No se equivoquen

El responsable de la tragedia del Palacio de Justicia es el M-19. Preocupa que, cuarenta años después, aun haya quienes midan con un mismo rasero el acto terrorista con la reacción del Estado y, lo que es peor, que excusen o soslayen el actuar de esa guerrilla. Otros, con frialdad y cinismo, califican de genialidad la iniciativa criminal, al tiempo en que niegan y ocultan verdades de a puño como el objetivo real de la toma sangrienta.

Hay hechos incontrovertibles: el asalto armado el 6 de noviembre de 1985 por parte de un comando del M-19 con la careta de un juicio político en el propio Palacio de Justicia al expresidente Betancur, la operación militar y policial para recuperar el control del edificio, y la muerte en distintas circunstancias de 101 de los 350 civiles secuestrados, entre ellos 11 magistrados que decidían la viabilidad de la extradición a Estados Unidos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Estado condenaron al Estado. El general Arias Cabrales y el coronel Plazas Vega, entonces comandantes de la XIII Brigada del Ejército y de la Escuela de Caballería, fueron condenados a 35 y 30 años de prisión y, un coronel, un mayor y cuatro capitanes sentenciados a 40 años de cárcel. El general (r) Plazas Vega fue absuelto años después por la Corte Suprema de Justicia.

Mientras tanto, los del M-19, amnistiados. Los que planearon, conocían y llevaron a cabo el acto terrorista. Ellos o sus hijos serían presidentes, comisionados de paz, alcaldes y congresistas. Ahí están, Gustavo Petro, detenido días antes, y María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro, entre otros, ondeando feliz e impunemente la bandera del M-19, en tanto quienes defendían la democracia con aciertos y sin duda errores, se pudren en la cárcel.

Para completar, quien usurpa el poder presidencial excusa al M-19 y califica de genio al exguerrillero Luis Otero por idearse la incursión terrorista y, contra toda evidencia, niega que Andrés Almarales, otro de los facinerosos, hubiese asesinado a sangre fría al exmagistrado Manuel Gaona, el ponente de la sentencia a discutir ese día. Y ninguno de los exguerrilleros ha tenido el valor de reconocer que eran pagados por Pablo Escobar.

En la recuperación de Palacio de Justicia hubo improvisación, uso indiscriminado de la fuerza y muerte de civiles inocentes en medio del fuego cruzado. Pero, de ahí a insinuar que las Fuerzas Armadas estaban a la espera del asalto, no. Como tampoco culpar a Betancur por no haber atendido la llamada y el llamado de alto el fuego del presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, quien seguramente tenía un fusil apuntándole a la cabeza.

No era fácil. Y no lo es para los familiares de quienes murieron en esos días aciagos; es entendible que cuestionen la reacción de la fuerza pública, llamada a proteger la vida. Pero, especular sobre cuál hubiese sido el desenlace de no haber estos irrumpido como lo hicieron en el edificio, haberse aceptado el show del enjuiciamiento político o sentado a negociar lo innegociable, carece de todo sentido. Igual, incriminar a la par al Estado.

El responsable de la masacre en el Palacio de Justicia es el M-19, el verdadero partido político del presidente y la izquierda criminal que lo acompaña y que pretenden lavarle la cara a ese grupo terrorista en vísperas de un año electoral. No se trata de excusar a la Fuerza Pública por sus desmanes, pero sí, de diferenciar. Más, cuando los unos están amnistiados y disfrutando de las mieles del poder y otros en la cárcel o estigmatizados de por vida. Injusticia que debe ser corregida so pena de ahondar aún más la herida.