Empalme bajo fuego: ¿el anticipo de un país más dividido?

El que sería el empalme más conflictivo en las últimas décadas en el país es el que está siendo protagonizado por el gobierno de Gustavo Petro y la administración entrante de Abelardo de la Espriella, convirtiéndose en un nuevo escenario de disputas políticas, acusaciones cruzadas y mensajes que anticipan un mandato lleno de tensiones.

Aunque las confrontaciones en el relevo del poder trasladan a los colombianos 28 años atrás, a la salida del gobierno de Ernesto Samper, salpicado por dineros del narcotráfico, y la llegada de Andrés Pastrana, las tensiones actuales superan por mucho ese recuerdo.

La campaña ya había sido un anticipo de lo que sería este proceso (y tal vez los meses siguientes al 7 de agosto), dejando la pregunta sobre si se trata de un pulso natural entre dos proyectos políticos opuestos o de un empalme que pone a prueba la capacidad de las instituciones para asegurar una transición democrática.

Dejando claro que esta transición es una obligación legal y las partes no pueden abandonar el proceso, el analista de la Universidad Central Jorge Luis Yarce indica que tanto Petro como De la Espriella están generando sus propias dudas en el debate público.

“Por un lado está el Gobierno Nacional, que está dejando sin piso la credibilidad institucional al establecer, de manera constante, una narrativa de ilegalidad y fraude electoral con el no reconocimiento de Abelardo como presidente”.

“Más grave aún es que el Presidente en ejercicio, a través de sus cuentas personales, ha manifestado que solo reconoce el triunfo de Iván Cepeda, justo en el momento en que todos los organismos del Estado y las veedurías internacionales reconocieron válidamente el triunfo de De la Espriella”, menciona.

En opinión del consultor y analista político Germán González, “esto da señales de cómo será el tono de la relación entre el nuevo Presidente y la oposición, y cómo a sus líderes les cuesta reconocer la legitimidad política de su contraparte. Es de esperarse que la tensión y la confrontación aumenten, junto con un lenguaje más agresivo y pugnaz desde ambas partes”.

Por un lado, el oficialismo no ha bajado a De La Espriella de paramilitar o narcotraficante, al tiempo que el presidente electo se ha referido a Petro y a Cepeda como corruptos y favorecedores de los grupos armados ilegales.

La situación fue escalando y, en medio de esas peleas, De la Espriella ordenó a José Manuel Restrepo, vicepresidente electo y jefe del empalme, que suspendiera el proceso. Petro, sin embargo, pidió a sus ministros continuar, sin importar que fuera ante las sillas vacías del gabinete entrante.

La nueva Administración había puesto sus ojos en revelar los escándalos de corrupción de estos cuatro años, alertando sobre finanzas públicas, millonarios contratos y la Política de Paz Total.

Mientras, Cepeda, que ya había reconocido su derrota en las urnas, empezó a elevar el llamado a sus seguidores a la desobediencia civil pacífica, pese a que aún no se da el relevo oficial del poder y poniendo un manto de duda sobre la elección del pasado 21 de junio.

A eso se suman las recientes fricciones por la propuesta de De la Espriella de realizar su posesión en una guarnición militar en Popayán, a lo que la Casa de Nariño se opuso, ya que la ley establece que esa ceremonia debe llevarse a cabo en el Capitolio.

Para el docente e investigador universitario Néstor Raúl Quiroz, “el hecho de que se mantenga un discurso de desconocimiento, de presunto fraude y de cuestionamiento al resultado electoral empieza a sembrar un antecedente delicado: la deslegitimación política del próximo Gobierno, incluso antes de posesionarse”.

“Hasta el 7 de agosto podemos esperar una transición compleja, con alta tensión discursiva, posible judicialización del resultado y mucha presión en la calle. Pero una cosa es la protesta pacífica, que es legítima en el Estado Social de Derecho, y otra muy distinta es desconocer la institucionalidad electoral. Si el mensaje de ‘desobediencia civil pacífica’ se mantiene, el país puede entrar en una especie de campaña permanente: el Gobierno electo tratando de consolidar autoridad y la oposición intentando restarle legitimidad desde el día uno”, añade.

