista calificó de “curioso” que el Centro Democrático “ataque” a la CIDH cuando le conviene: “Cuando esa organización dice algo en contra del Gobierno de Nicolás Maduro, la validan. Hay una instrumentalización del sistema y un oportunismo”.

Por ello, calificó como “peligroso e irresponsable que nos hagan creer que la CIDH funciona como una tienda que no tiene reglas claras de funcionamiento y la presenten como si tuviera bandazos jurídicos”.

La también senadora Aida Avella, de Decentes, sostuvo que “el país está inundado de amenazas, asesinatos, atentados, terror generalizado, mientras que el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial está en discusiones superfluas”.

Pero el Canciller insistió: “Imagínense que un Ministro de Educación, que no ha recibido la plata del Ministro de Hacienda, le dé por acudir ante la CIDH para que esta obligue al Estado al cual pertenece ese Ministro de Educación para que le entregue los recursos que se requieren para cumplir con sus funciones. Esa es la inquietud, no es nada más. No hay choque de trenes, no hay persecución a la JEP ni nada de lo que se está diciendo”.