Las ideas del Gobierno para darle garantías a trabajadores de contratos de prestación de servicios

Los contratos de prestación de servicio son verdaderos instrumentos clientelares que se buscan para proteger o favorecer a un político determinado”, reconoció el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique, al explicar que es una de las razones por las que el Gobierno Nacional busca formalizar el empleo oficial en Colombia.

Durante su visita a Cali, el funcionario habló con El País sobre las propuestas que se implementarán desde esa dependencia para darles garantías a quienes trabajan bajo esta modalidad.

Usted se ha preocupado por la formalización del empleo en el país. ¿Vino a la ciudad a socializar una propuesta en ese sentido?
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Participé en el foro que convocó el Congreso de la República con la Ministra de Salud y mi tema tuvo relación con la prestación del servicio público de la salud en Colombia. Es un problema que tiene graves consecuencias y que necesitamos solucionar. Llevé la propuesta que está planteando el Gobierno Nacional para formalizar el empleo, porque la precariedad se ha tomado ese sector. Desde la Administración Pública es en donde este fenómeno ha hecho carrera y ha causado grandes estragos en contra de la buena prestación del servicio. También me reuní con los alcaldes de Jamundí, Palmira y Cerrito y con algunos órganos de control del departamento para socializar las propuestas de la función pública que tienen que ver con la formalización del empleo, el rediseño institucional del Estado y la implementación y profundización del mérito como el mecanismo para el ingreso de hombres y mujeres a los cargos del Estado colombiano.

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¿Cómo se está dando esa formalización de empleos en el sector público del país?
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Nosotros tenemos unos diagnósticos, hemos encontrado que hay una alta precarización del empleo en Colombia; el empleo público se ha privatizado y necesitamos recuperarlo para la actividad pública y los fines esenciales del Estado social de derecho. Lo necesitamos hacer como responsabilidad de un gobierno, pero también para responder con eficacia y calidad a la prestación de los bienes y servicios que tenemos con las entidades públicas. Hay muchos modelos para este objetivo, uno podría ser la ampliación de plantas de personal, que se haría a través de empleos provisionales.

Donde no hay recurso fiscal estamos proponiendo plantas temporales para reemplazar el sinnúmero de contratos de prestación de servicios, así como en las ofertas públicas que deben hacer municipios y entes territoriales en torno a sus empleos.

¿Qué garantías laborales le va a dar el Estado a las personas que llevan muchos años trabajando bajo esta modalidad?
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Los contratistas no tienen ninguna garantía porque no son de una naturaleza laboral sino civil. En esos contratos de prestación de servicios la seguridad social está a cargo de la misma persona que suscribe el contrato con el Estado; no tiene ninguna garantía laboral, lo que se acabaría con las plantas temporales.

Exactamente los mismos salarios asignados a las personas de planta en la carrera administrativa serán los que se ganarían las personas del empleo temporal. Si una persona es profesional universitario grado uno y está en planta, la persona que entra en planta temporal ganaría el mismo salario, tendría las mismas prestaciones sociales, las mismas garantías y las mismas condiciones laborales. Lo único que sucede es que ese contrato temporal que tiene una fecha de iniciación y una de terminación, entonces no tiene estabilidad.

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¿Qué herramientas de evaluación piensan implementar para supervisar la contratación estatal en Colombia?
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Los concursos que hace la Comisión Nacional de Servicio Civil, hasta donde tengo entendido, tienen una alta calidad y garantía ética y de transparencia. Para los concursos para plantas temporales se va a hacer un proceso con características meritocráticas, pero no lo va a hacer la Comisión, porque no es para carrera administrativa, sino para plantas temporales.

¿Qué hará la dependencia a su cargo para evitar la ‘extorsión’ a los contratistas por parte de los políticos que les exigen votos a cambio de renovar sus contratos?
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Esos contratos de prestación de servicio son verdaderos instrumentos clientelares que se buscan para proteger o favorecer a un político determinado, que en las entidades públicas como hospitales, organismos nacionales, ministerios son un instrumento que no posibilita la expresión democrática, sino que la distorsiona y crea conductas que son penalizadas, como delitos contra la administración pública y contra el sufragio electoral. Es cierto, yo lo comparto y precisamente por eso estamos diciendo que las plantas temporales son una posibilidad de transición para reemplazarlas e impedir que sean utilizadas como mecanismo para elegir o favorecer ciertos candidatos del Gobierno o a una institución determinada.

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El Gobierno ha hablado de una reestructuración del Estado. ¿En qué consistiría?
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Cada ministro y cada jefe de autoridad administrativa tiene que hacer su propio estudio de cargas laborales para establecer cuántos son los funcionarios y las funcionarias que necesita para cumplir la misionalidad. En ese orden de ideas, le corresponde de forma autónoma e independiente a cada entidad ministerial tomar las medidas pertinentes para desarrollar la labor. No es una labor automática sino que tiene que ser a través de mecanismos legales y de métodos que están reglados para determinar cuántos servidores públicos necesitamos.

Hay municipios del país en los que no hay funcionarios ni entidades del Estado. ¿Qué se va a hacer para mejorar esa situación?
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Nosotros queremos fortalecer institucionalmente a 970 municipios de categoría sexta donde no hay ninguna presencia institucional. Queremos fortalecer la capacidad institucional de los municipios que no tienen las herramientas suficientes para contratar funcionarios, ya sea por la distancia o los bajos salarios, y a los que no tienen la posibilidad de vincular personas que contribuyan en la elaboración de planes de desarrollo o esquemas de ordenamiento territorial. Es una tarea ardua, pero con el concurso de los mandatarios locales y el trabajo concertado de toda la institucionalidad del Estado colombiano podemos hacer una efectiva presencia en los municipios.