Zona Diamante
La política de la paz total, la bandera con la cual se eligió en junio pasado Gustavo Petro como presidente de la República es virtualmente una realidad, ante su paso por las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes en la cual ya está casi aprobada.
Esta ley, que es la renovación de la llamada ley de orden público, es la que han usado desde el presidente Andrés Pastrana, y es el instrumento con el cual se tiene el fundamento para adelantar la diálogos de paz con los grupos armados.
En esta ocasión Petro y su administración le apostaron no sólo a quedarse con la negociación de grupos guerrilleros, sino también con las que se denominan hoy como grupos de alto impacto, en donde caben los narcotraficantes, los paramilitares, entre otros, con los cuales el gobierno ha expresado su voluntad de sentarse a negociar.
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Precisamente así lo defiende el ministro del Interior, Alfonso Prada, quien sostiene que esta ley “habilita claramente el inicio de múltiples negociaciones que pueden llevar al desarme, a la negociación, a la paz con los grupos rebeldes que les reconocemos estatus políticos y de iniciar con los grupos de alto impacto y así cerrar el círculo de la violencia”.
Y aunque el gobierno ya logró un avance legislativo muy importante con esta ley, si tuvo un duro revés, el cual tuvo que aceptar para que saliera la ley, el retiro de los controvertidos artículos 16 y 17, en los cuales se proponía por un lado nombrar a los miembros de las Primera Línea, actualmente detenidos, como gestores de paz, y el otro que el presidente de la República podía indultar o dar amnistía a los quienes estén detenidos por haber participado en las jornadas de protesta de la llamada revuelta social de los años 2019, 2020 y 2021.
Un compromiso que asumió el gobierno es que antes de terminar la legislatura presente van a radicar el proyecto de ley sobre el sometimiento, es decir la norma con la cual se hará la entrega y judicialización de esos miembros de grupos de alto impacto.
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Aunque en el Senado el lunes se hundió la posibilidad del servicio social por la paz, en la plenaria de la Cámara y tras un arduo debate se acogió una nueva propuesta en la cual se precisan qué funciones podrá tener ese servicio social de paz, entre los que está la tradicional alfabetización, trabajo con víctimas del conflicto, servicio de cuidado de personas en condición de discapacidad entre otros.
Este miércoles seguirá la plenaria de la Cámara con la votación de los últimos tres artículos, sin embargo la etapa definitiva para este tema se dará con la conciliación que tendrán que hacer las plenarias del Senado y la Cámara, lo cual se espera sea la próxima semana.
