El Valle tiene el mayor índice de "violencia letal" en esta campaña política: MOE

El Valle tiene el mayor índice de "violencia letal" en esta campaña política: MOE

Julio 16, 2019 - 11:40 p.m. Por:
Kelly Sánchez - redactora de El País
Alejandra Barrios, directora de la MOE

Alejandra Barrios, directora de la MOE

Colprensa

“Pese a estar en el marco de un proceso de Paz, donde se están esperando unas elecciones muchísimo más tranquilas, lo que estamos viendo es que nos estamos acercando a un proceso electoral que puede ser más violento que hace cuatro años”.

Así lo cree la directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, Alejandra Barrios, quien confirmó que el Valle del Cauca es el departamento con mayores niveles de violencia letal y constituye una de las principales preocupaciones para la organización.

La directora de la MOE también habló sobre las irregularidades más denunciadas y sobre cómo podría incidir el fenómeno migratorio en los comicios.

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¿Qué es lo que más preocupa para la próximas elecciones?

Estamos haciendo llamados frente al tema de la violencia política, de manera particular en el Valle del Cauca. Este departamento es el que tiene mayores niveles de violencia letal. Tenemos tres amenazas, tres asesinatos y un atentado. Los hechos de violencia ocurren particularmente en el norte del Valle del Cauca.

Hay que tener muchísima atención frente a la influencia que puede tener el narcotráfico en las próximas elecciones, no solamente por la violencia que se genera en términos de competencia política, sino también en lo que tiene que ver con la financiación de las campañas.

¿Cómo se analizan las cifras de este año con respecto a las de 2015?

En el 2015 se presentaron once hechos de violencia, la mayoría de ellos fueron amenazas, los hechos de violencia que tenemos en el Valle del Cauca hasta ahora son siete, pero en términos generales la violencia es mucho más letal.

Los comicios del año pasado fueron bastante tranquilos en lo concerniente al orden público, ¿Los que vienen podrían no serlo?

Comparado con el año pasado sí estamos hablando de un incremento muy alto. Son dos procesos electorales diferentes, cuando estamos hablando de candidatos locales hay una mayor tensión en el proceso electoral, la disputa es muchísimo más fuerte y normalmente en las elecciones locales los temas de violencia afloran mucho más. Sin embargo, pese a estar en el marco de un proceso de Paz, donde se están esperando unas elecciones muchísimo más tranquilas, lo que estamos viendo es que nos acercamos a un proceso electoral que puede ser más violento que hace cuatro años.

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¿Qué otros departamentos preocupan en ese sentido?

Arauca, La Guajira, Cauca y Antioquia.

Usted se mostró en desacuerdo con el decreto que busca prohibir manifestaciones políticas en fechas determinadas para conservar el orden público ¿Por qué?

Hoy todos los alcaldes tienen, a través de la ley, las herramientas suficientes para poder definir cuáles son los requisitos para autorizar manifestaciones políticas, no se necesita más. Si el Gobierno nacional toma la decisión de ser quien define si se pueden hacer o no determinadas manifestaciones políticas, lo que está haciendo es comprar un problema, no una solución.

Nuestra recomendación al Gobierno es que no se equivoque en ese sentido, que no compre un problema, no es necesario, y que más bien mantenga un diálogo fluido con las administraciones locales y con los partidos políticos para guardar la seguridad.

¿Cuáles son las recomendaciones de la MOE con respecto a la violencia política?

Nosotros hicimos una propuesta: consideramos que es necesario que los temas de violencia política se trabajen desde las comisiones de seguimiento municipal y departamental, no es posible hacer una protección y definición de riesgos adecuada desde Bogotá, esto tiene que venir desde las regiones.

La seguridad no solamente consiste en escoltas y carros blindados, vamos a tener alrededor de 115.000 candidatos, no hay forma de dar esquemas de seguridad a todos, pero sí se pueden hacer lecturas de riesgo muy claras, y eso se hace desde la región.

¿Qué tipo de irregularidades han sido las más denunciadas hasta ahora?

Hemos recibido un total de 298 reportes hasta la semana pasada.

El 59 % hace referencia a propaganda extemporánea, aquí hay muchos temas referentes a lo que tiene que ver con el proceso de recolección de firmas para los grupos significativos de ciudadanos, y un 14 % hace referencia a la participación en política de funcionarios públicos.

Una vez terminen las inscripciones de candidatos, el próximo 27 de julio, y tengamos los listados definitivos el 4 de agosto, muy seguramente el tema de participación en política de funcionarios públicos y la compra de votos se van a incrementar.

¿El fenómeno de migración que se ha dado en el país en los últimos años, puede generar irregularidades en el proceso electoral?

Lo que nosotros creemos, especialmente para los colombianos que han retornado o hijos de colombianos que pueden votar en Colombia, es que hay un riesgo en todo el tema de la compra, la promesa de bienes y servicios el Estado a cambio del voto, por eso es muy importante tener registrado lo más fiel posible el número de inmigrantes que tenemos en las diferentes ciudades.

En la ciudades capitales es más difícil el impacto, pero cuando estamos hablando de pequeños municipios, claramente, la promesa de salud o educación o de algunos bienes pueden terminar generando algún impacto en los resultados electorales. Pero en este momento nosotros no lo vemos realmente como un problema sobre el cual tengamos que levantar una alerta temprana.

¿Cómo está el tema de rendición de cuentas?

Nos preocupa muchísimo lo que está pasando con los grupos significativos de ciudadanos. Tenemos 1253 de estos grupos registrados, y de la mayoría no está el reporte de gastos. Esto dificulta el control de la financiación de campañas, que es un problema muy grave.

En el Valle o departamentos como Putumayo y Antioquia, está presente el tema de que a través de los grupos significativos de ciudadanos pudieran presentarse casos de lavado de activos.

Una gran cantidad de recursos que nadie controla y de los que no hay capacidad de trazabilidad. Eso genera que el proceso electoral haya empezado a mover recursos no identificados desde el año pasado.

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