La descabezada y el botín
El Presidente entonces y de manera poco común con funcionarios de este rango, el 7 de marzo la declaró insubsistente. Demasiado tarde.
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9 de mar de 2023, 11:50 p. m.
Actualizado el 18 de may de 2023, 03:05 a. m.
El último repugnante episodio lo protagonizó María Isabel Urrutia con su aparatosa salida del Ministerio del Deporte. Una deportista, campeona mundial, quien para lograr su medalla olímpica requirió dedicación, disciplina, esfuerzo y fair play. Es decir, juego limpio; respeto a las reglas establecidas. Saber ganar y saber perder. Sin trampas, sin triquiñuelas. De allí la importancia formativa del deporte con sus lecciones para la convivencia social que Urrutia borró con el codo y de manera descarada.
Aunque la manera como Petro anunció su salida del gobierno junto con la de los ministros de Educación, Alejandro Gaviria, y Cultura, Patricia Ariza -una echada pública en vivo y en directo-, es repudiable, lo de Urrutia terminó muy mal. En un mes dejó firmados 260 contratos, comprometiendo un verdadero botín presupuestal de $21 mil millones. Ya notificada de que había sido retirada del cargo y con reemplazo nombrado, siguió firmando y en un tiempo récord, en tres días adjudicó, con una voracidad inusitada, y terminó de finiquitar 25 contratos con los que comprometió de un plumazo más de $16 mil millones.
Su movida para asegurar la contratación fue tan inesperada, que tomó a todo el mundo por sorpresa y la ganó de mano. El martes 28 de febrero en la primera alocución presidencial del año, fue su descabezada al aire. Urrutia, aunque estrella del deporte, no encajó el golpe. Poco había aprendido. Su adhesión al candidato del Pacto Histórico en la recta final de la campaña le dio un nuevo aire tras su derrota en el intento de llegar a la Alcaldía de Cali y un paso sin pena ni gloria por la Cámara de Representantes a la que llegó, muy recién coronada en Sidney, por la curul afro. Ingredientes que a la postre la habilitaron positivamente para ser incluida en el primer gabinete del gobierno del cambio, que terminó pateando.
Molesta con la decisión presidencial, Urrutia advirtió pronto que no renunciaría al cargo. Finalmente aceptó dimitir, pero con maniobra incluida, con la cual se veía que algo estaba cocinando. Presentó una carta con fecha a futuro con la cual aseguraba su permanencia unos días en su cargo, aunque la advertencia había sido perentoria: 1 de marzo. Hizo caso omiso, mientras el tinglado de la millonaria contratación seguía su curso internamente. Necesitaba estirar el tiempo. El Presidente entonces y de manera poco común con funcionarios de este rango, el 7 de marzo la declaró insubsistente. Demasiado tarde. Había pasado una semana en la que Urrutia fraguó su plan. En las narices de todos.
Dejó vinculados funcionarios hasta diciembre del 2023 y comprometió, en un abrir y cerrar de ojos $16 mil millones en 72 horas. Lo sucedido es la clara muestra de lo fácil que resulta para cualquier gobernante, sin escrúpulos ni barreras éticas, feriarse los recursos públicos. Lo mismo debe estar sucediendo en este momento en otros ministerios y de manera alarmante en alcaldías y gobernaciones.
La burla esta vez fue al propio Presidente. La historia se repite como disco rayado: los organismos de control reaccionan, fiscales de la unidad anticorrupción inician la investigación, el secretario de transparencia prende alarmas y finalmente nada pasa. Corrupción rampante empieza a dejar ver las orejas en el gobierno del cambio y un Presidente que este tema: guarda silencio.

Profesional en Filosofía y letras en la U de los Andes. Periodista durante 25 años. Ha sido directora de noticias del Noticiero Nacional, Canal RCN y de las revista Cambio, Cromos y El Espectador. Ha ganado tres Premios de periodismo Simón Bolívar y el Premio Alfonso Bonilla Aragon. Escribe para El País desde el año 2005 con la cual ganó en el año 2008 el Premio Rodrigo Lloreda Caicedo a la mejor columna.
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