La lucha por 700 notarías: entre denuncias de corrupción y trampas jurídicas

La batalla por el control de 700 notarías en Colombia entró en su punto más álgido y crítico luego de que el presidente, Gustavo Petro, denunciara un presunto cobro de $1.000 millones por cada cupo y la Procuraduría General de la Nación exigiera suspender el concurso por graves señalamientos de que estaría “amañado” desde la misma Superintendencia de Notariado y Registro.

El complejo entramado, que pone en juego la fe pública del país, escaló con la intervención directa del Jefe de Estado, la advertencia formal del órgano de control sobre posibles vicios irremediables y la respuesta de la Superintendencia, que se declaró sin competencias para frenar el proceso, en medio de un ambiente de incertidumbre que dejó a los aspirantes sin poder inscribirse en la fecha pactada y con un Consejo Superior de la Carrera Notarial (CSCN) sin quórum para sesionar.

El primer gran campanazo lo dio la Procuraduría al solicitarle al superintendente de Notariado y Registro, Roosvelt Rodríguez, que evaluara la posibilidad de suspender la ejecución del contrato con el que se pretende adelantar el concurso de méritos.

En una comunicación con sentido de urgencia fechada el 8 de septiembre, el ente de control sostuvo que no había recibido respuesta a inquietudes planteadas desde el día 3 del mismo mes.

Tras revisar la documentación del proceso en el SECOP II, la Procuraduría planteó varias observaciones críticas. Señaló que los participantes quedan sin posibilidad de ejercer su derecho a la defensa, ya que no proceden recursos contra las decisiones preliminares del operador (la Universidad Libre) ni contra las definitivas del Consejo Superior.

Para el Ministerio Público, esta situación “posiblemente vulnera el derecho al acceso a la administración de justicia”.

Además, advirtió sobre posibles violaciones al debido proceso e incumplimientos al principio de legalidad en las convocatorias a sesiones del CSCN.

Finalmente, la Procuraduría adujo que el cronograma del concurso no tendría fechas oficiales vigentes, pues el Acuerdo 001 de 2024, que las contenía, perdió vigencia con la expedición de un nuevo acuerdo en 2025 que no incluyó sus anexos. Por ello, requirió a la Superintendencia enviar una serie de documentos en un plazo máximo de dos días hábiles para su análisis.

La denuncia del Presidente Gustavo Petro

La controversia alcanzó su punto de ebullición cuando el presidente Petro intervino directamente, a través de sus redes sociales.

“Ojo con el concurso notarial. El procurador solicitó suspender el concurso, extrañamente se aceleró antes de elecciones. Cobran mil millones por cupo y son 700 y preciso, antes de elecciones”, escribió el mandatario.

EL presidente Gustavo Petro fue más allá y aseguró que no le interesa cambiar a los actuales notarios, pero menos “propiciar una inmensa olla de corrupción”.

En otra extensa publicación, apuntó a la rectora de la Universidad Libre, la exmagistrada Elizabeth García, a quien relacionó con el exprocurador Alejandro Ordóñez y criticó por organizar un concurso, “donde mafias están vendiendo cupos para financiar campañas, de la derecha”.

El Jefe de Estado cuestionó directamente la integridad del proceso: “Para que se inscriben en un un concurso mentiroso, donde los que quedaran tienen que pagar mil millones de pesos por cupo y son 700 los cupos. Las altas cortes no pueden permitir una extorsión generalizada a los y las abogadas de Colombia”.

Finalmente, Petro reveló haber dado una instrucción perentoria: “El superintendente delegado de funciones constitucionales del Presidente de la República tiene la orden de suspender el concurso notarial hasta que se aclare por completo y se haga después de elecciones y así se cumplirá la orden de la justicia que respeto”.

Con información de Colprensa*