¿Se acerca una ruptura institucional del Estado?

“Las alertas del presidente Gustavo Petro en las que asegura que habría una ruptura institucional en el país no son acertadas, y mucho menos son suficientes las razones que evoca para hablar de un golpe de Estado”.

Esa es la reflexión del politólogo Yann Basset y en la que coinciden las fuentes consultadas al preguntarles sobre las advertencias que ha hecho el Mandatario de un posible plan para derrocarlo del Gobierno, luego de que los órganos judiciales anunciaran procesos en contra suya y de algunos funcionarios de su Administración.

“Lo que hay es un choque de poderes del Estado en donde uno trata de interferir en el funcionamiento del otro, pero eso no configura una ruptura institucional, dado que esas instituciones siguen actuando, como en el caso de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, y la Fiscalía, que siguen cumpliendo sus funciones, al igual que el Presidente, que no ha sido derrocado ni lo será”, explica el director del doctorado en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario, Carlos Charry.

Para analistas, pese a que no son positivos los constantes llamados de Petro para solicitar apoyo internacional y que convoque a manifestaciones bajo el argumento de que “aquí no se puede tumbar a un presidente progresista, el primero en un siglo” y “el voto del pueblo se respeta”, sus alertas están lejos de ser una realidad.

“Lo que sí queda en evidencia es que las movilizaciones convocadas terminaron intentando interrumpir el normal funcionamiento de una institución y eso, además de ser grave si llega a persistir, ahí sí se podría hablar de una ruptura institucional”, dice Charry.

Lo anterior en referencia a las movilizaciones del pasado jueves, que se desarrollaron mientras la sala plena de la CSJ, votaba para elegir a la sucesora del actual fiscal general, Francisco Barbosa, y que se intensificaron tras el anuncio de que no se había logrado un consenso y se aplazara la elección para el próximo 22 de febrero, como ya ha ocurrido en dos ocasiones en este proceso.

Esa noticia no cayó bien entre los manifestantes que permanecían afuera del Palacio de Justicia y pedían una nueva fiscal ese mismo día, generando que se agruparan en las entradas de las instalaciones y no permitieran la salida de los magistrados, ocasionando que el Jefe de Estado ordenara la intervención de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden, Undmo.

Sobre esa situación, el politólogo Alejandro Echeverry menciona que “la corte le manda un mensaje a la sociedad en el que le dice que se va a tomar su tiempo dentro del marco legal para elegir a la próxima fiscal y Petro le dice a los viejos poderes que él todavía tiene capacidad para convocar a sectores sociales”.

Para la también politóloga María Alejandra Arboleda, “que los manifestantes hayan intentado ingresar al palacio después de enterarse de que no se eligió Fiscal General es un irrespeto a las instituciones y es muy grave que la Presidencia mantenga esa narrativa. Este accionar debilita la democracia”.

“Mensajes como los de Petro pueden funcionar para diferentes sectores en redes sociales desde cuentas falsas, pero en este caso, lo que pueden ver diferentes organismos desde afuera es cómo un presidente quiere tratar de incidir en la elección de un fiscal y eso va en contra de la división de poderes”.

De hecho, ese es el reclamo que muchos sectores le han hecho al presidente, pidiéndole que detenga sus mensajes alarmistas y que respete los procesos democráticos.

“La escalada de tensiones que ha visto el país desde días atrás, cuando el presidente Gustavo Petro manifestó su visión de una ruptura institucional, debe cesar y llevar a todas las partes a enfrentar esta coyuntura con serenidad y altura. No se puede aceptar, desde ninguna orilla, una presión indebida y violenta a la Corte Suprema de Justicia para acelerar la designación de la nueva fiscal general de la nación”, advirtió Transparencia por Colombia.

Además, insistió en que “el país necesita que la Fiscalía y el Gobierno Nacional pongan fin a un enfrentamiento público que se ha salido de los cursos institucionales. Ambas instancias deben dar trámite a las situaciones que motivan este enfrentamiento, respetando el orden constitucional y el Estado de Derecho”.

Disputa con los viejos poderes

Para Echeverry, los desacuerdos entre Gustavo Petro y Francisco Barbosa se traducen en una disputa, “dentro del marco de las instituciones democráticas, entre un viejo poder que no quiere perder la incidencia que ya perdió en el 2022 en las presidenciales y uno nuevo que quiere consolidarse y aspira a revalidarse en los comicios del 2026″.

Los alegatos del Mandatario vienen desde hace varios meses, pero tomaron fuerza luego de que la Procuraduría suspendiera, por tres meses, al canciller Álvaro Leyva, por las presuntas irregularidades en la licitación para la fabricación de pasaportes con la empresa Thomas Greg & Sons.

Además, se dice que el ente acusador abriría una investigación en contra de quien fue el gerente de la campaña de Petro, Ricardo Roa, entonces presidente de Colombia Humana; Dagoberto Quiroga, superintendente de Servicios Públicos, y William Velandia, presidente del Comité Ejecutivo de Fecode, por el posible ingreso de $ 500 millones por parte de ese gremio a la aspiración del hoy Mandatario.

Al respecto, el politólogo Basset señala: “Podemos criticar las decisiones de la Fiscalía o de la Procuraduría y sobre todo el doble racero que han tenido esas instituciones con respecto a la forma como fiscalizaban al gobierno anterior; sin embargo, hay razones para investigar la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia”.

“La decisión de la Procuraduría de suspender a Leyva también es razonable, se podría discutir si la sanción es desproporcionada o no, pero no es irregular y el Ejecutivo puede acatarla o impugnarla, pero no cabe hablar de ruptura institucional, sino que hay un choque, particularmente entre el Presidente y el Fiscal con declaraciones altisonantes”, añade.

Sobre ese punto, Charry anota que “hay una extra limitación de ambas partes en el uso de las redes sociales, al punto en que el propio Mandatario respondió a las aseveraciones de un supuesto fiscal cuando se trataba de una cuenta falsa, entonces ahí se evidencia la falta de mesura y de hacer uso de los canales institucionales para expresar diferencias y llegar a acuerdos”.

En ese sentido, la politóloga Arboleda concluye que “la inestabilidad nunca va a ser buena para el país y mantener esas disputas no solo pone en riesgo la democracia, sino que también afecta que las empresas quieran invertir en Colombia, el turismo y la situación económica. Además, puede contribuir a que seamos una Nación cada vez más polarizada”.

Finalmente, las fuentes coinciden en hacer un llamado para que las partes resuelvan las diferencias por los canales institucionales y se aparten de esas narrativas que han mantenido en redes sociales que dividen al país y “no nos permiten llegar a la reconciliación que tanto queremos los colombianos para pasar la página de la violencia y seguir adelante”, dice Arboleda.