Procuraduría investiga contrato del Dapre por 10 mil millones, ligado a la defensa del presidente Gustavo Petro

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) por un millonario contrato suscrito para la defensa jurídica internacional del presidente Gustavo Petro ante autoridades de Estados Unidos.

La información fue revelada en exclusiva por SEMANA, medio que conoció la notificación oficial del ente de control.

La actuación disciplinaria se originó luego de una queja presentada por la representante a la Cámara Katherine Miranda, quien pidió investigar la actuación de los servidores públicos del Dapre en la celebración del contrato No. 001 de 2026.

Dicho acuerdo fue firmado el 9 de enero de 2026, tiene vigencia hasta el 30 de abril del mismo año y su valor asciende a cerca de 10.000 millones de pesos, con cargo al Presupuesto General de la Nación.

Según la información conocida, el contrato fue suscrito bajo la modalidad de contratación directa con la firma extranjera Amadeus Consultancy Limited.

El objeto del acuerdo se centra en la prestación de una asesoría altamente especializada en defensa jurídica internacional, específicamente orientada al análisis normativo, doctrinal y procedimental del régimen de sanciones financieras internacionales.

La congresista Miranda celebró la apertura de la indagación y reiteró que los recursos públicos no deben destinarse a la defensa de asuntos que considera de carácter personal.

De acuerdo con sus declaraciones, los impuestos de los colombianos no pueden utilizarse para cubrir la defensa del presidente ni de su esposa, Verónica Alcocer, frente a eventuales procesos ante autoridades extranjeras.

En la notificación, la Procuraduría expone varios puntos que motivaron la apertura de la indagación previa. Uno de los aspectos que más llamó la atención del ente de control es que, pese a la elevada cuantía del contrato, no se habrían exigido garantías de cumplimiento, situación que según el organismo incrementa el riesgo fiscal y patrimonial para el Estado y debilita los mecanismos de protección del erario público.

Como parte de las actuaciones iniciales, la Procuraduría solicitó al Dapre la entrega de documentación relacionada con el proceso contractual. Entre los requerimientos se encuentran copias del contrato, los estudios previos, los soportes técnicos y jurídicos, así como otros documentos que permitan establecer si se incurrió o no en eventuales faltas disciplinarias.

Este nuevo frente de investigación se conoce en medio de un contexto de reacomodos internos en la Presidencia. Se confirmó la renuncia irrevocable de Angie Lizeth Rodríguez Fajardo a la dirección del Dapre, formalizada mediante una carta enviada al presidente Petro el 14 de enero de 2026.