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"La mayor amenaza a la paz es el derrumbe de la seguridad": Sergio Jaramillo

Noviembre 29, 2020 - 11:30 p. m. Por:
Olga Lucía Criollo, editora de Poder
Sergio Jaramillo, excomisionado de paz

Sergio Jaramillo, excomisionado de paz.

Foto: Especial para El País

"La ventana de la paz todavía está abierta y no la podemos dejar cerrar. Los excombatientes están comprometidos y quieren aprovechar esta oportunidad, el Gobierno le está metiendo el hombro a la reincorporación. Lo que falta es protección para que no vayan a caer en la tentación de aceptar una de esas ‘ofertas’ por miedo a que los maten. Le repito: la mayor amenaza a la paz es el derrumbe de la seguridad”.

Así de contundente es el excomisionado de Paz Sergio Jaramillo, en el análisis que hace tras cuatro años de la firma del Acuerdo del Teatro Colón entre el Gobierno y las Farc.
Desde Bélgica, donde sigue muy pendiente de la implementación, le contó a El País cómo un acto de solicitud de perdón de los exjefes de esa guerrilla a los familiares de los diputados del Valle del Cauca sirvió de ejemplo para ETA y los españoles.

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El caso de los diputados del Valle fue tristemente emblemático en la guerra, pero también en la Paz. Al cumplirse cuatro años de la firma del Acuerdo, ¿cómo recuerda ese encuentro entre sus familiares y las Farc en La Habana?

Recuerde que dos años antes ya había estado Ángela Giraldo en La Habana, como parte de la primera delegación de víctimas a la Mesa de Conversaciones. Ni la misma Ángela dimensiona, creo yo, la potencia que tuvo esa irrupción de la voz de las víctimas en las negociaciones. En un ambiente de gran solemnidad, entraron vestidas de blanco y nos arrollaron con los testimonios de su verdad. Yo siempre le tendré toda la gratitud a Ángela por ese acto de coraje, en medio de tanta incomprensión. Además, su posición de apoyo firme y a la vez exigente al proceso de paz me parece admirable.

Es cierto. Pero luego se dio el encuentro con los demás familiares...

Sí. Todos los familiares fueron con monseñor Darío Monsalve a La Habana en septiembre de 2016, cuando ya había terminado la primera negociación. Cuba puso a disposición una casa enorme y silenciosa sobre un lago. Yo los acompañé al inicio de la reunión, por solicitud de las familias, pero los dejé para que en privado les hablaran de frente a Márquez, Catatumbo, Granda, Victoria y Joaquín Gómez. Cuando regresé, unas cinco horas más tarde, se palpaba en el aire la intensidad de la conversación. Era un primer paso.

A esa cita siguió otra en Cali...

Sí, después se hizo el acto de reconocimiento en la Iglesia de San Francisco de Cali. Las víctimas organizaron una ceremonia ecuménica excepcional y Pablo Catatumbo pidió perdón desde el corazón. Es una pena que no haya tenido mayor difusión. Ocurrió luego lo del plebiscito, que opacó todo el ambiente.

Le cuento una anécdota: el presidente del País Vasco, Iñigo Urkullu, se interesó mucho por esa experiencia y me pidió todo el material de la ceremonia para que lo conociera el público allá. Es muy raro que una guerrilla o un grupo terrorista pida perdón. Año y medio más tarde, ETA reconoció por primera vez públicamente el daño y el sufrimiento que causó en España. Hay una línea directa que va de Cali a San Sebastián.

Sin embargo los hijos de los diputados han expresado inconformidad por la lentitud en los procesos de la JEP y porque sienten que los exjefes de Farc no han dicho toda la verdad. Dos percepciones que tienen muchos otros colombianos. ¿Qué opina?

Que es un proceso que va de estación en estación. Tienen razón los familiares en pedir más. Pero la JEP está funcionando cada vez mejor. Los comandantes que estuvieron secuestrando en el Valle y en el Cauca le están contando ahora en detalle a la JEP cómo funcionaba esa industria criminal. Yo espero que el secuestro de la Asamblea se aclare con pelos y señales.

¿Pero está de acuerdo con que las investigaciones van lentas?

Es difícil, pero hay que ser paciente. Fíjese que Justicia y Paz tardó cinco años en sacar las primeras sentencias y ocho en sacar la primera de Mancuso. Ahora, no hay que esperar a la JEP para empezar a poner la verdad sobre la mesa. La Comisión (de la Verdad) también está trabajando en eso y sé que los intercambios en el Valle han sido productivos. Lo fundamental es que la sociedad vallecaucana aproveche el momento y tome la decisión de coger el toro por los cuernos, sacar las cosas y moverse a un nuevo escenario de reconciliación y construcción conjunta de futuro.

Usted dijo en una entrevista con El Tiempo que, aunque es optimista frente al futuro del Acuerdo de Paz, hay “grandes amenazas que nos pueden sacar del camino”. ¿Cuáles son esas amenazas?

