Decisión esperada

La condonación de la deuda vigente de Emcali con la Nación debería ser una noticia positiva para la ciudad. La decisión, que quedó en firme al aprobarse el Plan Nacional de Desarrollo, significará un alivio para la entidad mientras se espera que con ello se liberen recursos para inversión en la capital del Valle. El debate se centra en si la decisión sobre el destino de esos dineros se le deja a la cuestionada administración de Jorge Iván Ospina o se espera la llegada del próximo gobierno.

El pasivo corresponde al crédito japonés adquirido hace 25 años por la Empresa de Servicios Públicos para construir la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Ptar, de Cañaveralejo, que al final no pudo pagar. El empréstito por US$85 millones fue insuficiente para financiar la totalidad de la obra, que terminó costando US$105 millones, Emcali incumplió con la obligación y la Nación asumió la deuda cuando intervino la empresa en el año 2000.

Trece años después, cuando se devolvió al Municipio el manejo de la entidad, se inició el cobro de lo que ya para entonces sumaba el equivalente a un billón de pesos. En esta década se le insistió al Gobierno Central por el perdón de la deuda, intención que al fin se concreta al quedar incluido el Acuerdo 291 en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado en el Congreso de la República. En este tiempo Emcali ha pagado entre intereses y capital cerca de $883.000 millones -que podrían ser reintegrados a la ciudad-, mientras el saldo a condonar suma $761.000 millones.

El dinero que se descargará de los pasivos de la Empresa caleña permitirá disponer de unos recursos financieros importantes en los próximos años. Es de esperar que con ello se atiendan necesidades prioritarias que se reclaman de tiempo atrás como la actualización, reposición y optimización de las redes de servicios públicos, en particular las de acueducto y alcantarillado que están obsoletas o no se modernizaron para atender la demanda de una ciudad que quintuplicó su población en menos de 40 años y creció de manera desorganizada.

En todo caso la exigencia es que esos dineros liberados se manejen con la eficiencia y transparencia que reclaman los ciudadanos. Para ello se deben definir proyectos que sean prioritarios y garantizar que aquellos que se propongan sean viables, porque la ciudad no aguanta más improvisaciones ni malas gestiones que lleven de nuevo a la debacle a Emcali o pongan a los caleños a pagar las consecuencias.

En un gobierno cuestionado como el actual de Jorge Iván Ospina, con investigaciones y denuncias por presuntos actos de corrupción, irregularidades en la contratación pública, favorecimientos indebidos y sobre el que penden tantas sombras, lo prudente sería dejarle a la próxima administración las decisiones que correspondan sobre esos recursos condonados a la Empresa de Servicios Públicos de Cali.

No se puede permitir que la que, sin duda, es una noticia positiva para la ciudad y abre la posibilidad de hacer muchas de las inversiones en servicios que demandan sus habitantes, se convierta en una nueva frustración.