Ley de comida chatarra, hecha trizas

El gobierno de Iván Duque será recordado por sus promesas incumplidas. La más reciente tiene que ver con la ‘ley comida chatarra’, que parecía una realidad pero que se quedó en un papel pese a tener estampada la firma del presidente; letra muerta.

En agosto de 2021, Duque sancionó dicha ley, que ordena incluir una etiqueta frontal en los productos ultraprocesados, sobre todo los que tengan un elevado contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas, para que el consumidor conozca lo que está comprando, lo perjudicial que eso pueda resultar para la salud, y tome una decisión de compra basada en el conocimiento y no en los engañosos eslóganes publicitarios.

El paso siguiente era que el Ministerio de Salud reglamentara la ley (tenía un año para indicarle a la industria cómo debía ser ese etiquetado) y sin embargo no cumplió el plazo, como si acaso no hubiera ninguna consecuencia, lo que despierta una sospecha: el gobierno ha priorizado los intereses comerciales de la industria de alimentos ultraprocesados sobre el bienestar de los colombianos.

Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red Papaz, una corporación sin ánimo de lucro que trabaja por la defensa de los derechos de los niños y que viene impulsando la reglamentación de la Ley de Comida Chatarra, asegura que, según los reportes de muertes del Dane, por cada día que no se implementen medidas efectivas para disminuir el consumo de productos dañinos para la salud, en promedio 269 colombianos mueren a causa de enfermedades no transmisibles asociadas al consumo de comestibles con exceso de azúcar, sodio y grasas saturadas.

Por eso no se entiende por qué pese a evidencias irrefutables no se implementó la ley en el plazo estimado. Pareciera que el gobierno Duque en realidad está haciendo todo lo posible para dilatar la implementación de la ley que ellos mismos firmaron y así defender los intereses de los propietarios de la industria de alimentos ultraprocesados, que por cierto son grandes financiadores de campañas políticas.

Ya lo dijo el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, cuando le preguntaron por qué no les imponía impuestos a las bebidas azucaradas como las gaseosas en los días en los que estaba promoviendo una reforma tributaria en plena pandemia de coronavirus, que hasta consideró gravar los servicios funerarios: “El presidente tiene mucho escepticismo sobre la bondad de este impuesto. Yo mismo no estoy seguro de que ese impuesto tenga los efectos sobre las externalidades en la salud de la ciudadanía”.

En Chile, donde el 74% de la población sufre de obesidad o sobrepeso, desde que las bebidas azucaradas pagan impuestos las compras de las mismas se redujeron un 25%.

En Colombia, en cambio, mientras los gobernantes le hacen el quite a la ley que ellos mismos firman, los nutricionistas aseguran que se atraviesa por una epidemia de obesidad. En Cali, el 30% de los estudiantes de los colegios – tres de cada diez — son obesos, según el Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional (Sisvan), de la ciudad. La mayoría son niños de primaria, es decir que tienen entre seis y 12 años.

Entre los 18 y los 64 años, el 53,5% de los caleños tiene exceso de peso – una de cada dos personas – y por eso los infartos figuran entre las principales causas de muerte. El dato se explica por el sedentarismo, pero también por el excesivo consumo de productos ultraprocesados. Entre el 70% y el 80% de los hogares reportó consumir “de forma diaria o semanal” golosinas, dulces, gaseosas, ‘mecato’, según una investigación de la Alianza Bioversity Internacional y el Ciat.

¿Por qué entonces tanto interés del mismísimo Ministro de Salud de dilatar la implementación de una ley que se requiere con urgencia?

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