"Me siento reparada": habla Fabiola Perdomo, esposa de diputado del Valle asesinado por las Farc

Noviembre 26, 2022 - 11:55 p. m. 2022-11-26 Por:
Olga Lucía Criollo, editora de Poder
Fabiola Perdomo

“Nunca va a quedar todo el mundo satisfecho, ni los sancionados ni las víctimas, y menos la sociedad, pero se ha avanzado”: Fabiola Perdomo

Foto: Especial para El País

Satisfecha no, pero sí tranquila. Así se siente Fabiola Perdomo con respecto a la decisión de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, que el viernes le comunicó al país que los exjefes de las extintas Farc sí aportaron verdad sobre el secuestro de los diputados del Valle del Cauca y los demás crímenes investigados en el Caso 01.

“Si lo vemos desde el marco de la justicia transicional, podemos decir que se cumple y que hay tranquilidad porque no hubo impunidad. Esperamos que esas penas restaurativas que se les impongan, las cumplan”, sostiene quien fuera la esposa de Juan Carlos Narváez, asesinado por esa guerrilla.

Sin embargo, insiste en una petición contundente: que hallados responsables de esos delitos, quienes están ocupando cargos de representación política no sigan en ellos.

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¿Queda satisfecha con el anuncio de la JEP de que el secretariado de las Farc sí contribuyó con la verdad en los casos de secuestro?
Uno nunca queda satisfecho, porque es como aceptar la muerte y la pérdida de nuestros familiares y en el caso mío, la de Juan Carlos, pero puedo decir que, más que satisfecha, me da tranquilidad de que no hay impunidad, porque la impunidad es cuando no hay investigación ni sanciones y aquí hubo una investigación de más de cinco años en la que las víctimas pudimos asistir, fuimos escuchadas y pudimos presentar nuestra versión. Hoy podemos decir que hay una sanción, unas penas reparadoras, en el marco de lo que es la justicia transicional. Se cumple con lo pactado en el Acuerdo: para quienes contribuyan con la verdad, la pena máxima estaba entre cinco y ocho años, y ellos la están recibiendo. Entonces, no hubo impunidad. Esperamos que esas penas restaurativas que se les impongan, las cumplan, y que quienes hoy tengan posiciones de poder o representación política, no continúen.

En su momento pedían que ellos no estuvieran en el Congreso porque estaban siendo investigados, y mi posición siempre fue que, una vez se conociera el fallo y la sentencia fuera condenatoria, en este caso con penas de restricción de la libertad y penas reparadoras, quienes estuvieran ocupando cargos, dejen esas posiciones, así como quienes aspiren a un cargo de representación política.

Pero el fallo no toma una decisión puntual al respecto...
No, lo deja en manos de una Sala, para que defina si deben dejar la participación política o no. En mi caso, la solicitud es que deben dejarla. Creo que la sanción también tiene que ser social, y qué mayor sanción social que se les quite esa representación política. Al cerrarse este proceso con este fallo, espero que la Sala que quedó con esa facultad, les quite esa representación.

¿Cómo explicarles a los colombianos que estas personas que cometieron esos graves crímenes no vayan a pagar cárcel?
Desde el principio sabíamos que no iban a pagar cárcel. Quienes incumplieran con el Acuerdo de Paz, en el caso de no entregar la verdad, o se negaran a reconocer todo lo que habían hecho, tendrían una sanción hasta de 20 años de privación de la libertad, es decir, de cárcel. En el momento en el que acompañamos el Acuerdo y asistimos a las audiencias de la JEP estábamos aceptando las condiciones que había en la justicia transicional para una sanción para ellos, entonces hoy no podemos decir que no estamos de acuerdo, cuando siempre lo avalamos. Sabíamos que lo máximo serían ocho años. Nadie nos ha engañado, todo lo conocimos desde el primer momento. Reparar no significa que es a través de la cárcel. De nada nos serviría que los hubieran llevado a la cárcel si no hubiéramos conocido la verdad, si no hubiera habido un reconocimiento del daño por parte de ellos, una solicitud de perdón y ese compromiso de no repetición, que hasta el momento han cumplido.

¿Por eso habla de tranquilidad?
Creo que se han dado acciones reparadoras por parte de las Farc, que han venido honrando el Acuerdo de Paz, que hace que hoy podamos tener casi un cierre de este proceso en lo jurídico. En lo personal y humanitario, seguiremos en el proceso de sanación, eso no terminará. Pero hay elementos importantes en esa sentencia, hubo una investigación seria. Nunca va a quedar todo el mundo satisfecho, ni los sancionados ni las víctimas, y menos la sociedad, pero se ha avanzado.
Es la primera vez en este país que conozco de un proceso de investigación y sanción en justicia transicional y eso nos tiene que mostrar que a veces sana más conocer la verdad, tener a tu agresor frente a frente y poder decirle todo lo que sientes y conocer de parte de él lo que pensaba, que tenerlo en la cárcel y nunca conocer la verdad de lo que pasó. Los hijos sí quedan como con un sinsabor, porque siempre reclamaron una verdad que para nosotros faltó, pero hay que entender las condiciones y creo que esa verdad era muy difícil de reconstruirla.

