Corte Suprema ratifica gravedad de las violentas protestas en el Palacio de Justicia, ante versiones del Gobierno para minimizar lo ocurrido

El pasado jueves 8 de febrero se llevaron unas manifestaciones en las ciudad de Bogotá, donde algunos participantes bloquearon la entrada y salida del Palacio de Justicia en el centro de la capital del país.

Ante este hecho, este viernes la Corte Suprema de Justicia se pronunció en un comunicado de prensa y reveló la magnitud de lo que sucedió en el Palacio de Justicia.

“Ante versiones públicas dirigidas a minimizar la gravedad de los hechos registrados el jueves en los contornos del Palacio de Justicia, la Corte Suprema ratifica la magnitud de lo ocurrido, descrita en el comunicado emitido con ocasión del bloqueo a su sede judicial”, expresó primeramente la Corte.

“La Corte Suprema de Justicia rechaza enfáticamente el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia de la Capital de la República”, manifestó el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria.

De igual manera, la Corte Suprema de Justicia recalcó que “además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de los magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país”.

Asimismo, el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria garantiza el derecho legítimo a la protesta pacífica y la divergencia de posturas ciudadanas e institucionales en los asuntos públicos de la Nación, sin embargo, en esta oportunidad, condena el bloqueo violento e ilegal a la que es sometida la casa de justicia.

De igual manera, la Corte Suprema de Justicia aseguró que “la democracia queda en vilo” cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente las decisiones de justicia.

El alto tribunal expresó que en un Estado de derecho como el colombiano, la función judicial solo está sometida al imperio de la ley y todo conflicto o diferencia deben ser tramitados por medio de los procedimientos institucionales consagrados en el orden jurídico.

Por último, la Corte Suprema de Justicia exigió al Gobierno Nacional “brindar las garantías necesarias para que el ejercicio de las competencias de esta corporación y los demás jueces colombianos se puedan desarrollar sin presiones, hostigamientos o amenazas”.