Salvación Nacional presenta proyecto para que no se prorrogue el funcionamiento de la JEP más allá de los 10 años

En medio del debate del presupuesto de la JEP para 2027, el senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, presentó un proyectos legislativo para que no se prorrogue el funcionamiento de ese tribunal más allá de los 10 años.

La iniciativa busca que se modifique el artículo transitorio 15 del Acto Legislativo 01 de 2017, el cual creó la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

El texto plantea que el artículo quede: “Entrada en funcionamiento y plazo para la conclusión de las funciones de la JEP. La JEP entrará en funcionamiento a partir de la aprobación de este Acto Legislativo sin necesidad de ninguna norma de desarrollo, sin perjuicio de la aprobación posterior de las normas de procedimiento y lo que establezca el reglamento de dicha jurisdicción”.

“El plazo para la conclusión de las funciones de la JEP será de un término improrrogable de 10 años, contados a partir de la entrada efectiva en funcionamiento de la totalidad de salas y secciones de la JEP. El plazo para recibir informes por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y las Conductas será de 2 años desde que se haya constituido la totalidad de las salas y secciones de la JEP y podrá prorrogarse por la misma Sala hasta completar un período máximo de 3 años, salvo causa excepcional debidamente motivada en la que el plazo podrá ser moderadamente extendido por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y las Conductas”, señala.

Añade: “En todo caso y sin limitación temporal alguna, podrá constituirse, en cualquier momento en que resulte necesario, la Sección de Estabilidad y Eficacia de Resoluciones y Sentencias, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 20 del artículo 70 transitorio y en el inciso final del artículo 12 transitorio de este Acto Legislativo”.

La iniciativa se da en medio de la discusión por la propuesta de reducir el presupuesto de la JEP, en la que sectores de la oposición y defensores del tribunal advierten que esto atenta contra su autonomía judicial, al tiempo que el Gobierno defiende el ajuste fiscal.

De acuerdo con las organizaciones que integran el Espacio de Litigio Estratégico (ELE), dedicado a la defensa de los derechos de las víctimas, le harían falta más de $125.000 millones a la JEP y otros $52.366 millones a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para cumplir con el cronograma establecido para la vigencia 2027.