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¿Por qué?
Había tres momentos de verdad: uno era el del secuestro: ¿quiénes lo planearon, quiénes lo ejecutaron y quiénes participaron? Ese tema fue resuelto en varios momentos, no solamente en las audiencias de la JEP, sino en la construcción de memoria con el Centro de Memoria Histórica. Ahí hay grandes testimonios de quiénes lo planearon y cómo se hizo. Entonces, en mi caso, lo doy por superado y aceptado. También en el último momento, que tiene que ver con el asesinato de ellos (los diputados): hubo elementos suficientes y asumieron la responsabilidad de que fueron ellos, cómo se hizo y por qué se hizo. Ahí también se puede decir que hubo verdad. El bache que tenemos son los cinco años que estuvieron secuestrados: ¿qué pasó con sus vidas y con todo lo que hicieron, ese día a día? Para mí, los hijos querían reconstruir, porque hay que recordar que ellos tenían entre 2 y 12 años cuando sucedió el secuestro y para ellos era muy importante conocer esa parte de sus padres que no pudieron compartir con ellos, pero casi no se pudo conocer porque muchos de los que participaron como custodios ya habían muerto y se llevaron esa parte. Pero de la verdad frente al secuestro como tal y el asesinato, considero, de manera personal, sin comprometer la opinión de los demás, que hubo suficiente información y la recibo como una verdad en este proceso.

Pero algunos familiares de los diputados se han quejado de que pareciera que la JEP estuviera al servicio de los victimarios y no de las víctimas...
El reclamo se hizo frente a ese momento, al de los cinco años, y lo que siempre dijeron las Farc es que no tenían cómo construir porque todas las pertenencias de ellos habían desaparecido, porque en el momento de la muerte no se supo dónde quedaron y quienes los tenían nunca volvieron a aparecer, entonces era imposible reconstruir o recoger esas pertenencias. Claro que entiendo el malestar, el sinsabor de muchos por no tener esa parte, pero a veces también hay que entender las condiciones de lo que se dio. Para mí era muy importante conocer el secuestro, saber quiénes participaron, si hubo complicidad o apoyo de personas de la Asamblea, y, para mí, ese tema quedó superado, al igual que lo de la masacre, que ellos asumieran su responsabilidad y que no fue producto de un rescate del Gobierno.

Es duro y hay sentimientos encontrados, pero creo que en el momento en el que aceptamos acompañar el Acuerdo de Paz y la JEP, porque el solo hecho de asistir a las audiencias ya validaba esa instancia, y nosotros la validamos con nuestros testimonios. Por lo tanto, hoy lo único que nos queda es esperar que se cumpla con esa sanción y que quienes tengan o aspiren a cargos de representación política no puedan acceder o tengan que dejarlos quienes los tengan en este momento. Ese sí es un llamado que hago frente a este fallo: no sería reparador ver que quienes sean sancionados sigan ocupando esos cargos. Un funcionario, mientras se lo investiga, ocupa el cargo, pero una vez es ratificada la sanción, debe dejarlo. Entonces, hay que ser coherente con eso y no sería reparador que quienes hayan sido sancionados sigan ocupando cargos de representación o aspiren a ocuparlos.

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Cambiando de tema, ¿cómo ve que el Gobierno Nacional y el ELN hayan retomado las negociaciones?
Me parece positivo. La única forma de que logremos en este país el cese del conflicto es que el ELN entre en ese proceso. El fallo de la JEP tiene que ser alentador para quienes hoy están negociando por parte del ELN, ver que se ha cumplido con lo acordado en verdad, justicia, reparación y no repetición.

Ellos deben entender que van a entrar a un proceso donde no puede haber impunidad, entendiendo la reparación a partir de ese sistema de verdad, justicia y reparación. Para una víctima es muy importante la verdad, por muy dolorosa que sea, y el llamado es a que se mantenga el diálogo, porque el Acuerdo de Paz del Teatro Colón no fue perfecto, eso lo tenemos claro, pero al menos pudo reducir las víctimas en el país.

Hoy estamos retrocediendo, pero si se hubiera implementado en su momento y se hubieran cumplidos los otros puntos del Acuerdo como se está cumpliendo con este, el clima de convivencia en el país sería distinto. El llamado es a que se mantengan y a que todo espacio que conduzca a resolver de manera civilizada un conflicto, como el diálogo y los acuerdos, siempre sean bienvenidos.

Y para terminar, ¿está de acuerdo con que se plantee una negociación con ‘Iván Márquez’, quien desertó del Acuerdo después de ser el jefe negociador por las Farc?
Ese tema sí me deja un sinsabor. Uno no puede premiar a quienes hayan incumplido. Él tenía que dar la discusión y la lucha en medio del proceso, defenderse y no salir huyendo. Él incumplió el Acuerdo de Paz; no las disidencias, porque los que no se acogieron a él no están incumpliendo, pero volver a negociar con quienes firmaron el Acuerdo y luego lo abandonaron, no debería ser.

Márquez debe someterse a la justicia colombiana y asumir su responsabilidad por lo que hizo, porque si no, sería un mal precedente frente a futuros procesos de paz y frente a las víctimas.

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