Presidente Petro responde severamente ante el uso de cuarteles militares para la posesión de De la Espriella

La transición de poder en Colombia entró en una fase de máxima tensión política este fin de semana, luego de que el presidente saliente Gustavo Petro y el mandatario electo Abelardo De la Espriella chocaran abiertamente por el lugar y la forma en que se realizará la ceremonia de transmisión del mando el próximo 7 de agosto.

El detonante fue la intención del gobierno entrante de trasladar la posesión presidencial de la Plaza de Bolívar en Bogotá a una guarnición militar, iniciativa que Petro respondió con una orden directa: ningún establecimiento militar será usado para posesionar a un presidente de la República mientras él siga siendo el comandante supremo de las Fuerzas Militares.

“En servicio de mis facultades constitucionales y legales, ordeno que ningún establecimiento militar sirva para una posesión de un presidente de la República de Colombia”, afirmó Petro en un extenso pronunciamiento en el que también reafirmó que los cuarteles militares y policiales permanecen bajo sus órdenes hasta el momento en que el nuevo presidente jure el cargo, y que ningún oficial puede dar el saludo militar a un civil que aún no sea su comandante supremo.

El trasfondo del conflicto va más allá del protocolo. El equipo de De la Espriella envió una carta a la Secretaría General del Congreso solicitando orientación jurídica sobre los pasos a seguir para trasladar la ceremonia fuera de la Plaza de Bolívar y llevarla a un cantón castrense, así como sobre los procedimientos para lanzar la proposición formal y las mayorías requeridas en Senado y Cámara para aprobarla. Fuentes del Congreso confirmaron que la respuesta incluirá dos puntos específicos, sin precisar su contenido.

Este movimiento del equipo entrante se enmarca en los diálogos que el gobierno electo viene adelantando con el Congreso que se posesionará el 20 de julio, conversaciones que tienen como telón de fondo no solo la construcción de mayorías legislativas sino también la definición de aspectos clave de la transmisión del poder, incluido el sitio donde se realizará la ceremonia de posesión.

Petro fue contundente en su postura legal. “La transmisión del mando al nuevo presidente es bajo las leyes de la República y la Constitución, y esas normas establecen que el presidente se posesiona ante el Congreso en sesión plena. La ley dice cuál es la sede del Congreso de la República, dónde deben debatirse las leyes del pueblo y no de las mafias o de los extranjeros. En los cuarteles no se hacen leyes, se hacen acciones de seguridad de defensa del pueblo y su vida”, señaló el mandatario saliente.

El presidente saliente también hizo referencia al hecho de que De la Espriella no le dará la mano durante la ceremonia de transmisión del mando, situación que Petro describió como “más o menos un halago”, aunque reafirmó que acatará las leyes y la Constitución de 1991 independientemente del trato personal que reciba del presidente entrante.

El pronunciamiento de Petro incluyó además una serie de medidas simbólicas e institucionales. El mandatario anunció que la espada de combate de Simón Bolívar retornará a la casa donde el prócer vivió con Manuela Sáenz, y que se incorporarán al pasillo de los retratos de los presidentes de Colombia las imágenes del presidente negro Carlos Nieto y del presidente indígena y general supremo del ejército libertador de 1854, a quienes describió como libertadores de esclavos.

El cruce entre los dos mandatarios refleja la profunda polarización política que marcó el proceso electoral de 2026 y que promete extenderse hasta los días previos a la transmisión del mando. La disputa por el lugar de la posesión no es un asunto meramente protocolar: expresa la tensión entre dos visiones de país radicalmente distintas y la dificultad de construir una transición ordenada entre un gobierno de izquierda saliente y una administración de ultraderecha entrante que llegó al poder con el respaldo explícito del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las instituciones del Estado, incluyendo el Congreso, el Consejo de Estado y los organismos de control, deberán ahora dirimir una controversia que, de no resolverse en los términos que exige la Constitución, podría derivar en una crisis institucional sin precedentes en la historia reciente de Colombia.