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Política
Expresidente Álvaro Uribe recusó al fiscal que lo llevó a juicio por compra de testigos, fraude procesal y soborno
El exmandatario asegura que el fiscal tiene intereses en las víctimas.
El expresidente Álvaro Uribe recusó al fiscal que lo llevó a juicio por los delitos de compra de testigos, fraude procesal y soborno, porque asegura que el togado Gilberto Villareal tiene intereses personales con las víctimas, dado que dos de ellas fueron sus jefes en la Fiscalía General de la Nación.
”Existen circunstancias objetivas que ponen gravemente en duda su imparcialidad, en este caso, particularmente por su relación de cercanía y confianza, con los doctores Montealegre y Perdomo, sus antiguos jefes y quienes fungen en este proceso como alegadas víctimas”, señaló un documento de la defensa.
Además del precedente de la acusación, el recurso se conoce justo después de que el fiscal y varias víctimas denunciaran amenazas por publicaciones de Uribe en su cuenta de X y de que perdiera un recurso con el que buscaba cerrar el caso.
Pero también de que fueran reconocidas como víctimas dentro del proceso al senador Iván Cepeda, a Deyanira Gómez y a los ex fiscales Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo.
”Que esas circunstancias objetivas de duda sobre su imparcialidad se hacen más evidentes y se confirman si se tiene en cuenta que un acto suyo en este proceso, esto es la adición al escrito de acusación, permitió a sus antiguos jefes postularse como víctimas en este proceso, lo cual denota en usted interés en esta actuación”, dijo un aparte del documento citado.
Uribe fue llamado a juicio por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal.
Aunque el expresidente aseguró que su juicio es político, el fiscal Gilberto Iván Villareal explicó que las pruebas en su contra son contundentes.
Este es el historial del caso
El proceso comenzó en 2018, con una investigación que la Corte Suprema adelantaba contra el senador Cepeda luego de un debate de control político convocado por el político de izquierda.
El congresista reveló testimonios de ex paramilitares que señalaban a Uribe por supuestos nexos con el paramilitarismo, principalmente en Antioquia.
En medio de esta investigación, los testigos comenzaron a retractarse, pero uno de ellos, Juan Guillermo Monsalve, manifestó por escrito que recibía presiones. La Corte en sus pesquisas descubrió que ese era un patrón que se presentaba en varias declaraciones, así que archivó su indagación contra Cepeda e inició una contra Uribe.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema siguió su curso, llamó a Uribe a indagatoria en 2019 ante el magistrado César Reyes y en agosto de 2020 ordenó detener al exsenador de manera preventiva en su residencia.
El paso siguiente era acusarlo, pero antes de que ocurriera Uribe renunció al Congreso, así que su expediente pasó a la Fiscalía.
Contrario al alto tribunal, la Fiscalía intentó cerrar el caso. La primera solicitud llegó por cuenta del entonces coordinador de fiscales delegados ante la Corte, Gabriel Jaimes, jefe de Villarreal; la segunda, por el fiscal Javier Cárdenas.
Dos juezas distintas negaron la preclusión tanto de Jaimes como de Cárdenas, quien apeló y recibió otra negativa del Tribunal de Bogotá. Con el cambio de fiscal, fue que se decidió llevarlo a juicio.
Con información de Colprensa
