En favor de ciclistas y peatones

Ley 2635 de 2026, ley Ni un ciclista más o ley Jonathan Paredes. Esos son los tres nombres con los que se conoce la nueva reglamentación que busca proteger la vida de los actores más frágiles que transitan por las carreteras de Colombia, a través de la implementación de “acciones de prevención, gestión y control, así como medidas punitivas orientadas a incrementar las sanciones aplicables a quienes causen siniestros viales con víctimas ciclistas o peatones”.

De manera específica, en buena hora la legislación expedida por el Congreso de la República el pasado 22 de septiembre dispone que ningún automotor podrá adelantar una bicicleta a menos de 1,50 metros de distancia cuando estén compartiendo una vía. Una norma que parece lógica, en el sentido de que lo esperable es que se tomen las medidas necesarias para salvaguardar la vida de las personas, pero que tuvo que ser acompañada por una fuerte sanción económica porque lo que se puede apreciar en muchas avenidas de ciudades como Cali, pero también en las carreteras del resto del país, es que en las vías sigue imperando la ‘ley del más fuerte’.

De hecho, las cifras más recientes que se conocen indican que en el 2024 un total de 408 ciclistas murieron en accidentes de tránsito a nivel nacional, 15 de ellos en la capital vallecaucana. Por eso, en adelante, quien cause el fallecimiento de un ciclista tras haberlo adelantado a una distancia menor de la permitida legalmente quedará sometido a la suspensión de su licencia de conducción hasta por diez años.

Es una de las maneras con las que los legisladores quieren evitar que sigan creciendo esas estadísticas fatales, puesto que está visto que entre los colombianos todavía hace falta mucha cultura ciudadana y educación vial que permitan entender que la vida debe ser priorizada en cualquier situación. Sí, es cierto que hay ciclistas y peatones imprudentes, y está bien que para ellostambién haya sanciones, pero en circunstancias de riesgo no se puede perder de vista que, en la mayoría de los casos, ellos se encontrarán en mayor peligro que quienes se desplazan en un vehículo automotor.

Ahora bien, la nueva normatividad no se queda en esa sanción económica o en la que obliga al pago de 104,56 Unidades de Valor Básico (UVB), equivalentes a $1.266.222 para este 2026, para quienes sean sorprendidos adelantándolos a menos de la mínima distancia ya mencionada. Esa legislación también incluye el mandato a las autoridades de movilidad transporte a nivel nacional para que dispongan lo necesario para que haya una infraestructura más segura para los ciclistas y los peatones. También, más educación, prevención y sensibilización vial, y medidas de protección especial para mujeres, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.

Pero tan importante como eso es que los alcaldes de los distintos municipios y distritos, como es el caso de Cali, deberán ocuparse igualmente de que en los planes de ordenamiento territorial se incluyan proyectos destinos a optimizar las rutas destinadas al desplazamiento de quienes van en bicicleta, a pie o en vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana, como patinetas.

Y al mismo tiempo deberán estar prestos a sancionar a los conductores de vehículos automotores o de tracción animal que sean sorprendidos trasladándose por los llamados bicicarriles o por las zonas de seguridad y protección de las vías férreas, donde la prioridad la tienen los ciclistas y los peatones.

Así, con el garrote que implican las sanciones económicas y con la zanahoria que significan las campañas de cultura ciudadana, es positivo que el país intente avanzar hacia la construcción de una sociedad que no solamente ponga el valor de la vida por encima de todo sino que encuentre en la autorregulación el mejor camino para hacer de su entorno el buen vividero del que todos queremos disfrutar.