Las consecuencias que le trae a América Latina el intento fallido de golpe de estado de Castillo en Perú

El infausto y neutralizado golpe de Estado perpetrado en el Perú por uno de los representantes de la izquierda latinoamericana, Pedro Castillo Terrones, ha encendido las alarmas de una posible división en el bloque progresista de la región, que se debate entre rechazar la intentona golpista de un exmandatario acusado de corrupción o hacerse de la vista gorda e insistir en el recurrido discurso de polarización y división de clases sociales, priorizando la “defensa de los derechos humanos” del arrestado golpista.

Tal como lo hizo en su momento con Evo Morales, el Gobierno mexicano estuvo a punto de asilar y, aún busca, albergar en su territorio a un Pedro Castillo que paradójicamente hoy comparte prisión con Alberto Fujimori, quien hace 30 años logró, con éxito, cerrar el Congreso peruano y perpetuarse en el poder.

El problema en el que ha puesto Castillo a sus pares progresistas de Latinoamérica es que su desleal y fracasado golpe de Estado lo hizo en absoluta soledad. No solo sin la aprobación y apoyo de su propio gabinete de ministros y círculo cercano, sino que tampoco había preparado el escenario internacional que pudiera respaldar al menos su estrategia de victimización, que había logrado con cierto éxito cuando la OEA emitió, días atrás, un informe sobre la situación política peruana respaldando entre líneas al Ejecutivo destituido.

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Sin embargo, el secretario general de la OEA, José Luis Almagro, en una hábil y rápida reacción, fue uno de los primeros líderes de la comunidad diplomática en acusar la ruptura del orden constitucional en el Perú, dándole la bienvenida a la nueva presidenta Dina Boluarte y dejando en ‘offside’ a los mandatarios latinoamericanos que mantenían escrupuloso silencio por lo sucedido en el Perú.

Que Nicolás Maduro haya acusado un golpe “de las élites peruanas” contra el expresidente Castillo, no sorprende. Su condición de dictador y violador de derechos humanos en Venezuela no lo pone en capacidad ni calidad moral para que sus palabras puedan siquiera ser consideradas.

Pero lo real es que, del bloque progresista latinoamericano, Gustavo Petro, de Colombia; Andrés Manuel López Obrador, de México, y sus pares de Bolivia y Argentina se han puesto del lado del golpista peruano y han iniciado una cruzada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de lograr el asilo de Castillo, apelando al clásico discurso de la victimización y el racismo. Un bloque separado del presidente Gabriel Boric, de Chile, y el próximo a juramentar Lula Da Silva, en Brasil, que, junto a la mayoría de países del continente, han saludado a Dina Boluarte, respetando el proceso de sucesión constitucional peruano.

La rápida reacción de Almagro respaldando la constitucional y legítima vacancia de Castillo responde no solo a la ineptitud de un presidente peruano por gestionar su propio gobierno. Se debe a que en el Perú todas las instituciones democráticas al unísono salieron a repudiar la intentona golpista. No respaldar entonces la institucionalidad democrática del Perú hubiera colocado a la OEA del lado oscuro de la historia latinoamericana.

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Ese es el dilema que afrontan quienes tienen cercanía o simpatía ideológica y política con el sector de la izquierda que llevó al poder a Pedro Castillo, convertido hoy en el líder de una organización criminal. Un corrupto más de la larga lista de personajes de la derecha y la izquierda latinoamericana que terminaron traicionando al pueblo que un día los eligió.

¿Es conveniente para la solidez de la izquierda progresista poner en riesgo la paz social de la región protegiendo a Castillo, que quiere convulsionar un país tan estratégico como Perú, justo en los primeros meses de mandato de Petro en Colombia, Boric en Chile, el inicio del Gobierno Lula en Brasil y las próximas presidenciales en Argentina?

El riesgo que corren es que pueden terminar protegiendo a un fracasado dictador con seis gravísimas acusaciones fiscales por corrupción, con un índice de desaprobación del 80 % y con una incapacidad absoluta para gobernar su país y sin capacidad siquiera de sostenerse en su partido ni liderar los pequeños entornos políticos y sociales que frágilmente construyó.

La llegada a la Presidencia de Boluarte parece entonces haber abierto una pequeña grieta en el bloque regional latinoamericano. Una grieta en la que un importante aliado de todos los países, como es EE. UU., rápidamente decidió actuar poniéndose a disposición de la flamante mandataria para restablecer el orden democrático y ayudarla en la búsqueda la unidad, la paz social y el desarrollo económico del país.

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Quienes por razones o ideológicas o de interés político jueguen el peligroso juego de victimizar a Castillo y promover su asilo internacional pueden terminar siendo cómplices de un corrupto criminal. Mientras que si respaldan a Boluarte tienen una enorme posibilidad de hacer más sólido el bloque latinoamericano y enfocarse mejor, todos juntos, en afrontar la dura crisis económica mundial que nos aqueja.

Lo cierto es que no cabe duda de que Castillo no solo intentó poner en jaque a la democracia peruana, sino que, con su aventura golpista, ha generado un quiebre en la izquierda progresista latinoamericana, que estaba robusteciendo su solidez. Creo que, al final del camino, no le perdonarán su insensata y desleal estupidez.