Nombramientos

Este es un tema que debería dar lugar a alguna reflexión seria por tratarse de asuntos de gran importancia y que en las últimas semanas han estado en la mesa de discusión.

El primero de ellos tiene que ver con el de las renuncias, que cuando se acerca un nuevo gobierno, ciertos altos funcionarios están en la obligación de presentar por razones protocolarias y para facilitar la tarea de la administración entrante.

Lo que ocurrió con el caso de cinco embajadores que el nuevo gobierno tuvo que destituir es algo, realmente, no sólo innecesario, sino que no debió tener lugar. Me explico. En mis recuerdos, la Cancillería, tres meses antes de la inauguración de un nuevo Presidente, les recuerda por medio de una circular a los embajadores que deben presentar su renuncia, protocolaria o definitiva, para que el gobierno disponga de esos cargos que son de representación, no sólo del Gobierno, sino del propio presidente. Y es su tarea obtenerlas.

Sorprendió que al parecer eso no ocurrió en esta ocasión, o que la Cancillería no hizo bien la tarea, y por eso se supo de algunas renuncias que aparecieron por una decisión individual y no colectiva y, al final, pues el nuevo gobierno se vio enfrentado a una situación muy incómoda, como es la de tomar la decisión de destituir cinco embajadores. Algo desagradable para todos.

El gobierno de Petro fue abiertamente sectario en esta materia y abusó del poder notoriamente al hacer designaciones los últimos días de su mandato, en cargos en los cuales, si ello fuera indispensable, era de rigor consultar con el nuevo gobierno. Eso es lo que aconsejan las buenas maneras en los cambios de gobierno en países con un servicio civil, es decir, con una burocracia profesional escogida sobre la base del concurso y el mérito, la casi totalidad de los funcionarios, igual prestan su servicio a un gobierno laborista o a uno conservador en el Reino Unido, por ejemplo. Ello garantiza seriedad, rigor y, en muchos casos, la continuidad de políticas de Estado que son muy necesarias.

Creo que la vieja época del sectarismo partidista en Colombia quedó superada con el Frente Nacional y con las prácticas que caracterizaron el comportamiento de los gobiernos que siguieron. Aún en el caso del esquema gobierno-oposición que se implantó durante el gobierno del presidente Virgilio Barco, varias instituciones continuaron siendo regidas por conservadores, no obstante la orden que ese partido dio para que todos se retiraran del gobierno y, sobra decirlo, el gobierno de Barco no tenía ningún interés de naturaleza partidista para prescindir de esas personalidades, entre las que recuerdo, por ejemplo, a Pedro Javier, Soto o a Mariano Ospina. Y, por ejemplo, en el servicio diplomático, se consideró que era muy aconsejable continuar con la tradición de participación de ambos partidos políticos, hoy diría de todas las fuerzas políticas existentes, como una expresión del consenso que debe existir en torno de la política internacional, y así en otros casos.

De manera que está bien que un gobierno en algunos institutos o agencias, por supuesto en su gabinete, busque mantener una línea de la orientación gubernamental, pero no se aprecia que ocurra así en otras agencias. Es que no solamente se gobierna para todos, sino también, con todos. Precisamente uno de los factores muy positivos de la elección popular de alcaldes y gobernadores, es precisamente la de que fuerzas políticas que no han logrado el control del gobierno central puedan participar en alguna forma en el gobierno de la nación. Es lo más civilizado. Es lo que contribuye a la convivencia y a la paz pública. La exclusión en la vida política no lleva a buenos resultados.

Sé que eso es difícil de entender y como Ministro de Gobierno del presidente Barco fracasé en tratar de implementar una forma de gobierno con esas características. Recibimos con mucha complacencia que el alcalde elegido de Bogotá en 1988 fuera Andrés Pastrana Arango. Es que esa es la esencia de un gobierno democrático y con frecuencia así no se entiende.