La paradoja del Cauca

Ninguna comunidad en Colombia ha sido tan decisiva y leal al proyecto político del presidente Gustavo Petro, pero también ninguna otra ha quedado tan sumida en el abandono durante su gobierno como las comunidades indígenas, negras y campesinas del departamento del Cauca.

Esa es tal vez la principal conclusión del informe ‘Voces que Resisten 2024-2025’, presentado por la Defensoría del Pueblo, en el que muestra un diagnóstico desolador de cómo se ha recrudecido en este periodo la violencia y el orden público en el Cauca, y por rebote en el sur del Valle.

Son 26 alertas tempranas de la Defensoría en las que advierte los riesgos de abuso y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, de amenazas contra defensores de derechos humanos y asesinatos de líderes sociales sin una respuesta efectiva por parte del Gobierno Nacional.

Ninguna región como el Cauca celebró con tanta esperanza la firma del acuerdo de paz con las Farc, que creyeron que habría de consolidarse con la llegada de Gustavo Petro al poder.

Sin embargo, lo que han visto en tres años de su gobierno es el aumento de los cultivos de uso ilícito, comunidades enteras confinadas por cuenta del conflicto, mayores casos de desaparición forzada y disparada la cifra de masacres por el accionar de grupos armados ilegales.

La fracasada paz total terminó privilegiando de forma indolente los intereses de los grupos armados ilegales, que reconfiguraron su control territorial en el Cauca y su manejo de todas las economías criminales, sobre la tranquilidad y la seguridad de las comunidades revictimizadas.

El Plan Cauca, anunciado en el Plan de Desarrollo de Gustavo Petro como la punta de lanza para el desarrollo integral del departamento y centrado en la transformación económica, la sustitución de cultivos, el cierre de brechas y la consolidación de la paz, se esfumó con la misma velocidad con que se fortalecieron los grupos armados ilegales.

Fue solo hasta el mes de septiembre pasado, en el último año de gobierno y centenares de vidas perdidas después, que el Gobierno Nacional anunció el lanzamiento del Plan Cauca, previo al inicio de una campaña electoral y adornado con algunas promesas nuevas.

Pero la realidad del departamento muestra de manera irrefutable que el incumplimiento del Gobierno, el laboratorio de una paz fallida y el apaciguamiento unilateral de las Fuerzas Militares terminó condenando a miles de familias caucanas al sometimiento de los grupos criminales.

Tres años en los que el Gobierno Nacional ha volteado la mirada hacia otro lado, mientras el Eln, las disidencias y el clan del golfo, entre otros, ejercen control territorial, dictan justicia a su antojo, establecen horarios y normas, e instrumentalizaron comunidades empobrecidas obligadas a cohonestar con la ilegalidad.

No hay duda de que las comunidades indígenas del norte del departamento, muy favorecidas económicamente en este gobierno, son defensoras a ultranza del petrismo, pero en el Cauca no solo habitan indígenas. Son miles de familias más que claman por seguridad y presencia institucional.

Comunidades que se sienten utilizadas porque fueron protagonistas mientras eran útiles en campaña, pero que no fueron nunca una prioridad cuando se convirtieron en gobierno.

No obstante, no vienen pidiendo privilegios, pero sí que cese el miedo y la violencia en un territorio que se consolida como el fortín político de Gustavo Petro, pero también como el fortín territorial de los grupos criminales al servicio del narcotráfico.