Presidencia asegura que contratación de abogados en EE. UU. busca proteger al Estado, no a Petro

El presidente Gustavo Petro salió al paso de la polémica por la contratación de una firma de abogados en Estados Unidos desde el Dapre, es decir, con fondos públicos. Algunos sectores señalaron que se trataba de la defensa del mandatario ante su inclusión en la lista Clinton.

Frente a lo anterior, el mandatario aclaró que es un proceso que se realiza en cada gobierno desde hace décadas y no está orientado a la defensa de una persona o funcionario en particular.

En el comunicado publicado en la cuenta de X de Petro, se informa que esta medida responde a una práctica histórica del Estado colombiano para proteger sus intereses en el exterior.

Los registros oficiales de la base de datos FARA del Departamento de Justicia de los Estados Unidos confirman que Colombia ha recurrido a firmas especializadas desde 1938.

De esta manera, desde el Dapre se enfatizó que gobiernos pasados como los de Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos e Iván Duque, utilizaron mecanismos similares para la interlocución internacional.

Siendo así, el Ejecutivo precisó que el objeto del contrato no es la defensa personal del presidente Gustavo Petro ni de ningún funcionario en particular.

El propósito central es fortalecer la capacidad del Estado para anticipar y gestionar riesgos derivados de regímenes internacionales de sanciones que podrían impactar la economía nacional.

La Presidencia explicó que las medidas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) son decisiones administrativas de carácter financiero y no procesos penales.

De no abordarse con rigor técnico, estas sanciones podrían afectar directamente la confianza en el sistema financiero y las relaciones internacionales del país.

Sobre la modalidad de contratación, el Dapre informó que el proceso está plenamente autorizado por el ordenamiento jurídico vigente y sustentado en estudios previos.

La decisión de contratar firmas extranjeras se debe a la inexistencia de una oferta nacional con la experiencia necesaria en esta materia técnica.

La entidad aseguró que el valor del contrato es proporcional a los riesgos institucionales y reputacionales que se buscan mitigar. Además, el acuerdo está sujeto a controles estrictos, productos verificables y supervisión permanente por parte de las autoridades competentes y los organismos de control.

Finalmente, el Gobierno rechazó las interpretaciones que califican esta contratación como una anomalía o un privilegio.

“Los hechos demuestran que se trata de una decisión responsable, institucional y coherente con la historia del Estado colombiano. Proteger al país frente a riesgos internacionales no es una opción política, sino un deber ineludible de la administración pública”, concluye el comunicado.

Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista especializado de El País.