Al respecto, Yarce señala que la desobediencia civil de Cepeda es un eufemismo. Explica que para que ese recurso sea legítimo, De la Espriella debe imponer una norma que vaya en contra de la Constitución, de la ley o de alguna acción de un ente administrativo.

“Aquí está pasando todo lo contrario. Todas las instituciones han manifestado abierta, clara y públicamente que se ha cumplido con la Constitución y las leyes electorales; además, el Presidente electo aún no puede ejercer ningún acto administrativo que vaya en contra de la ley. Que no le guste al perdedor, pues mal perdedor y mal político, porque está exacerbando la opinión pública en contra del Gobierno entrante”, opina.

De otro lado, González anota que “la Administración entrante llega con el viento de cola de todo nuevo Gobierno y la narrativa de la crisis heredada ayuda a gestionar las expectativas del electorado; sin embargo, conforme pase el tiempo, se pondrá a prueba la capacidad de dar resultados a las demandas ciudadanas relacionadas con seguridad, salud y situación energética y fiscal”.

Explica que “esa tensión entre promesas, expectativas y capacidad estatal tendrá que resolverla el nuevo Gobierno, mientras del otro lado estará una oposición esperando cualquier error para criticar al Presidente, con el incentivo principal de volver a competir por el poder en cuatro años. Así que es poco probable que el discurso baje de tono”.

¿Se afectará la actividad legislativa?

El 20 de julio será la instalación del próximo Congreso, que tendrá la tarea de hacerle seguimiento al Ejecutivo en los siguientes cuatro años, una ceremonia en la que también saldrán a la vista los choques entre ambos gobiernos.

Sobre lo que se puede esperar en el siguiente periodo legislativo, González menciona que “aunque es factible que el nuevo Gobierno logre armar una coalición en el Congreso, el diseño institucional del país ofrece instrumentos a la oposición dentro del debate parlamentario para ejercer su rol. Esto se va a ver en citaciones a control político, denuncias contra el Presidente y su campaña ante la Comisión de Acusaciones, e incluso tácticas como intentar romper quórum o filibusterismo político, que consiste en retrasar el trámite de un proyecto con maniobras permitidas en el reglamento como solicitar la palabra, dar grandes discursos, radicar muchas proposiciones o solicitar votación congresista por congresista”.

No obstante, dice, “la pregunta no es tanto si Abelardo tendrá mayorías en el Congreso, sino cuánto tiempo logrará mantenerlas cuando coincidan las decisiones de austeridad que prometió, la negociación de proyectos de ley del Gobierno en el Congreso y las presiones económicas que tiene el país en materia fiscal y de atención a sectores como la salud”.

El docente Quiróz está de acuerdo en que la actividad legislativa puede verse seriamente afectada debido a los números que logró el Pacto Histórico en el Legislativo, donde tiene 25 curules en el Senado y cerca de 42 en la Cámara de Representantes.

“Eso significa que el gobierno de Abelardo de la Espriella no tendrá un Congreso fácil. Cada reforma importante, como seguridad, justicia, economía, paz, política exterior o reformas sociales tendrá que ser negociada. Si el Pacto decide hacer una oposición institucional, veremos debates duros, pero dentro de las reglas democráticas. Si opta por una oposición de confrontación permanente, podríamos ver un Congreso más lento, más polarizado y con mayores dificultades para aprobar una agenda de gobierno”, comenta.

Yarce, por el contrario, analiza que si bien la bancada del Pacto es la más numerosa, por sí sola no tiene las mayorías y señala que los anuncios de los nuevos ministros realizados por De la Espriella dan cuenta de un muy minucioso proceso de diálogo con las distintas bancadas y fuerzas políticas para aglutinar una mayoría.

“Entonces, muy posiblemente, de acuerdo a la participación de esos partidos en el Gobierno, a los proyectos que se impulsen en contra de estos cuatro años de desgobierno, vamos a encontrar un congreso dividido por mitades sin mayorías, o quizás una mayoría pequeña a favor del Gobierno de De la Espriella”, finaliza.