Soldado avisado

Estamos avisados. El presidente Petro le ha declarado la guerra al orden constitucional. La intervención del sistema de salud y la convocatoria hechiza de una constituyente en retaliación al Congreso es parte de un plan para llevar al país a una economía estatizada, de concentración de poder y restricción de libertades. Para lo cual cuenta con plata, no le importa transgredir la ley ni usar a las entidades para intimidar a quien lo contraríe.

El sistema de salud presenta problemas desde hace un tiempo, en parte porque se han ampliado los beneficios, las enfermedades de alta complejidad son costosas, y el valor que se paga por paciente es bajo. El Gobierno, en vez de buscar soluciones con las EPS, las asfixia para tomar por asalto su control con un fin: manejar la plata y la contratación y autorización de los servicios de salud; decidir sobre la vida y muerte de las personas

Confirma lo sabido: a Petro no le importa acabar lo que funciona si le sirve para reforzar sus objetivos; típico comportamiento de quien antepone su vanidad al interés general. Similar pasa con el sector energético, el Metro de Bogotá y las 4G en Antioquia; si no se hace lo que él quiere, prefiere fracasen. No demora en arremeter contra los fondos de pensiones, las empresas de servicios domiciliarios y la educación, de régimen privado.

No es diferente a su propuesta de cambio de constitución, para imponer la autocracia. No apelará -como algunos incautos que salieron a respaldar la idea pensaron- a las vías establecidas en la Carta Política: ingenia un procedimiento por decreto para convocar al “constituyente primario” y tratar de gestar un hecho político de tal magnitud que la Corte Constitucional lo termine avalando como pasó en 1991, o imponerlo a la fuerza.

Podrían citarse otros ejemplos, no hace falta. Es indiscutible lo que el Presidente busca. Preocupa que tiene plata para inundar el país de subsidios y comprar conciencias, que no le importa pasarse la Constitución y la ley por la faja, ni utilizar las entidades que de él dependen para imponer sus designios y atemorizar a quien se oponga; ya lo hace con la Agencia para la Defensa Jurídica y las superintendencias. No demora en usar a la Dian.

¿Ante ese escenario sombrío, qué hacer? Es la pregunta recurrente de muchas personas que sienten angustia e impotencia. Importante recordar, que no se parte de cero, que la ciudadanía y las instituciones no se han quedado quietas; el Congreso ha despertado, igual algunos Partidos, y las Altas Cortes y la Procuraduría hacen un debido contrapeso. Y medios, periodistas, columnistas y activistas sensatos en redes, están en pie de lucha.

Pero debe hacerse más: denunciar ante organismos y medios del exterior el riesgo que enfrenta Colombia, y que los gremios, sus empresas y empleados se pongan de pie, igual los gobernadores y alcaldes a los que les duele el país. Y todos, sin distingo, empezando por el personal de la salud, a la calle el 21 de abril. Por Colombia y su democracia: contra la estatización empobrecedora, la constituyente destructora y el artificio de la Paz Total.

Por último, es determinante que las Fuerzas Militares y de Policía -soldados humillados y con la moral baja y agentes que arriesgan a diario su vida mientras el Presidente los tilda de corruptos- sepan que Colombia está con ellos, y confía en la defensa del orden constitucional. No se trata de ser apocalíptico, pero a Petro hay que tomarlo en serio. No es hora de bajar la guardia sino de redoblar esfuerzos: menos quejidos y más acción. Soldado avisado no muere en guerra, ni permite la destrucción del Estado al que sirve.