Déjeme volver primero sobre la idea del momento. Las oportunidades, como sabemos, llegan y en un parpadeo se van si no las cogemos al vuelo. Nuestra situación es como la de un paciente de cáncer al que luego de una cirugía le regalan una nueva vida. (La guerra con las Farc era eso, una enfermedad.) Pero tiene que ceñirse al régimen: hacerse la quimio, comer bien y todo lo demás. Y nos estamos dejando de hacer la quimio, porque se está derrumbando la seguridad. Esa es la amenaza principal.

De hecho, al final de las negociaciones y durante el primer año del Acuerdo los vallecaucanos pudimos volver a recorrer el Cauca. Hoy, la zona norte de ese departamento, muy cercana a Cali, está convertida en tierra de nadie: narcotráfico, disidencias y otros grupos generan violencia a diario. ¿No sirvió la Paz?

No ha servido el Estado, más bien. En el Gobierno anterior nos confiamos demasiado en los efectos del Acuerdo, cuando estaba claro que las disputas territoriales por la coca y las demás rentas ilegales iban a seguir. Lo sorprendente ahora es que el Gobierno del Centro Democrático haya resultado una catástrofe en el manejo de la seguridad. Parece un barquito de papel, a la deriva de los acontecimientos.

¿Por qué considera que es así?

Porque en el Centro Democrático están más interesados en la ideología y en la política que en dar resultados, y no saben leer la realidad, que hoy es otra. No estamos volviendo a donde estábamos con las Farc, ya nadie en Colombia se piensa tomar el poder por la vía militar, ni siquiera el ELN. Entre otras cosas, esa idea quedó sepultada por el Acuerdo Final ¿Por qué está peleando supuestamente la llamada ‘Segunda Marquetalia’ de Márquez? ¿Por una mejor implementación del Acuerdo? Es ridículo, ni ellos mismos creen en eso.

¿Qué hacer entonces?

Una nueva situación estratégica requiere una nueva política de seguridad, que es precisamente lo que no hay en este Gobierno. El tipo de control territorial que ejerce esa miríada de grupos que ha aparecido, y los que ya estaban, es distinto al del aparato militar que eran las Farc. Son franquicias dedicadas a un negocio. Con aterrorizar a la población con masacres y repartir plata, basta. Lo que no quiere decir que la violencia para la población civil sea menor: en el Cauca hoy es peor que hace cinco años. Pero se necesitan nuevos instrumentos para combatirla, comenzando por una acción mucho más quirúrgica y eficaz de la Justicia. Y recuperar la confianza de la población en la Fuerza Pública, que requiere también luchar contra la corrupción en la propia casa.

Excombatientes asentados en Cali reconocen que hay ‘ofertas’ para que se sumen a las disidencias, pero dicen que se reafirman en su decisión de mantenerse en la legalidad. Para usted, como excomisionado de Paz, ¿qué significa eso?

Que la ventana de la paz todavía está abierta y no la podemos dejar cerrar. Los excombatientes están comprometidos y quieren aprovechar esta oportunidad, el Gobierno le está metiendo el hombro a la reincorporación. Lo que falta es protección para que no vayan a caer en la tentación de aceptar una de esas ‘ofertas’ por miedo a que los maten. Le repito: la mayor amenaza a la paz es el derrumbe de la seguridad.

Usted también destacó la labor que el consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, viene haciendo con los municipios Pdet, pero dice que no tiene casi a nadie atrás, ¿a qué se refiere?

Me parece que Archila está dedicado de cuerpo y alma a sacar adelante los Pdet, que son el corazón de la implementación en los territorios. Eso es muy importante. El problema es que su impacto es muy bajo, porque, de los 16 planes nacionales que acordamos sobre todos los puntos de desarrollo rural y que son la gasolina de los Pdet, como vías, educación rural o comercialización, solo se han adaptado 8, y se implementan muy lenta y desordenadamente.

Si en el norte del Cauca el impacto del Pdet no se siente, al tiempo que la seguridad colapsa ante la desidia gubernamental con asesinatos de líderes y peleas entre bandas, no es raro que la gente se pregunte, como usted ya lo hizo: “¿cuál paz?”.

¿Y cuál sería la solución?

La pregunta que yo hago es: ¿nos vamos a dedicar a las quejas o vamos a resolver para no perder la oportunidad de la Paz? Evidentemente el Gobierno tiene que poner de su parte, comenzando por hacer una revisión radical de su estrategia de seguridad y poner personas competentes al frente. También tiene que meterle recursos en serio a los Pdet. En medio de la crisis del covid, la peor crisis económica y social en cien años, los Pdet deberían ser vistos como instrumentos para crear empleo para esa enorme economía informal que corre el riesgo de terminar en los brazos del crimen cuando no lo está ya, cultivando, raspando o moviendo coca. Para Cali, que está tan expuesta a la presión demográfica del Pacífico, esto sería una calamidad.

Pero yo le digo: no esperen al Gobierno Nacional, hay que movilizar ya los grandes recursos que tienen, desde liderazgo empresarial y de organizaciones sociales, pasando por las universidades hasta organizaciones con larga experiencia en construcción de paz, como Vallenpaz. El Acuerdo de Paz ofrece una moneda de cambio entre autoridades, comunidades y empresarios en sitios como el Cauca, donde difícilmente hay un lenguaje común. Hay que actuar.

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